(CNN) – La Corte Suprema de EE.UU. se enfrenta ahora a un caso electoral de un peso sin precedentes que determinará las perspectivas de Donald Trump de recuperar la Casa Blanca e influirá en la consideración pública de un tribunal cada vez más asediado.
La nueva polémica de Colorado llega en momentos en que los nueve magistrados se enfrentan a un mayor escrutinio y el país está más polarizado que en el año 2000, la última vez que el tribunal estuvo en el centro de una batalla electoral presidencial, en el caso de Bush contra Gore.
El manejo por parte de los jueces de la lucha por la descalificación de Trump de la papeleta electoral de Colorado podría intensificar el tumulto que les rodea o, al final, darles la oportunidad de inspirar confianza respecto a las normas de la democracia a medida que se acercan las elecciones de 2024.
Los jueces se reunieron a primera hora del viernes en una pequeña sala de conferencias junto al despacho del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, para debatir los casos pendientes, entre ellos todos los relacionados con la controversia sobre la papeleta electoral y Trump. Esta fue la primera oportunidad en persona que tuvieron los nueve magistrados para discutir la petición.
Más tarde el viernes, los magistrados anunciaron que abordarían la cuestión más esperada que tenían ante sí: si el expresidente debe ser inhabilitado para ocupar cargos en el futuro por su papel en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de EE.UU. El tribunal fijó un calendario rápido de sesiones informativas, en el que los alegatos orales quedaron fijados para el 8 de febrero. Todas las partes han hecho hincapié en la urgencia de la situación.
La presentación legal de Trump de esta semana estuvo salpicada del descaro característico y la negación continua de los últimos resultados de las elecciones presidenciales que llevaron a Joe Biden en la Casa Blanca. Los abogados de Trump dijeron a la Corte Suprema: “En 2020, el presidente Trump recibió más de 74 millones de votos a nivel nacional, y más de 1,3 millones de votos solo en Colorado, para ser reelegido como presidente de Estados Unidos”.
Trump también se refirió a las protestas en Portland, Oregon, en 2020, desencadenadas por la muerte de George Floyd y las preocupaciones públicas sobre la justicia racial, para solventar su afirmación de que el 6 de enero no fue una “insurrección”.
“Estados Unidos tiene una larga historia de protestas políticas que se han vuelto violentas. En el verano de 2020, manifestantes violentos atacaron el tribunal federal de Portland, Oregon, durante más de 50 días, agredieron repetidamente a funcionarios federales e incendiaron el tribunal, todo ello en apoyo de una supuesta agenda política opuesta a la autoridad de Estados Unidos. En el contexto de las violentas protestas políticas estadounidenses, el 6 de enero no fue una insurrección y, por tanto, no se justifica invocar la sección 3” de la 14ª Enmienda, alega la presentación.
La decisión de la Corte Suprema de Colorado que Trump está apelando dice que esa sección, adoptada después de la Guerra Civil y dirigida a funcionarios confederados, lo descalifica de las votaciones estatales. Los votantes del estado que impugnan a Trump contraatacaron inmediatamente sus argumentos, afirmando en una presentación el jueves por la noche que “este ataque fue una ‘insurrección’ contra la Constitución bajo cualquier estándar”.
Jueces de tribunales inferiores han considerado que Trump incitó a la violencia cuando imploró a sus aliados el 6 de enero que “lucharan como el infierno” para “recuperar nuestro país”.
Los abogados de Trump no ofrecieron un calendario específico, pero subrayaron la urgencia de la cuestión al escribir que la decisión de la Corte Suprema de Colorado que lo descalificaba “privaría inconstitucionalmente del derecho de voto a millones de votantes en Colorado y probablemente se utilizaría como modelo para privar del derecho de voto a decenas de millones de votantes en todo el país”.
Por ejemplo, la secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, determinó en diciembre que Trump no debía figurar en la papeleta electoral. Trump ha recurrido su decisión ante los tribunales del estado de Maine, y podría llegar igualmente a la Corte Suprema estadounidense. También se presentaron impugnaciones contra Trump el jueves en Illinois y Massachusetts.
A qué se enfrenta la Corte Suprema
La talla de la Corte Suprema ha disminuido en los últimos años, a medida que los jueces han ido revocando precedentes de décadas, sobre todo el caso Roe contra Wade de 1973 que otorgó a las mujeres el derecho constitucional a interrumpir un embarazo e hizo legal el aborto en todo el país.
