(CNN Español) – La sorpresiva decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos este martes de permitir la entrada en vigor de ley de inmigración en Texas demostró no solo el caos que la norma puede causar en la política inmigratoria del país, sino también el reto que enfrentan las autoridades municipales de ese estado. La medida desafía la autoridad del Gobierno Federal, al que corresponde la política inmigratoria y la aplicación de las leyes vigentes sobre el tema.
Hasta este miércoles, la implementación de la ley estaba en pausa, debido a la decisión del Corte de Apelaciones del Quinto Circuito que debate la constitucionalidad de la ley medida. Durante una audiencia ante los magistrados el procurador general de Texas, Aaron Nielson, reconoció que no está seguro cómo los jueces estatales interpretan la ley.
La magistrada Priscilla Richman indicó en la audiencia que, históricamente, ningún estado ha exigido el derecho de deportar inmigrantes indocumentados.
Este miércoles, Richman también adelantó durante la audiencia que el panel de jueces de la Corte de Apelaciones podría permitir que ciertas partes de la medida entren en vigor, aunque no detalló cuáles.
La SB4, promulgada en diciembre por el gobernador Greg Abbott, del partido republicano, tipifica como delito entrar ilegalmente a Texas y permite, entre otras cosas, que policías locales y estatales arresten a personas bajo sospecha de estar ilegalmente en el país, presentarles cargos penales y, si un juez lo determina y el acusado concuerda, deportarlo. Pero arrestar y procesar migrantes indocumentados no es fácil.
El sheriff del condado Maverick, Tom Schmerber, dijo que su departamento no puede perder el tiempo arrestando a quienes están ilegalmente en Texas y que su enfoque es la seguridad. Ese condado incluye a la ciudad de Eagle Pass, que durante meses ha sido el epicentro del cruce masivo de migrantes. Schmerber explicó que solo tiene 34 agentes y que la detención y procesamiento de personas indocumentadas son una distracción.
La ley representa un dilema también para los agentes que no están cerca de la frontera con México. En el condado Chambers, cerca de la línea estatal con Louisiana, el sheriff Brian Hawthorne señaló que ellos no quieren hacer el trabajo de la Patrulla Fronteriza pero que, si detienen alguna persona por algún crimen y se descubre que esa persona esta ilegalmente en el país, se le presentarían los cargos correspondientes.
Hawthorne, quien además integra la Asociación de Sheriffs de Texas, dice, sin embargo, que agradecen la intención de la norma SB4 y la iniciativa del gobernador para tratar de detener el flujo de migrantes.
Otro reto para implementar esta legislación es la falta de espacio para recluir a los indocumentados arrestados bajo la nueva ley. Los municipios dicen no tener espacio para la potencial cantidad de detenciones, aunque el estado asegura tener tres instalaciones designadas para este propósito.
Y también está la logística de las posibles deportaciones. La ley indica que las personas deben ser regresadas al país por donde ingresaron. Texas solo tiene frontera con México, por lo que los migrantes serían devueltos a ese país. Pero eso requiere coordinación con las autoridades mexicana, algo que ya sucede de manera rutinaria por acuerdo entre los dos gobiernos federales. Pero el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que su país no aceptará migrantes deportados de Texas con base en la SB4.