(CNN Español) – El abogado Juan Luis González, parte del equipo de defensa de Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, denunció que sigue sin poder comunicarse con su clienta y desconoce el centro de reclusión donde se encuentra, según declaraciones ante medios locales.
González habló frente a la sede El Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en el centro de Caracas, durante un recorrido que realizó por varios centros de reclusión a fin de verificar dónde se encuentra San Miguel, quien tiene ciudadanía venezolana y española.
En ninguno de los centros se confirmó la presencia de San Miguel. El equipo de defensa desconoce su paradero y por tanto teme que se trate de una “desaparición forzada”, explicó el abogado.
González expresó preocupación por el mensaje del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en la red social X, en el que asegura que la detención de San Miguel obedece a una orden de aprehensión dictada en su contra.
Saab no indicó qué cuerpo de seguridad practicó la detención ni a la orden de qué tribunal se encuentra, ni qué fiscal dirige la investigación o cuál es el sitio de reclusión. En este sentido, el defensor manifestó que acudirán ante el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y otros órganos competentes para elevar la denuncia del caso.
CNN se comunicó con la Fiscalía de Venezuela para obtener comentarios sin hasta ahora haber recibido respuesta.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo este lunes en su cuenta de X que Rocío San Miguel, su expareja Alejandro González y otras cuatro personas están en su audiencia judicial de presentación por su presunta vinculación con el caso “Brazalete blanco”.
Saab señaló que San Miguel es acusada de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, por lo que la Fiscalía pedirá privación preventiva de la libertad como medida cautelar. Para González solicitará la misma medida cautelar por los presuntos delitos de revelación de secretos políticos y militares, obstrucción de la administración de justicia y asociación.
Para las otras cuatro personas —cuyos nombres el fiscal no reveló—, se pedirá presentación periódica ante el tribunal que lleva el caso.
Fiscal confirmó la detención, pero no reveló pruebas
El fiscal general de Venezuela había confirmado este domingo, a través de sus redes sociales, que San Miguel fue detenida el viernes por las autoridades venezolanas por su presunta vinculación con el caso “Brazalete blanco”, una de las supuestas cinco conspiraciones que investiga la Fiscalía en conexión con un presunto intento de magnicidio. La Fiscalía difundió la existencia del caso a finales de enero, aunque no reveló qué pruebas tenía al respecto.
La defensa de San Miguel presentó ante las autoridades competentes un recurso de “habeas corpus” o amparo a la libertad y seguridad personal, precisando que tampoco se tiene conocimiento de que haya sido llevada ante un juez.
La legislación venezolana establece que durante las primeras 48 horas después de la detención la persona aprehendida debe tener una audiencia de presentación ante un magistrado (artículo 44-1 de la Constitución venezolana).
San Miguel fue detenida en la madrugada del 9 de febrero cuando se encontraba con su hija en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. La defensa asegura que “han sido violados sus derechos constitucionales”.
La comunicación de la defensa con la hija de San Miguel, Miranda Díaz San Miguel, se perdió después de que ella les alertara que efectivos del Sebin se le estaban acercando y que temía también ser detenida, dijo el defensor, quien asegura tener más de 48 horas sin poder hablar con la hija de San Miguel.
Este lunes, Amnistía Internacional denunció la detención de San Miguel y “de todo su grupo familiar”.
El Ministerio Público informó el 22 de enero que fueron emitidas órdenes de captura contra periodistas y abogados defensores de los derechos humanos y que siguen en desarrollo las pesquisas dirigidas a recabar elementos que permitan identificar y detener a otras personas vinculadas con estos hechos sobre los cuales aún no han presentado pruebas.
El fiscal general de Venezuela informó el 26 de enero en rueda de prensa que suman 12 personas detenidas por el caso “Brazalete blanco” y que habían sido emitidas 17 órdenes de aprehensión.
Desde la presidencia de la ONG Control Ciudadano, San Miguel ha analizado temas relativos a seguridad y defensa de la nación. También sobre el funcionamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, su estructura, equipos y presupuesto, entre otros. Además, ha sido una voz crítica de forma pública con respecto al referendo consultivo organizado por el Gobierno de Nicolás Maduro sobre el territorio del Esequibo, el 3 de diciembre.
