(CNN Español) – El Gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó la decisión, dada a conocer este miércoles, de enviar a Estados Unidos un avión de la estatal venezolana Emtrasur, retenido en Argentina desde junio de 2022, tomada por un juzgado federal del país sudamericano, de acuerdo con un comunicado de la Cancillería difundido el miércoles.
El Gobierno de Venezuela afirmó que con la medida -que responde a una petición de un tribunal del distrito de Columbia- el Estado argentino “se somete a los poderes del imperialismo estadounidense” y advierte que, a su juicio, “viola varios convenios internacionales y acuerdos bilaterales”. Venezuela considera que ha demostrado “ante todas las instancias jurídicas y políticas internacionales” la posesión legal y legítima de dicho avión.
Sin dar detalles, el Gobierno de Venezuela dice que llevará a cabo todas las acciones jurídicas, diplomáticas y políticas para salvaguardar sus derechos.
CNN se comunicó con Maximiliano Rusconi, del bufete de abogados que representa al gobierno venezolano en la causa, quien dijo que apelarán la decisión y que confían en los superiores de ese magistrado.
A juicio de Rusconi “la resolución es insostenible fáctica y jurídicamente” y considera que el avión fue retenido por “sospechas infundadas de delitos que hoy se han descartado”.
Según Rusconi, el convenio bilateral entre Argentina y Estados Unidos, invocado por la Justicia del país sudamericano como base de su decisión, “es ostensiblemente inaplicable”.
Una fuente del juzgado argentino le confirmó a CNN el decomiso del avión, pero no pudo asegurar que se haya apelado la medida.
La Asociación de magistrados de Argentina y funcionarios de la Justicia Nacional de Argentina repudió el comunicado del gobierno venezolano, por considerar que buscan “horadar” la labor de los magistrados del Poder Judicial y de los Ministerios públicos que afirman actúan “-por imperio legal- en el marco de su competencia funcional”.
Emtrasur se pronunció mediante un comunicado en el cual condena la decisión y asegura que la retención del avión, según afirman, sin pruebas y por aproximadamente 18 meses, viola los derechos humanos, el debido proceso y regulaciones internacionales.
En el texto aseguran que la decisión previa de liberar a la tripulación y la aeronave ordenada por el juzgado demuestra “que no existieron elementos de convicción lo suficientemente válidos para determinar la comisión de un hecho ilícito relacionado con espionaje y acciones terroristas por parte de Emtrasur”.
Asimismo, advierten que se reservan el derecho de ejercer acciones judiciales por daños al patrimonio de la empresa, violación a los derechos humanos, y del convenio sobre Aviación Civil internacional.
El caso judicial sobre el avión está dividido en dos expedientes, ambos a cargo del juez en lo criminal y correccional federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. En la causa original se investigaba a la tripulación para determinar sus posibles vínculos con actividades terroristas en el país y el destino del viaje realizado por Emtrasur a Argentina. Posteriormente, la tripulación fue liberada.
Adicionalmente existe otro proceso en desarrollo por la solicitud de la justicia estadounidense, por el cual la aeronave quedó retenida en Argentina a disposición de ambos países mientras se determinaba si el trámite de transferencia de la aeronave a Emtrasur violó las leyes de exportación de Estados Unidos. La unidad fue objeto de una inspección de rutina por parte del FBI bajo la supervisión de la Policía Federal Argentina.
En octubre de 2022, un fiscal del Distrito de Columbia había solicitado ante la corte la extinción de dominio del Boeing 747-300. Emtrasur compró la aeronave a la empresa iraní Mahan Air y de acuerdo con la ley estadounidense las compras y ventas de bienes fabricados con tecnología de su país, como es el caso de Boeing, deben ser notificadas.
El Boeing 747-300 fue retenido en Argentina en junio de 2022 por pedido de la Justicia estadounidense, que alegaba que su proceso de venta había sido ilegal.