(CNN Español) – La activista Rocío San Miguel cumplió este viernes una semana detenida por las autoridades de Venezuela y hasta el momento ni sus familiares, ni los abogados designados para llevar a cabo la defensa han podido comunicarse con la también abogada y presidenta de la asociación civil Control Ciudadano, organización especializada en temas de defensa y seguridad nacional, así como en información relacionada con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
San Miguel y su expareja fueron imputados por la fiscalía general de Venezuela por su supuesta participación en una presunta conspiración contra el Gobierno de Nicolás Maduro y de la cual las autoridades aún no han ofrecido pruebas. Las acusaciones han sido rechazadas por la defensa.
A lo largo de los últimos días, gobiernos y entidades internacionales como la administración de Estados Unidos, la Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han expresado preocupación por su arresto y reclamaron su liberación inmediata.
Revisemos los detalles del caso día por día según las versiones ofrecidas por familiares y su equipo de defensa, además de los pronunciamientos realizados por el Ministerio Público.
Viernes 9 de febrero. A las 5 am se produce la detención de Rocío San Miguel cuando se disponía a salir del país acompañada de su hija, Miranda Díaz San Miguel, al inicio del asueto de carnaval por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. La información no se conoció públicamente ese día. Según la versión de la defensa, no hubo comunicación con la familia, ni con los abogados.
Sábado 10 de febrero. Se conoce en horas de la noche de forma extraoficial sobre la detención de San Miguel. Comienzan los pronunciamientos para saber sobre su paradero. La hija de la activista acude de nuevo al aeropuerto, en esta oportunidad para buscar el equipaje que permanecía en el terminal aéreo, según información que se conoció el lunes. Familiares y abogados dicen que no hubo comunicación.
Domingo 11 de febrero. A las 5 am se cumplieron 48 horas de la detención y no se conocía si había sido presentada ante tribunales como establece la legislación venezolana. Tampoco su lugar de reclusión. Se intensifican los pronunciamientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos exigiendo su liberación, condenando la detención y pidiendo saber dónde se encontraba. Denuncian que no han podido comunicarse con ella.
Pasadas las 4 pm, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, se pronuncia en sus redes sociales para confirmar la detención de San Miguel Sosa, informa que la aprehensión estaría vinculada a una trama de presunta conspiración e intento de magnicidio y asegura que se está actuando en correspondencia con la ley y en materia de derechos humanos. No informó si fue o no presentada en tribunales, cargos a imputar, ni lugar de reclusión.
Lunes 12 de febrero. El abogado defensor Juan Luis González Taguaruco recorre los centros de detención en Caracas preguntando si ahí se encontraba la activista. La respuesta fue negativa en las diferentes sedes. No obtuvieron información. Siguen los pronunciamientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos pidiendo conocer sobre el paradero de San Miguel y denunciando que ante la falta de información oficial el caso se corresponde con las características de una desaparición forzada. En horas de la tarde, el abogado González Taguaruco denuncia que otras cinco personas vinculadas a San Miguel: su hija, dos hermanos y dos exparejas habían sido también detenidos. A las 9:54 pm el fiscal general de Venezuela publica en redes sociales que está en desarrollo la audiencia de presentación de San Miguel y otras cinco personas bajo investigación por la presunta trama de conspiración denominada “Brazalete blanco” y que solicitaría privativa de libertad para ella y Alejandro González De Canales Plaza, así como medidas cautelares para los otros cuatro detenidos. Se pronuncian organismos de derechos humanos como Amnistía internacional.
Martes 13 de febrero. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronuncia para asegurar que estaban siguiendo con atención la situación de derechos humanos en el caso San Miguel. “Su paradero desconocido tras 120 horas podría calificarla como víctima de desaparición forzada”, dijo la agencia, instando al gobierno a liberarla y respetar su defensa legal. El Ministerio informa que San Miguel fue imputada por los supuestos delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir. Mientras, Alejandro José González De Canales Plaza, ex pareja de San Miguel y militar retirado fue imputado por supuesta revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación. San Miguel y González De Canales serían representados por el mismo equipo de abogados. Las otras cuatro personas fueron excarceladas bajo medidas cautelares de régimen de presentación, así como prohibición de salir del país y de declarar a los medios. Todos acudieron a la audiencia bajo defensa pública, es decir, sin la presencia de sus abogados privados. El abogado defensor informa que pudo constatar que San Miguel permanecerá recluida en la sede del Sebin-Helicoide y, por su parte, González De Canales quedará detenido en la Dirección de contrainteligencia militar.
Miércoles 14 de febrero. A las 10 am las ONG convocan a una protesta frente a la sede de las Naciones Unidas en Caracas para denunciar que consideran que se está violando el debido proceso y que San Miguel sigue incomunicada. En horas del mediodía, el fiscal general ofrece una rueda de prensa sobre el caso.
El relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, publica un informa tras visitar el país, diciendo que, de acuerdo con observaciones preliminares, ocho de cada 10 venezolanos viven en la pobreza (casi el 82%) y más de la mitad en pobreza extrema (53%). En su reporte, Fakhri señala que las sanciones contra Venezuela han sido un factor para llegar a esa situación, pero afirma también que los programas del Gobierno venezolano para atender el hambre, como el CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), un mecanismo por el que entrega alimentos a bajos precios, “ha vuelto susceptible a clientelismo político” que, según algunos beneficiarios, “son tratadas por las autoridades como una limosna caritativa”.
En horas de la noche fuerzas de seguridad allanaron la casa de San Miguel en Caracas, según constató CNN y también denunció el equipo legal de la directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano.
Jueves 15 de febrero. Venezuela anuncia su decisión de suspender la actividad de la oficina técnica de las Naciones Unidas en Caracas y solicita que el personal de esta oficina abandone el país en las próximas 72 horas. La decisión es tomada debido a lo que califican el impropio papel que ha tomado.
Viernes 16 de febrero. Al momento de escribir esta nota la defensa confirmó a CNN que siguen sin comunicarse con San Miguel y que aún no le han permitido juramentarse como abogado defensor en el caso.
Sábado 17 de febrero. Defensa confirma a CNN que no han podido ver a San Miguel ni a González De Canales. Sin embargo, pudieron constituir defensa técnica de los familiares y allegados. El abogado Juan Luís González dijo a CNN que “se está limitando el derecho a la defensa” pero que seguirán insistiendo la próxima semana para poder ofrecerle apoyo legal también a las dos personas que permanecen detenidas.