(CNN Español) – Una jueza federal liberó de la prisión preventiva a ocho militares presuntamente relacionados con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, informó en un comunicado este domingo la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ), creada para dar seguimiento a este caso.
Apenas en junio pasado, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación de México, Alejandro Encinas, había informado del auto de formal prisión contra ocho de los 16 militares acusados del delito de desaparición forzada de los 43 estudiantes.
Por determinación de una jueza del Estado de México―en cumplimiento de la sentencia dictada por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito―, los militares acusados podrán seguir el proceso en libertad cumpliendo con algunas medidas cautelares, según la CoVAJ.
Las medidas cautelares son firmar cada 15 días ante el juzgado que lleva el caso; pagar una fianza por unos US$ 2.900; no salir del país ni tener contacto con los testigos o víctimas; no acercarse a Guerrero, el estado mexicano sureño donde ocurrió la desaparición de los estudiantes normalistas; y acreditar el domicilio particular de los acusados.
La comisión en la que participan autoridades, familiares de las víctimas y organizaciones ciudadanas condenó el cambio de medida cautelar dictada por la jueza y recordó que la Fiscalía General de la República había solicitado prisión domiciliaria para los inculpados.
El comunicado destaca que la decisión de la jueza no significa que los ocho militares, presuntos responsables de participar en la desaparición de 43 estudiantes normalistas en 2014, son inocentes.
“No se exonera de los cargos a estos elementos de las Fuerzas Armadas, quienes continuarán sujetos a proceso hasta el dictado de la sentencia correspondiente”, dijo, según el comunicado, el presidente de la CoVAJ, Arturo Medina Padilla.
La CoVAJ agrega que continuará colaborando con la Fiscalía para que se cumpla el debido proceso en este caso y se garantice el acceso a la verdad y la justicia a los familiares de los estudiantes desaparecidos.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que acompaña en este proceso a los familiares de las víctimas, también condenó la decisión de la jueza y sentenció que “el proceso se está derrumbando”.
En un mensaje publicado en la red social X, antes Twitter, el organismo defensor de los derechos humanos agregó que a las decisiones parciales de jueces “se suma la inoperancia de la Fiscalía Especial y la intervención de Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), que brinda asistencia legal y apoyo a los acusados”.
En julio del 2023, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que había colaborado con el caso, informó que se retiraban ante el impedimento de acceder a los archivos del Ejército mexicano para esclarecer el paradero de los 43 estudiantes, algo en lo que han insistido también los familiares.
Según las autoridades mexicanas, los estudiantes desaparecidos se preparaban para una manifestación entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 cuando fueron atacados por policías coludidos con el grupo delincuencial Guerreros Unidos.
Por este caso que conmocionó a México, decenas de personas, entre ellas policías, militares y funcionarios, están detenidas.