(CNN) – Maine sumió las elecciones de 2024 en un caos aún mayor y en una confusión constitucional el jueves al convertirse en el segundo estado que elimina a Donald Trump de la boleta por los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.
La medida de la secretaria de Estado de Maine —tras una decisión similar de la Corte Suprema de Colorado— agravó una crisis creciente para la campaña de Trump y reforzó los argumentos para que la Corte Suprema de EE.UU. se ocupe de la cuestión, derivada de la “prohibición de insurrección” de la 14ª Enmienda. Ha exacerbado los estragos que ya rodean a las elecciones y podría cimentar divisiones nacionales cada vez más grandes.
La creciente incertidumbre necesita urgentemente una solución, en momentos en que Iowa está a punto de iniciar la votación para la candidatura republicana el 15 de enero y se avecinan otras fechas clave. La secretaria de Estado de Maine, la demócrata Shenna Bellows, dejó en suspenso su decisión a la espera de una posible apelación en un tribunal estatal, que el equipo de Trump dijo que tiene intención de presentar.
La decisión se produjo el mismo día en que la rival de Trump en Nuevo Hampshire, Nikki Haley, trató de evitar que su metedura de pata sobre la cuestión de la esclavitud la hiciera perder impulso en la carrera.
La idea de que un precandidato presidencial no pueda afirmar sin rodeos en 2023 que la esclavitud de seres humanos es lo que desgarró al país hace más de 160 años es de por sí sorprendente.
Pero el drama que rodea a la exgobernadora de Carolina del Sur a menos de tres semanas del inicio de las votaciones también está teniendo el efecto de aliviar el escrutinio sobre Trump, que ha provocado muchos más escándalos y atropellos durante su gravitante carrera política, muchos de los cuales están relacionados con el negacionismo de las elecciones de 2020 que está detrás de su exposición legal.
La decisión de Maine no ha hecho sino agravar la maraña jurídica y política sin precedentes que rodea a la campaña de 2024, todo ello derivado de la negativa de Trump a aceptar la derrota y su desafío histórico al legendario traspaso de poderes de Estados Unidos. Al fin y al cabo, dos estados han declarado que un expresidente ha participado en una insurrección contra el Gobierno estadounidense, algo inaudito en cualquier otro momento de la historia.
La controversia, sin embargo, también plantea nuevas preguntas sobre si los esfuerzos para hacer pagar a Trump por el 6 de enero están justificados por el hecho de proteger la democracia de Estados Unidos de un desafío singularmente pernicioso o podrían terminar siendo negativos desde el punto de vista político para el presidente Joe Biden y los demócratas el próximo otoño. Los múltiples cargos penales a los que se enfrenta Trump han tendido a aumentar su popularidad entre los votantes de base, incluso si su salvaje conducta antidemocrática en 2020 podría ser un importante lastre en las elecciones generales.
“La democracia es sagrada”
Bellows escribió en su decisión que las circunstancias eran tan extravagantes que la Constitución no le dejaba otra opción que descalificar al precandidato republicano.
“No llego a esta conclusión a la ligera”, dijo Bellows. “La democracia es sagrada (…). Soy consciente de que ningún secretario de Estado ha privado nunca a un candidato presidencial del acceso a las urnas basándose en la Sección Tercera de la Decimocuarta Enmienda. También soy consciente, sin embargo, de que ningún candidato presidencial ha protagonizado antes una insurrección”, agregó.
El equipo de Trump arremetió en respuesta: el expresidente exigió que el país proteja el privilegio fundacional estadounidense que él trató de destruir hace tres años, es decir el derecho de los votantes a elegir a su presidente.
“Estamos presenciando, en tiempo real, el intento de robo de unas elecciones y la privación del derecho al voto de los votantes estadounidenses”, dijo la campaña de Trump en un comunicado. “Los demócratas de los estados azules están suspendiendo de forma imprudente y anticonstitucional los derechos civiles de los votantes estadounidenses al intentar eliminar sumariamente el nombre del presidente Trump de la papeleta electoral”.
La afirmación es irónica, dado que Trump sigue negando el resultado de las elecciones de 2020, a las que siguió su intento de privar de derechos a los votantes, incluso en estados indecisos clave que votaron por Biden. Las falsas afirmaciones de Trump sobre fraude electoral fueron desestimadas por múltiples tribunales y denigradas por su administración. Pero eso no le ha impedido ponerlas en el centro de su campaña para 2024, que se ha convertido en un vehículo para acusar a Biden de la misma transgresión que Trump perpetró: la interferencia electoral.
La dramática noticia de Maine también surgió horas después de que un informe exclusivo de CNN revelara nuevos detalles sobre el alcance de la intromisión electoral del expresidente a principios de 2021. Grabaciones mostraron que el asesor de Trump Kenneth Chesebro dijo que el grupo de Trump se “asustó” de que las papeletas falsas de los electores estuvieran atascadas en el correo días antes de que el Congreso certificara el resultado de las elecciones. Rápidamente se hicieron arreglos para hacerlas llegar a Washington el 5 de enero con el fin de reforzar un plan para declarar a Trump presidente legítimo en el que el entonces vicepresidente Mike Pence se negó a participar.
