(CNN Español) – El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador instaló este miércoles la audiencia de imposición de medidas en contra de 492 personas a quienes la Fiscalía General de El Salvador los acusa de ser integrantes de alto rango de la pandilla MS-13.
Las autoridades los acusan de estar vinculados a por lo menos 37.402 delitos; entre ellos más de 500 homicidios, extorsiones, tráfico de drogas, personas y armas, entre otros, que habrían sido cometidos entre 2012 y 2022.
La Fiscalía sostiene en su acusación que la investigación estableció que los delitos cometidos por cada uno de los miembros de la pandilla debían ser ordenados y avalados por los cabecillas de la estructura criminal.
“Estas personas son consideradas las que han mantenido el poder sobre la estructura”, dijo Max Muñoz, subdirector fiscal contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía, en un video en la cuenta de X, antes Twitter.
En la audiencia ―que se llevó a cabo de manera virtual― las autoridades de Centros Penales establecieron conexión desde 10 prisiones para que los reos fueran informados de las acusaciones en su contra.
La defensa de los acusados está a cargo del Estado, a través de cuatro abogadas de la Procuraduría General, confirmó a CNN la unidad de prensa de los tribunales.
Entre los acusados, de acuerdo con las autoridades, hay personas que ya tienen una condena en firme y otros aún enfrentan un proceso penal por otros delitos.
En octubre de 2019 también se llevó a cabo un proceso penal en contra de más de 400 miembros de la MS-13. Sin embargo, este sería el primer juicio masivo en contra de miembros de pandillas tras una reforma transitoria a la Ley contra el Crimen Organizado aprobada por la Asamblea Legislativa a fines de julio de 2023.
El propósito de la reforma, avalada por 67 de 84 diputados, es evitar la dualidad de procesos. La reforma estableció, también, un plazo máximo de 24 meses para que se lleven a cabo las investigaciones. En esa misma reforma se incrementó de 45 a 60 años de prisión para los cabecillas de pandillas.
La reforma fue aprobada luego que por el régimen de excepción aumentara considerablemente la cifra de detenidos. Desde el 27 de marzo de 2022, el régimen mantiene suspendidas garantías constitucionales como la libertad de asociación, el derecho a la defensa y extiende de 72 horas a 15 días la detención provisional. Además, permite a las autoridades la intervención de las telecomunicaciones sin necesidad de que lo autorice un juez.
Desde su vigencia y hasta inicios de enero pasado, las autoridades reportan la captura de más de 75.000 personas, de las que unas 7.000 han sido liberadas tras comprobar que no tenían vínculos con pandillas.
El gobierno de Nayib Bukele atribuye al régimen de excepción y al plan de seguridad “control territorial” la reducción de homicidios. En septiembre de 2023, en su discurso en la sede de la Organización de Naciones Unidas, Bukele dijo que El Salvador había pasado de ser el país más peligroso del mundo a ser el más seguro de América Latina.
Los datos sobre homicidios no pueden ser verificados de manera independiente con otras instituciones porque el gobierno de El Salvador los ha declarado bajo reserva.
Por otro lado, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han denunciado violaciones sistemáticas a los derechos humanos.