(CNN Español) – Cuatro familiares de la activista venezolana española Rocío San Miguel fueron excarcelados este martes, tras haber permanecido detenidos desde la semana pasada, dijo a CNN el equipo de defensa de la defensora de derechos humanos.
Las personas liberadas son Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista; Miguel Ángel y Alberto San Miguel, sus hermanos, y Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda.
El abogado de San Miguel, Juan Luis González Taguaruco, informó en la red social X, antes Twitter, que estas cuatro personas quedaron bajo medidas de presentación periódica, y prohibición de salida del país y de ofrecer declaraciones a los medios de comunicación.
González Taguaruco dijo además que fue confirmada la privación judicial de la libertad de Rocío San Miguel, directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano, y de Alejandro González, y que se fijaron como lugares de reclusión el Sebin-Helicoide para ella y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) para él.
Rocío San Miguel y Alejandro González, su expareja, fueron acusados por la Fiscalía de Venezuela de supuesta participación en una conspiración contra el Gobierno de Nicolás Maduro, lo cual fue rechazado por su defensa.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, reiteró este martes en su cuenta de X que Rocío San Miguel está acusada de los supuestos delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. En tanto, a González se le acusa de supuesta revelación de secretos políticos y militares, obstrucción de la administración de justicia y asociación.
Saab afirmó que por esos cargos la Fiscalía pidió la noche del lunes, durante una audiencia de presentación en el Tribunal Segundo Contra Terrorismo, que a ambas personas se les impusiera la privación judicial preventiva de libertad.
Para las cuatro personas recién liberadas la Fiscalía solicitó como medida cautelar la presentación periódica ante el tribunal que lleva el caso.
Rocío San Miguel fue detenida el 9 de febrero. A lo largo de los últimos días, gobiernos y entidades internacionales como el Gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han expresado preocupación por su arresto y reclamaron su liberación inmediata.
Ante esos reclamos, el fiscal Saab afirmó que el Estado venezolano y el Sistema de Justicia enfrentan “una feroz campaña desde el exterior”.