(CNN Español) – La Oficina en Venezuela del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que el Gobierno de Nicolás Maduro decidió expulsar del país esta semana, tenía como mandato monitorear, evaluar y hacer informes sobre la situación de los derechos humanos en el país, de acuerdo con su página web.
Estas labores se fundamentan en diversas resoluciones aprobadas por la Asamblea General de la ONU, en particular la 48/141, que en 1994 estableció la promoción y protección de todos los derechos humanos como la misión del Alto Comisionado.
El canciller de Venezuela, Yván Gil, anunció este jueves la decisión del Gobierno de Maduro de expulsar a la Oficina del país. En un mensaje a medios, dijo que esta instancia “se ha desviado de su mandato” y “se ha convertido en una caja de resonancia de la oposición”.
Dos días antes, el Alto Comisionado se había sumado a las voces que se declararon preocupadas por la detención de la activista Rocío San Miguel, directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano a quien la Fiscalía de Venezuela acusa de participar en una supuesta conspiración contra Maduro y de la cual las autoridades aún no han ofrecido pruebas. Los abogados de San Miguel rechazan los señalamientos y exigen que sea liberada. Este viernes, San Miguel cumplió una semana bajo arresto.
En tanto, tras el anuncio del canciller venezolano —quien dio 72 horas para que el personal de la Oficina salga del país—, la portavoz Ravina Shamdasani dijo que desde la ONU lamentan la decisión y evalúan qué acciones tomar.
“Seguimos colaborando con las autoridades y otras partes interesadas. Nuestro principio rector ha sido y sigue siendo la promoción y protección de los derechos humanos del pueblo de Venezuela”, expuso Shamdasani.
Las tareas de la Oficina
La Oficina dice en su página web que desde 2019 ha realizado diversas acciones en Venezuela para monitorear la situación de los derechos humanos y dar asesoría técnica para instrumentar recomendaciones.
Algunas de estas acciones —señala— han sido establecer un mecanismo de “alerta temprana” para detectar casos individuales de violaciones a los derechos humanos y pedir a las autoridades correspondientes medidas urgentes; visibilizar las violaciones a los derechos económicos y sociales, que se agravaron después de la pandemia de covid-19, y “proteger y mejorar el espacio democrático”, resguardando a defensores de derechos humanos, colaborando con organizaciones no gubernamentales y llamando a que haya procesos participativos e inclusivos en la adopción de políticas públicas.
Previamente, en 2017 y 2018 el Alto Comisionado publicó dos informes en la materia. El primero se centró en los hechos ocurridos en el marco de las protestas que se extendieron de abril a julio. El segundo dio seguimiento a ese tema y refirió otras situaciones, como presunto uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura y crisis sanitaria y alimentaria.
Las reacciones tras la expulsión
Este jueves, luego del anuncio del canciller Gil, el Gobierno de Venezuela emitió un comunicado en el que acusó a la Oficina de la ONU de tener una actitud “colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas”.
“Esta Oficina del Alto Comisionado resulta muy activa para falsear hechos y precalificar situaciones en relación con Venezuela, solo para agredir la soberanía y autodeterminación del país con mentiras, falsificaciones, desinformaciones y manipulaciones”, dijo.
Dentro y fuera de Venezuela, en contraparte, diversos actores han criticado la decisión del Ejecutivo de Maduro.
Las fuerzas de oposición agrupadas en la Plataforma Unitaria Democrática consideraron que la expulsión de la Oficina “ratifica el carácter totalitario del régimen, quien no quiere la presencia activa de la comunidad internacional como testigos de las permanentes violaciones de DDHH en nuestro país”.
Este viernes, la embajada de Estados Unidos en Venezuela dijo que el gobierno estadounidense “está alarmado” por la expulsión de la Oficina de la ONU, la cual consideró un acto de represalia por la preocupación que esa instancia expresó por la detención de la activista Rocío San Miguel.