(CNN Español) – El testimonio más explosivo de la quinta audiencia del juicio por narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se produjo poco antes del final de la jornada. El último testigo convocado por la Fiscalía, el narcotraficante colombiano Luis Pérez, exintegrante del Cartel de Sinaloa, aseguró que entregó US$ 2,4 millones a la campaña presidencial de Hernández en 2013.
Pérez, quien se entregó en 2015, y ya está en libertad tras cumplir una pena reducida por su colaboración con las autoridades estadounidenses, aseguró en el estrado que entre 2014 y 2015, cuando Hernández asumió la presidencia, fue el período más prolífero de su actividad en el tráfico de drogas, con una ganancia que llegó, de acuerdo con sus cálculos, a US$ 25 millones por cargamentos que totalizaron unos 70.000 kilos.
Pérez aseguró en su testimonio haber hecho varios pagos a la campaña presidencial de JOH, como es conocido en su país. En 2013, dijo que un funcionario de Puerto Cortés, en la costa atlántica hondureña, actuó como contacto. Ese funcionario, siempre según la versión de Pérez, le habría pedido ayuda para financiar la candidatura de Hernández.
De acuerdo con el testimonio de Pérez, el supuesto acuerdo fue por un millón de dólares para recibir seguridad en el puerto y tener información sobre el monitoreo de las autoridades. El narcotraficante aseguró que sus contenedores nunca fueron incautados en todo el tiempo que operó en la zona. Y agregó que el funcionario le transmitió un supuesto agradecimiento de Hernández por el apoyo monetario a su campaña.
Pérez relató también que, a través de uno de los jefes del Cartel Los Valle, acordó una presunta reunión con Tony Hernández, hermano del expresidente, y con el que dijo haber llegado a un acuerdo para financiar la campaña de Hernández por otro millón de dólares, a cambio de información sobre las actividades de la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés).
El último supuesto pago que declaró Pérez ocurrió, según su testimonio, días antes de las elecciones de 2013, cuando habría entregado US$ 400.000 a un miembro de la campaña.
Según explicó, en 2014 viajó a México porque en Honduras aumentó la vigilancia sobre su entorno, y se entregó en 2015 a las autoridades estadounidenses.
El contrainterrogatorio de Pérez por parte de la defensa del expresidente de Honduras, que comenzó este lunes, continuará el martes.
El primer testigo de la semana
La segunda semana del juicio contra Hernández comenzó con el interrogatorio de la defensa del exmandatario a Miguel Reynoso, exagente de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico en Honduras (DLCN), quien el viernes, al final de la sesión, había asegurado que participó en un operativo llevado a cabo en una base militar en el norte del país, en el que incautaron libretas con las iniciales del exmandatario, cuadernillos que están incorporados como pruebas en el proceso.
Las libretas habían sido incautadas para buscar información sobre posibles transacciones de drogas o lavados de activos, según contó Reynoso el viernes. Más allá de demostrar el valor de lo que allí encontraron, los abogados de Hernández se enfocaron en mostrar cómo había sido el proceso de traducir al inglés las anotaciones encontradas en esos apuntes.
Raymond Colón, defensor de Hernández, interrogó al traductor Manuel Prado, quien hizo verificaciones y transcripciones de los cuadernillos, conocidos en la prensa hondureña como “narcolibretas”.
Según Colón, el nombre Tony Hernández, hermano del exmandatario y quien fue condenado a cadena perpetua en 2021 por narcotráfico, estaba escrito con S al final y cuando el traductor lo transcribió lo puso con Z. El abogado lo increpó: “¿Es su trabajo cambiar letras de S a Z?”. El traductor respondió que no, que no era su trabajo.
Colón remarcó el error y Prado se defendió argumentando que él toma en cuenta el nivel educativo de las personas al hacer traducciones, y que en esos documentos había muchas palabras mal escritas.
En otro punto del interrogatorio, el abogado hizo hincapié en un fragmento de las “narcolibretas” en el que aparecen las iniciales JOH. En una parte figura “JOH i su gente”, con i latina, y el traductor puso “JOH and his people”. Colon explicó que el posesivo “su” en español no tiene género, que podría ser interpretado “his people” o “her people” y el traductor reconoció que asumió que se trataba del posesivo masculino “his”.
Según el abogado defensor, como en otra parte de la libreta figuraba “La JOH”, él tendría que haber asumido que la traducción era “gente de ella” y no “gente de él”.
Poco después llegó el turno de la agente de la DEA Jennifer Taul, quien brindó al tribunal información de contexto sobre las rutas que usan los narcotraficantes para enviar cocaína a Estados Unidos, los métodos para fabricarla y los distintos precios de acuerdo con el país donde se comercializa.
Pese a que no investigó específicamente el caso de Hernández, Taul fue convocada como experta en la materia y afirmó: “Un 92 o 94% de los cargamentos de cocaína hacia México y Estados Unidos están pasando por Centroamérica ya sea por aire, tierra o mar”. También sostuvo que la ciudad hondureña de San Pedro Sula era considerada en 2013 como una de las más peligrosas del mundo por su actividad narco.
Al ser consultada en el contrainterrogatorio, la agente confirmó que los narcotraficantes codifican su lenguaje para evitar ser interceptados por las autoridades y estampan con distintos logos su cocaína para poder rastrear de quién es y hacia dónde va.
Hernández, o JOH, como es popularmente conocido, mantuvo durante su Gobierno (2014-2022) una estrecha colaboración con Estados Unidos en temas de inmigración y lucha contra el narcotráfico. Pero en paralelo, las autoridades estadounidenses lo investigaban por supuestamente usar su cargo para apoyar a organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros países.
La tesis de los fiscales señala que Hernández presuntamente usó dinero del narcotráfico para enriquecerse y financiar sus campañas políticas, y utilizó “su cargo público, las fuerzas del orden y el ejército para apoyar a organizaciones de narcotráfico”. También lo acusan de posesión de armas y haber ayudado a introducir toneladas de cocaína a Estados Unidos.
El exmandatario, de 55 años, ha negado todos los cargos y alega que los fiscales se basan en declaraciones de sujetos fueron perseguidos por su Gobierno, y destaca que durante su gestión se aprobaron leyes contra el narcotráfico, incluso la que facilitó su propia extradición.