(CNN) – Este lunes comenzó en Argentina una nueva instancia en la causa “Vialidad”, en la que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en 2022 a 6 años de prisión por administración fraudulenta agravada, por la desviación de fondos de la obra pública nacional a favor del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz entre 2007 y 2015, cuando era presidenta.
En la audiencia pública ante la Cámara Federal de Casación Penal, que revisa el fallo original, el fiscal Mario Villar pidió este lunes que se aumente la pena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 12 años de prisión, al acusarla de ser jefa de asociación ilícita, retomando la acusación que los fiscales habían realizado anteriormente en este juicio.
En 2022, Fernández de Kirchner fue absuelta de la acusación de asociación ilícita, y es esta decisión la que ahora apela Villar y por la cual pide que se le duplique la sentencia.
El fiscal afirmó en su intervención que existió “una verdadera asociación criminal” integrada por funcionarios del Estado nacional, de lo cual responsabilizó a Fernández de Kirchner.
CNN se contactó con el abogado de la también exvicepresidenta para saber su postura, pero todavía no ha tenido respuesta. Cristina Fernández de Kirchner no se ha expresado hasta ahora públicamente de este nuevo pedido y se espera que declare ante la Cámara en marzo.
Sin embargo, siempre ha asegurado que esta acusación de corrupción no tiene fundamentos y que se trata de una persecución en contra suya y del proyecto político que representa. Mientras que la defensa de Báez también ha señalado que las acusaciones en su contra son producto de una supuesta “persecución política y mediática”.