(CNN) – Un tribunal federal de apelaciones escuchará argumentos este miércoles sobre si se debe permitir que Texas aplique temporalmente su controvertida ley que permite a los funcionarios estatales arrestar y detener a personas de las que sospechan que ingresan ilegalmente al país.
La audiencia se produce un día después de que la Corte Suprema allanara el camino para que la medida entrara en vigor, que posteriormente fue bloqueada por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos el martes por la noche.
La ley, conocida como SB4, es parte de la batalla en curso entre Texas y la administración de Joe Biden sobre la política fronteriza y el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. La aplicación de la ley de inmigración, en general, es responsabilidad del Gobierno federal, pero la ley firmada por el gobernador republicano Greg Abbott en diciembre convierte el ingreso ilegal a Texas en un delito estatal y permite a los jueces estatales ordenar la deportación de inmigrantes.
La ley fue inicialmente impugnada por la administración Biden, un par de grupos de defensa de la inmigración y el condado de El Paso, todos los cuales han enfatizado a lo largo del litigio que la entrada y expulsión de migrantes ha estado durante mucho tiempo dentro de la competencia del Gobierno federal.
Por su parte, Texas argumentó que la SB4 “concuerda con la ley federal” y afirma que “los estados generalmente disfrutan de una amplia libertad para regular la mala conducta de los extranjeros y procesar los delitos que implican la entrada ilegal”.
Los argumentos orales virtuales comenzaron a las 11 a.m. ET.
El Quinto Circuito considerará una solicitud de funcionarios de Texas para revocar temporalmente el fallo de un juez federal que suspendió la aplicación de la SB4. Si conceden la llamada suspensión pendiente de apelación, los funcionarios estatales podrían hacer cumplir la ley mientras el circuito considera el recurso mayor de la medida cautelar dictada por el tribunal inferior de Texas.
Los argumentos en esa apelación están programados para el 3 de abril.
La Corte Suprema dejó que la ley entrara en vigor durante varias horas el martes
La Corte Suprema no explicó su razonamiento el martes cuando votó a favor de permitir que la ley entrara en vigor en espera de nuevas acciones del Quinto Circuito.
Sin embargo, una opinión concurrente escrita por la jueza Amy Coney Barrett, a la que se unió el juez Brett Kavanaugh, explicó que el tribunal de apelaciones había dictado sólo una orden “administrativa” temporal. Barrett parecía ansiosa por impedir que la Corte Suprema revisara dichas órdenes.
Barrett y Kavanaugh, dos votos críticos en el tribunal superior, escribieron que los jueces deberían mantenerse al margen de las dudas de los tribunales de apelaciones cuando se trata de pausas “administrativas” de muy corto plazo que generalmente se utilizan para dar a los tribunales unos días adicionales para revisar los casos.
“Puede llegar el momento, en este caso u otro, en que este tribunal se vea obligado a concluir que una suspensión administrativa se ha convertido efectivamente en una suspensión pendiente de apelación y revisarla en consecuencia”, escribió. “Pero en este momento de este caso, esa conclusión sería prematura”.
Barrett escribió que si el Quinto Circuito no emite una decisión pronto, la administración de Joe Biden y las demás partes en el caso podrían regresar a la Corte Suprema.
El Quinto Circuito programó los argumentos del miércoles poco después.
Los tres jueces liberales discreparon y dijeron que la ley debería permanecer bloqueada.
La jueza Sonia Sotomayor, a cuyo disenso se unió la jueza Ketanji Brown Jackson, dijo que la orden “invita a más caos y crisis en la aplicación de la ley de inmigración”.
La ley, escribió Sotomayor en su disidencia, “trastoca el equilibrio de poder federal-estatal que ha existido durante más de un siglo, en el que el Gobierno Nacional ha tenido autoridad exclusiva sobre la entrada y expulsión de no ciudadanos”.
John Fritze de CNN contribuyó a este informe.