(CNN) – Casi todos los gobernadores de Argentina exigen al Gobierno nacional la restitución de los fondos que forman parte de los sistemas de reparto de la recaudación establecidos por la Constitución: el presidente Javier Milei defiende su objetivo de déficit cero y rechaza ese pedido. Las autoridades de las provincias de Chubut y Tierra del Fuego, Neuquén, Santa Cruz y La Pampa amenazaron con suspender las entregas de gas y petróleo. Por su lado, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que demandará al Gobierno nacional ante la Corte Suprema por el recorte en el envío de fondos.
Viernes 23 de febrero
El gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, publicó en sus redes sociales un mensaje en el que denunció que en febrero el gobierno “retuvo ilegalmente 13.500 millones de pesos” (unos US$ 12 millones a cotización paralela). Según Torres, ese dinero le correspondía a Chubut por la coparticipación federal, que consiste en los fondos recaudados por el Gobierno que debe distribuirlos entre la Nación y las provincias. El gobernador sostuvo en aquel mensaje que en caso de no percibir ese dinero “Chubut no entregará su petróleo y gas”.
A través de sus redes sociales, el Gobierno le respondió a Torres. Allí explicó que el descuento de las partidas de coparticipación federal de Chubut corresponde a “una deuda que mantiene la provincia con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial”. Asimismo, el Gobierno calificó de “plan de extorsión” la advertencia de Torres de no entregar el petróleo y el gas. Incluso, la Oficina del Presidente sintetizó su interpretación de los hechos: “El gobernador Torres se niega a entender que no hay plata y en consecuencia se lanza a emitir una amenaza de carácter chavista”.
La reacción de otros gobernadores no tardó en llegar. Alberto Weretilneck, de la provincia de Río Negro; Sergio Ziliotto, de La Pampa; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, y también los gobernadores nucleados bajo la alianza política de Juntos por el Cambio, que formaron parte de la alianza que La Libertad Avanza formó tras las elecciones generales y de cara al balotaje, expresaron su apoyo a Torres. Es decir, se pararon en la vereda opuesta a Milei.
El presidente respondió personalmente y citó el Código Penal de Argentina para recordarle a Torres las penas judiciales que corresponden al delito de extorsión, tipificado en el artículo 194.
El gobernador de Chubut no se quedó de brazos cruzados y volvió a escribirle a Milei a través de su cuenta de X: “Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias”.
Milei, una vez más, subió la apuesta y le sugirió a Torres que aprenda a leer un contrato de deuda.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó en X una resolución de 2023, sobre el compromiso que asumió Chubut a cambio de fondos fiduciarios, asegurando que esa provincia no había hecho ninguna solicitud de cancelación de deuda.
La disputa por el dinero llegó a la justicia federal, que ya falló a favor del gobernador de Chubut, aunque antes de esa decisión judicial, el Gobierno nacional tomó nuevas medidas vinculadas al reparto de fondos a las provincias.
Lunes 26 de febrero
El Ejecutivo eliminó el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. De esta manera, el Estado se ahorraría unos 240.000 millones de pesos (unos US$ 218 millones al cambio paralelo), explicó el subsecretario de Comunicación de la Presidencia, Javier Lanari, en su cuenta de X. Por otro lado, esta determinación representa menos fondos para una provincia. En este caso, la más grande del país, Buenos Aires, gobernada por quien fuera ministro de Economía durante el segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof. Se trata de un fondo establecido por el gobierno de Alberto Fernández en medio de un conflicto con la Policía, en el que le quitó parte de lo que la Ciudad de Buenos Aires recibía de la coparticipación y se lo trasladó a la provincia.
La respuesta de Kicillof no tardó en llegar. En una entrevista en Radio con vos, abrió la posibilidad de frenar la actividad económica: “Si me pongo a fantasear puedo cerrar los accesos o los puertos”.
Martes 27 de febrero
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, anunció para el día siguiente un paro de la actividad petrolera en toda su provincia.
La justicia federal ordenó al Gobierno nacional que le devuelva a Chubut los 13.500 millones de pesos (unos US$ 12 millones) reclamados por Torres.
La administración de Milei criticó el fallo y aseguró que lo apelará, al mismo tiempo que analiza presentar un “per saltum”. Este es un recurso judicial para que un expediente llegue directamente a la Corte Suprema de Justicia y sea el máximo tribunal el que tenga la última palabra en la controversia.
Desde el Gobierno reiteraron en varias ocasiones que el objetivo del “déficit cero no se negocia”. En consecuencia, han eliminado varias partidas presupuestarias como la reducción de los giros discrecionales de fondos a las provincias, la eliminación de un fondo que financiaba parte del transporte público en el interior del país e, incluso, fondos coparticipables.
Estas decisiones llevaron al superávit en el mes de enero al Gobierno nacional aunque le hicieron ganar rispideces con los gobernadores. El desgaste en dicha relación comenzó con el fracaso del proyecto de la “ley ómnibus”. Cuando el gobierno decidió retirarla luego de varios rechazos en la Cámara de Diputados, Milei apuntó a varios mandatarios provinciales. Desde entonces, un “ómnibus de enfrentamientos” divide al Ejecutivo nacional de los mandatarios regionales. El problema: la caja económica. El (hasta aquí) último capítulo: la rebelión liderada por Torres, que, tras el fallo judicial que respalda la denuncia de Chubut, encuentra un nuevo respiro.