Mientras tanto, investigaciones periodísticas sobre la conducta de los jueces fuera del estrado han generado más controversia, sobre todo en relación con los lujosos viajes y otros regalos que el juez Clarence Thomas ha aceptado a lo largo de los años de benefactores conservadores.
Y para el período de sesiones 2023-24, incluso antes de que los litigios relacionados con Trump aterrizaran en sus estrados, los jueces han asumido un calendario desafiante, con nuevos casos que ponen a prueba los derechos de armas de la Segunda Enmienda, el poder regulador del gobierno sobre las actividades de los consumidores y el medio ambiente, y la autoridad de la Administración de Alimentos y Medicamentos sobre la píldora abortiva mifepristona.
Este año electoral ha aumentado lo que está en juego.
La magnitud de la controversia sobre la presencia de Trump en la papeleta supera cualquier asunto de 2020 y no puede evitar recordar el año 2000, cuando los jueces decidieron una batalla legal sobre los decisivos electores de Florida. Por una votación de 5-4, los jueces interrumpieron los recuentos y dieron la presidencia al entonces gobernador George W. Bush frente al entonces vicepresidente Al Gore.
En el 2000, la Corte Supema declaró que su decisión, según la cual las normas de Florida para evaluar las papeletas impugnadas variaban inconstitucionalmente de un condado a otro, se limitaba esencialmente a ese único caso.
El caso actual podría tener muchas más consecuencias para futuros candidatos presidenciales o para cualquiera que en su día ocupara un cargo y pudiera ser acusado de insurrección. La sección en disputa dice que no podrá ocupar cargo alguno quien, “habiendo prestado previamente juramento (…) de apoyar la Constitución de Estados Unidos, haya participado en insurrección o rebelión contra la misma, o prestado ayuda o consuelo a sus enemigos”.
Entre las principales cuestiones jurídicas se encuentran si el Congreso debe aprobar primero una ley que permita a un Estado aplicar la disposición y si un presidente entra en la lista de funcionarios sujetos a su disposición de inhabilitación. Sobre este último punto, un juez de primera instancia de Colorado dictaminó que la disposición de inhabilitación no abarcaba a la presidencia y, por tanto, a Trump. (La Corte Suprema de Colorado revocó la determinación del juez de primera instancia).
Los jueces también tendrían que determinar si una impugnación de las cualificaciones de un candidato presidencial implican una “cuestión política” que esté más allá del dominio del poder judicial. Dependiendo de cuánto escarben en lo que realmente sucedió el 6 de enero, podrían considerar si las acciones de Trump incitaron específicamente al ataque contra el Capitolio para cumplir con la definición de participar en una “insurrección”.
Otras cuestiones pendientes podrían abarcar, como ha preguntado el Comité Republicano de Colorado, si el derecho de asociación de la Primera Enmienda garantiza la capacidad de un partido político de elegir a sus candidatos para unas primarias presidenciales.
La petición de Trump apunta por separado a otra posible cuestión constitucional, argumentando que la Corte Suprema de Colorado violó la cláusula de electores de la Constitución al usurpar la autoridad legislativa.
Es probable que, en un primer momento, los jueces acoten el foco de su investigación a un conjunto específico de cuestiones jurídicas, lo que podría ofrecer la primera señal de la amplitud con la que podrían pronunciarse.
Y sea cual sea su resolución, la Corte Suprema, sometida a un creciente escrutinio público, está llamada a desempeñar un papel protagonista en el drama de las elecciones de 2024, no solo ahora, sino en los muchos meses venideros, a medida que surjan inevitablemente más litigios de tribunales inferiores.
A finales de diciembre, los jueces aplazaron su intervención en otro litigio de Trump, derivado de su afirmación de que es inmune a la persecución penal por subversión electoral en torno a la contienda presidencial de 2020.
Es probable que ese caso regrese a los jueces, ya que ellos serían los que decidirían en última instancia si un expresidente está protegido de un proceso penal, como ha argumentado Trump.
Al igual que la controversia sobre la insurrección en virtud de la 14ª Enmienda, la cuestión de la inmunidad nunca se ha resuelto. La última palabra sobre ambas la tendrá la mayoría del alto tribunal. En una presentación final para esta primera ronda de los casos que ahora están ante los jueces, los votantes de Colorado que impugnan la candidatura de Trump instaron el jueves al tribunal a actuar con rapidez y evitar cualquier norma “que dé un pase libre a la persona más responsable del violento ataque al Capitolio”.