Las nuevas pruebas socavaron aún más la última y cada vez más descabellada defensa legal de Trump: que sus frenéticos esfuerzos por permanecer en la Casa Blanca representaban de hecho un uso adecuado del poder presidencial para proteger a los votantes tras unas elecciones fraudulentas.
Haley lucha por estabilizar su campaña
Las reverberaciones cada vez más amplias del comportamiento de Trump en 2020 avanzaron el jueves junto a otra extraordinaria polémica: el hecho de que Haley no nombrara la esclavitud como causa de la Guerra Civil estadounidense.
El paso en falso de Haley —y sus esfuerzos un tanto torpes por enmendarlo— revivió críticas poco halagüeñas que la han perseguido durante su carrera, incluida la impresión de que en cuestiones como la raza y la Guerra Civil, a menudo ha negado verdades históricas para su propio beneficio político.
La controversia es también un recordatorio del escrutinio de una campaña presidencial, ya que se produjo en su primer acto de vuelta a la campaña tras las vacaciones de Navidad y está permitiendo a sus rivales argumentar que no está preparada para el mayor escenario político. Aunque sus comentarios pueden no ser un gran problema en las primarias de un estado profundamente republicano, podrían complicar su esfuerzo por ganarse a los votantes independientes que pueden unirse a las primarias del Partido Republicano en Nuevo Hampshire y que ella necesita para ayudarla a recortar la ventaja de Trump en las encuestas. El estado tiene un orgulloso historial por los regimientos que mandó a luchar contra la Confederación en la Guerra Civil.
Los rivales de Haley intentaron sacar provecho del momento. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, que a principios de este año se vio envuelto en una polémica sobre las enseñanzas vinculadas a la esclavitud en las escuelas de su estado, declaró que “no es una candidata que esté preparada para el prime-time”.
“En el momento en que se enfrenta a cualquier tipo de escrutinio, tiende a ceder”, dijo.
Y el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie aprovechó sus problemas para reforzar su negativa a retirarse de la carrera. “Se lo voy a poner fácil. Si alguien me preguntara cuál fue la causa de la Guerra Civil… Es fácil, es la esclavitud”, dijo Christie en Nuevo Hampshire el jueves. “He sido muy justo con Nikki, pero déjenme decir esto, ella es inteligente”, añadió. “No dijo lo que dijo anoche y hoy sobre esto porque sea tonta. No lo es. Es lista y sabe las cosas”.
Lo que tienen en común la maraña legal de Trump y los problemas de Haley
Los problemas de Haley y la maraña legal de Trump cuentan una historia sobre el Partido Republicano moderno.
La negativa de Haley a hablar abiertamente de las obvias implicaciones históricas de la esclavitud parecía un intento de apaciguar a los votantes conservadores de línea dura en un partido que ha marchado muy a la derecha en los últimos años. Haley se ha mostrado igualmente reticente a enfrentarse abiertamente a Trump por su intento de anular la democracia estadounidense en 2020, aparentemente para evitar alienar a los votantes que se han tragado las falsedades del expresidente sobre las elecciones.
Mientras la incomodidad de Haley está lejos de terminar, la sombra legal de Trump también se oscurece aunque su campaña está dando pasos para desafiar sus inhabilitaciones electorales.
El Partido Republicano de Colorado ya ha impugnado la decisión de la Corte Suprema del estado de impedirle votar por la 14ª Enmienda.
En Maine, la campaña de Trump dijo que presentaría rápidamente una demanda ante un tribunal estatal para impedir que la “atroz” decisión entrara en vigor.
Pero Bellows argumentó que tenía autoridad para descalificar a Trump por su conducta.
“El juramento que hice de defender la Constitución está por encima de todo, y mi deber bajo las leyes electorales de Maine (…) es asegurar que los candidatos que aparecen en la papeleta de las primarias están cualificados para el cargo al que aspiran”, dijo. Bellows escribió que los impugnadores presentaron pruebas convincentes de que la insurrección del 6 de enero “se produjo a instancias de” Trump, y que la Constitución de EE.UU. “no tolera un asalto a los cimientos de nuestro gobierno”.
Antes de Colorado, otros estados como Michigan y Minnesota rechazaron iniciativas similares. Y el secretario de Estado de California publicó el jueves por la noche una lista certificada de candidatos que incluía al expresidente. El hecho de que diferentes estados tengan ahora una visión divergente de la Constitución y de la elegibilidad de Trump para presentarse de nuevo significa que es posible que se requiera la intervención de la Corte Suprema, incluso si sumergirse en este tsunami político podría exponer aún más a tensiones a una institución que ha sido maltratada políticamente en los últimos años.
Los jueces tendrán ante sí dos cuestiones clave. En primer lugar, si la prohibición constitucional de que los insurrectos ocupen cargos se aplica también al presidente. En segundo lugar, el máximo tribunal se verá presionado para decidir si un solo estado puede decidir que un candidato ha participado en una insurrección sin ofrecerle el debido proceso.
Nota del editor: este artículo ha sido actualizado con información adicional.