(CNN Español) – Un proyecto de ley que busca prohibir las terapias de conversión sexual enciende el debate en Costa Rica.
La propuesta está en el plenario de la Asamblea Legislativa a la espera del período de mociones de reiteración, es decir, de que se conozcan nuevamente sugerencias de modificaciones que han sido anteriormente rechazadas. De esta forma se avanzaría al primer y segundo debate y, en caso de aprobación, se convertiría en ley.
El proyecto añadiría artículos a la Ley General de Salud para prohibir y sancionar las “terapias de conversión” que, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, contemplan intervenciones que tienen por finalidad cambiar la orientación sexual de una persona o su identidad de género.
El proyecto de ley establece que “queda prohibido realizar, impartir, aplicar, obligar o financiar tratamientos, terapias, servicios o prácticas que obstaculicen, restrinjan, impidan, menoscaben, anulen o supriman la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona”.
La propuesta prevé sanciones que, según la gravedad del acto, irían desde penas de sesenta a cien días de multa hasta la suspensión del ejercicio de la profesión por tres años.
La iniciativa fue presentada en 2018 por el exlegislador del izquierdista partido Frente Amplio (FA) José María Villalta, durante la legislatura anterior que finalizó en abril de 2022, y ahora es impulsada por la representación actual del partido en el Congreso.
Según esta fracción legislativa, el texto se actualizó en marzo de 2023 y fue dictaminado positivamente por unanimidad en abril de ese año en la Comisión de Derechos Humanos.
La mayor oposición al proyecto proviene del partido de derecha conservadora Nueva República. El jefe de la fracción, Fabricio Alvarado, anunció el pasado 9 de febrero más de cien mociones para frenar su avance en la Asamblea Legislativa y pidió tiempo para presentar un texto sustitutivo.
“Líderes religiosos, iglesias y consejeros pero también psicólogos estarán amenazados al no poder guiar, dar ayuda, consejería y ni siquiera orar o mencionar su oposición a la agenda LGTB. Por eso, ese proyecto no debe aprobarse”, dijo el legislador.
Por su parte, el legislador del FA Antonio Ortega sostiene que la iniciativa es clara y limita cualquier posibilidad de que eso ocurra.
El proyecto en discusión establece que “se exceptúan los tratamientos, consejerías y servicios de salud de tipo afirmativo del género y sexualidad, siempre que obedezcan a la propia decisión de la persona y tengan por finalidad asegurar el derecho a la salud física y mental e identidad”.
Con respecto a la posibilidad de otro texto de Nueva República, Ortega dijo que no se debe vaciar de contenido el proyecto y convertirlo en “un permiso para discriminar y torturar a las personas o para construir y promover el odio”.
En tanto, la oficina de prensa del partido Nueva República dijo a CNN que la próxima semana definirán si se presenta otro texto o si continúan con las mociones para frenarlo.
Ortega señaló que, según el procedimiento, la presidencia del Congreso consulta a Nueva República si va a presentar las mociones de reiteración. Si es afirmativa la respuesta, se agenda la fecha para discutirlas en el plenario y, si no las presentan, se votaría el plan en el primer debate, tomando en cuenta los 20 minutos que tiene cada legislador para argumentar su posición.
¿Qué dice el presidente de Costa Rica?
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, dijo en conferencia de prensa el 6 de marzo pasado que no había leído el proyecto del Frente Amplio, pero que esta agrupación “se ha caracterizado por proponer proyectos que son contrarios a los valores costarricenses”.
Chaves agregó que no cree que se deba “torturar o garrotear para evitar que una persona exprese su sexualidad”.
En respuesta al mandatario, Ortega dijo que, lejos discriminar o perseguir, el proyecto es un paso en la dirección correcta en materia de derechos humanos, “como es la vía costarricense”. Agregó además que la iniciativa ha sufrido cambios para mejorar, y que cualquier conversación, terapia o acercamiento debe hacerse de forma asertiva. “Esto quiere decir que a la persona no se le diga que está enferma, que tiene un demonio y que tiene que ser sanado”.
Una carta, cinco embajadas
En una carta enviada al Congreso el 4 de marzo pasado, las embajadas de Estados Unidos, Canadá, Colombia, España y Países Bajos, de forma conjunta, respaldaron la prohibición de las terapias de conversión sexual argumentando que “suelen causar traumas psicológicos y físicos profundos y duraderos a las personas afectadas y que sus devastadores impactos incluyen ansiedad, depresión, baja autoestima, suicidio o pensamientos suicidas, y también representan una afrenta directa a los derechos humanos”.
En contraposición, la Conferencia Episcopal de Costa Rica manifestó en un pronunciamiento que no está de acuerdo con el plan. Según los religiosos, no se diferencia “entre las personas menores y mayores de edad”, con lo cual “no se asegura el respeto que el Estado costarricense debe a los derechos y deberes de los padres y madres con respecto a sus hijos. La comunicación señala que “se violan los derechos de aquellas personas que, libremente, no se sienten conformes con su condición y quieren buscar ayuda para cambiar”.
En 2012, la Organización Panamericana de la Salud señaló que las “terapias de conversión” no tienen justificación médica y representan una amenaza para la salud y los derechos humanos de sus víctimas.
En el mismo sentido, en 2016 la Asociación Mundial de Psiquiatría llegó a la conclusión de que “no existen pruebas científicas sólidas de que se pueda cambiar la orientación sexual innata”.