(CNN Español) –– Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, estaría dispuesto a volver a España a lo largo de los próximos meses aun a riesgo de ser detenido, dijo este viernes su abogado, Gonzalo Boye, en una entrevista radial concedida a la emisora RAC1.
Este movimiento lo propició la actividad política que ha tenido lugar esta semana en la que, por un lado, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, anunció la convocatoria de elecciones autonómicas para el 12 de mayo tras no conseguir aprobar unos presupuestos para la región para 2024. Y, en segundo lugar, por la aprobación de la proposición de Ley Orgánica de Amnistía por parte del Parlamento español.
A pesar de que esta proposición de ley todavía debe pasar por el Senado, donde se espera que sea rechazada, Boye se mostró confiado en que finalmente será aprobada cuando se retorne al Parlamento, lo que entonces permitiría el regreso de Puigdemont. “Mi consejo legal es que se ha generado todo el entramado jurídico que se necesita para que él pueda volver con garantías y que pueda ejercitar su vida política en los términos que él decida”, declaró a la emisora.
Ese regreso incluiría, previsiblemente, la incorporación de Puigdemont a la vida política de Cataluña. “Con el calendario que el presidente Aragonés propone, es evidente que podré estar presente en el debate de investidura [del presidente de la Generalitat de Cataluña], y que me haría mucha ilusión estar presente”, declaró el propio Puigdemont este miércoles desde el Parlamento Europeo, donde es diputado por el partido que lidera, Junts per Catalunya.
¿Por qué Puigdemont podría ser detenido?
El Tribunal Supremo imputa a Puigdemont los delitos de desobediencia y malversación por la organización del referendo de independencia del 1 de octubre de 2017. Además, lo declaró en rebeldía por evitar su enjuiciamiento al trasladarse a Bélgica pocas semanas después de que tuvieran lugar los hechos por los que se le procesa.
A eso se le añade una nueva causa liderada por el mismo órgano, que anunció el 29 de febrero que investigaría al expresidente de la Generalitat de Cataluña por la comisión de un presunto delito de terrorismo dentro del caso “Tsunami Democrátic”. Este caso se centra en investigar las diferentes protestas y manifestaciones llevadas a término por un grupo organizado que se denominaba de esa manera, y que tuvieron lugar en octubre de 2019 en puntos como el Aeropuerto de El Prat, en Barcelona, cuando se publicó la sentencia del caso “El Procés”, por el que se condenó a nueves líderes independentistas a penas de entre 9 y 13 años de prisión por su implicación en la organización del referendo de independencia del 1 de octubre de 2017.
El Tribunal Supremo entiende que Puigdemont, pese a encontrarse “fugado de la justicia”, estuvo “informado de la constitución del grupo organizado para la subversión del orden constitucional y desestabilización grave de las instituciones democráticas”, con lo que hay indicios de su “liderazgo absoluto, autoría intelectual” en los hechos investigados.
Por esta investigación y procesamiento, Puigdemont se considera víctima de una persecución política y judicial.
En caso de que la proposición de Ley Orgánica de Amnistía sea aprobada, algo que podría ocurrir en un período de dos a tres meses, Boye estima que decaería el proceso y la investigación en su contra. Algo que incluso le permitiría volver a presentarse como candidato al puesto que ocupó entre 2016 y 2017. “Si la ley se interpreta correctamente, no les quepa la menor duda que el presidente podrá volver a ser candidato a la presidencia de la Generalitat”, afirmó Boye en la entrevista con RAC1.