(CNN) – Rocío del Carmen San Miguel Sosa es una ciudadana venezolano-española, de 57 años, de profesión abogada con especialización en Derecho y política Internacional. También es magíster en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (Iaeden).
Se desempeña como presidenta de la asociación civil Control Ciudadano, organismo especializado en temas de seguridad y defensa de la nación. Se trata de una organización creada en 2005 que incluye entre sus objetivos ofrecer información a la ciudadanía sobre el funcionamiento, estructura, infraestructura, presupuesto y otros aspectos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; es decir, del componente militar.
La voz de San Miguel ha sido para muchos una guía para conocer detalles sobre el funcionamiento interno del hermético mundo militar en Venezuela por medio de análisis, por ejemplo, de los civiles y militares más influyentes en las fuerzas armadas, balances de accidentes de aeronaves militares y registros de adquisición de equipos y armamentos.
Su trayectoria también abarca el área de derechos humanos. San Miguel ofrecía información y contribuía en la defensa de personas detenidas, especialmente del ámbito militar, y sus condiciones de reclusión, incluidas denuncias de presuntas torturas y tratos degradantes contra personas detenidas que llegaban de parte de familiares y otras fuentes.
San Miguel anteriormente había trabajado en el Ministerio de Infraestructura como directora general de despacho, luego en la Oficina de Asuntos Internacionales estratégicos en el Ministerio de la Defensa. Posteriormente, se desempeñó como consultora jurídica en el Consejo Nacional de Fronteras e investigadora ante el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de la nación. Trabajó además como asesora asociada del Centro de estudios militares avanzados y fue profesora de la escuela de guerra naval de la Escuela Superior de Guerra Aérea y de la Escuela Superior de la Guardia Nacional.
San Miguel denunció que fue despedida por razones políticas del cargo que ejercía en el Consejo Nacional de Fronteras en marzo de 2004. Elevó su voz al asegurar que se trató de una medida arbitraria como retaliación por haber firmado en el referendo revocatorio contra Hugo Chávez, por lo que llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. El caso sentó jurisprudencia en materia de derechos humanos y participación política en 2018. Posteriormente, la CIDH emitió medidas cautelares a favor de San Miguel por su labor en Venezuela relacionada con la defensa de los derechos humanos.
La abogada también ha sido autora de varias publicaciones como “Justicia militar y derechos humanos” y “Dificultades jurídicas y políticas para la ratificación o implementación del estatuto de Roma en Venezuela”.
Tiene una hija de 24 años de edad: Miranda Díaz San Miguel, de profesión comunicadora social y quien fue excarcelada el sábado bajo medidas cautelares. La fiscalía venezolana no ha ampliado detalles sobre las circunstancias o motivos por los que Miranda fue detenida.
San Miguel actualmente permanece detenida desde el 9 de febrero por las autoridades venezolanas en la sede SEBIN-Helicoide en Caracas. Rocío San Miguel y Alejandro González, su expareja, fueron acusados por la Fiscalía de Venezuela de supuesta participación en una conspiración contra el Gobierno de Nicolás Maduro, lo cual fue rechazado por su defensa.
San Miguel es también ciudadana española. Fuentes diplomáticas dijeron a CNN que la Embajada de España en Venezuela está siguiendo el caso y realizando gestiones con las autoridades desde que tuvo conocimiento del mismo para determinar su paradero, prestar asistencia consular, y garantizar que se respeten sus derechos.