(CNN Español) – El Ministerio Público de Guatemala ordenó la captura de David Napoleón Barrientos, exministro de Gobernación, “por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia”.
Las autoridades acusan a Barrientos de no cumplir con actos propios de su función relacionados a mantener la paz y el orden público ya que se negó a desalojar las protestas que llevaban a cabo sectores indígenas encabezados por 48 Cantones, que bloqueó calles y carreteras para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y otros funcionarios.
El exministro fue llevado a la Torre de Tribunales para ponerlo a disposición de la justicia. El exfuncionario prefirió no opinar si su detención obedece a motivaciones políticas hasta ser notificado oficialmente de las razones de su captura. “Las decisiones se toman de forma colegiada y en este caso fue para evitar violencia y evitar incendiar el país, pero yo estoy muy tranquilo, nosotros desde el Ministerio de Gobernación hicimos lo que correspondía hacer”, dijo Barrientos a periodistas mientras era trasladado por policías hacia el juzgado.
La orden de garantizar la movilidad fue emitida por la Corte de Constitucionalidad que instruyó al gobierno de Guatemala garantizar el derecho a reunión pacífica y manifestación, al tiempo de hacer valer los derechos de vida, salud, seguridad, libertad de movilidad, entre otros que tienen los ciudadanos, de tal forma que no resulten afectados por el derecho de otros a manifestarse. Barrientos renunció en octubre de 2023 a su cargo en medio de ese contexto.
El fallo también facultaba al gobierno a dispersar la protesta con el uso de la fuerza, como último recurso y en casos excepcionales, cuando la concentración dejara de ser pacífica o tuviera indicios claros de amenaza inminente de violencia grave, según la Corte de Constitucionalidad,
Las manifestaciones eran contra el Ministerio Público, por considerar que quería intervenir en los resultados de las pasadas elecciones presidenciales ganadas por Bernardo Arévalo, a través de allanamientos al Tribunal Supremo Electoral y otras acciones.
El Ministerio Público había pedido la destitución del ministro a la Corte de Constitucionalidad en virtud de su presunta “desobediencia” al considerar que no había cumplido con su deber para preservar el orden público y la coexistencia del derecho a la manifestación, según indicó ese organismo en un comunicado.