(CNN Español) – Casi un mes sin respuesta suma la líder opositora venezolana, María Corina Machado, luego de que el 15 de diciembre decidiera acudir personalmente al Tribunal Supremo de Justicia para introducir un recurso relacionado con la inhabilitación política que le impide postularse y ejercer cargos públicos. Una medida emitida por la Contraloría General de la República y que la dirigente considera ilegal.
El abogado que representa a Machado, Perkins Rocha, informó a través de la red social X que acudió este martes a la sala político administrativa del Tribunal Supremo de Justicia con el objetivo de revisar el expediente de la ganadora de las primarias opositoras y que, por segunda vez, se le negó el acceso al expediente para examinarlo. Una situación que el jurista considera pone a su clienta en “una peligrosa situación de indefensión” al impedirle conocer sobre el trámite.
CNN intentó comunicarse con el Tribunal Supremo de Justicia para conocer su versión pero hasta ahora no hemos obtenido respuesta.
Rocha precisó que tenía particular interés en conocer la respuesta que dio la Contraloría a la solicitud de la sala político administrativa en torno a los antecedentes del caso y en obtener la copia certificada de los actos administrativos de la sanción contra la también fundadora y directora, del movimiento político Vente Venezuela.
La defensa recordó que la acción que inició Machado el 15 de diciembre fue una demanda de reclamo por vía de hecho y un amparo cautelar que la defensa describe como una acción que restringe sus derechos políticos y le impide participar como candidata en las elecciones presidenciales previstas para este año por la Constitución venezolana.
Rocha también dijo que Machado acudió al poder judicial dentro de un mecanismo anunciado en el marco de los acuerdos sobre derechos políticos y electorales suscritos en Barbados por el Gobierno y la oposición, y que, según se anunció el 30 de noviembre, el poder judicial sería la vía entre el 1 y el 15 de diciembre de 2023 para atender las demandas legales destinadas a revisar las inhabilitaciones políticas “conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución”.