(CNN Español) –– Un exdetective hondureño aseguró este viernes, en la cuarta audiencia del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, que las siglas JOH aparecen en libretas incautadas en operativos contra el narcotráfico en su país, cuadernos que ya fueron aceptados como prueba por los tribunales de Estados Unidos.
Las siglas JOH están asociadas con el expresidente, que es como también se le conoce popularmente. A Hernández lo juzgan en Nueva York por cargos de narcotráfico y posesión de armas, delitos que ha negado y los atribuye a una venganza de personas que él ayudó a enviar a la cárcel.
El exdetective Miguel Reynoso es el tercer testigo que la Fiscalía llama al estrado en el proceso contra el expresidente, quien podría enfrentar una pena de cadena perpetua en caso de que el jurado lo declare culpable.
Reynoso dijo que trabajó durante siete años en la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público de Honduras.
Según su relato, en junio de 2018 participó con su equipo en un operativo en una base militar en la región norte de Honduras, donde, dijo, descubrieron en compartimentos ocultos de tres vehículos armas, dinero, granadas, celulares y joyas. En uno de los autos también hallaron unas libretas.
Según Reynoso, las autoridades confiscaron las libretas buscando información sobre posibles transacciones de drogas, lavado de activos u otros delitos.
En esas anotaciones, dijo el testigo, estaban presuntamente escritos nombres como “Chino”, “Rambo”, “Tony Hernández” y “JOH”, que llamaron la atención de los investigadores por coincidir con las iniciales del entonces mandatario, que gobernó Honduras entre 2014 y 2022.
Estos cuadernillos fueron conocidos en la prensa del país como las “narcolibretas”, y ya fueron presentadas en el juicio contra el hermano del expresidente, a quien un tribunal de EE.UU. condenó en 2021 a prisión perpetua por narcotráfico.
Consultado sobre el proceso para proteger esas presuntas evidencias, Reynoso dijo que empacaron las libretas en bolsas plásticas y que volvió a verlas en 2019, al ser entregadas a la Fiscalía del Distrito Sur de Manhattan, donde se realiza el juicio. Según respondió, no tenían señales de haber sido adulteradas.
En el contrainterrogatorio, la defensa de Hernández cuestionó la formación del exdetective en el análisis de libretas presuntamente vinculadas al narcotráfico.
Antes de la declaración de Reynoso, había sido el turno de la defensa para el contrainterrogatorio del exalcalde hondureño Alexander Ardón Soriano, quien el jueves sostuvo que el líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, presuntamente pagó a Tony Hernández un millón de dólares para la campaña presidencial de su hermano a cambio de protección para una ruta usada para enviar cocaína.
Tras un largo cuestionamiento, los abogados de Hernández consiguieron que Ardón admitiera que no podía confirmar si el dinero que supuestamente recibió Tony Hernández de parte de El Chapo, en nombre de su hermano, finalmente llegó a manos de Juan Orlando Hernández y su campaña electoral.
El miércoles, el primer testigo del juicio, el contador José Sánchez, dijo que estuvo presente cuando un narcotraficante, Geovanny Fuentes Ramírez, supuestamente le entregó dinero a Hernández, quien entonces era candidato a la presidencia, y agregó que aun cuando existe una grabación del momento él no cuenta con las pruebas del presunto hecho.
La Fiscalía sostiene que el exmandatario, de 55 años, “trabajó de la mano con los traficantes más influyentes y violentos en Honduras para enviar tonelada tras tonelada a Estados Unidos”. Por su parte, la defensa señala que no hay pruebas materiales y que la evidencia está basada en declaraciones de condenados que buscan colaborar para rebajar su sentencia.
Hernández fue extraditado a Estados Unidos en 2022, tres meses después de dejar el cargo. Según informó el juez, el juicio podría durar de dos a tres semanas.
Hernández mantuvo durante su Gobierno una estrecha colaboración con Washington en temas de inmigración y lucha contra el narcotráfico. Pero en paralelo, las autoridades estadounidenses lo investigaban por supuestamente usar su cargo para apoyar a organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros países.