(CNN) –– “Un ambiente de acoso, de hostigamiento, de persecución”, sería uno de los efectos secundarios de la controversial ley SB4 de Texas, que permitiría a las autoridades estatales detener y deportar a quienes sean sospechosos de haber entrado ilegalmente a Estados Unidos, según explicó este jueves Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Cancillería de México, en entrevista con Carmen Aristegui para CNN.
El rechazo del Gobierno de México hacia la controversial ley va más allá de un reproche amistoso, como suele hacerlo el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que “lo que queremos es que los tres jueces en el panel de la Corte de Apelaciones sepan cómo ve México esta ley, las implicaciones de esta ley”, señaló el abogado.
De acuerdo con Celorio, el impacto negativo de la ley SB4 alcanzaría no solo a los migrantes, sino también a los turistas, estudiantes y personas de negocios que viajan a Estados Unidos pues se generalizará el acoso contra los mexicanos.
¿Qué está haciendo México al respecto?
El jueves el Gobierno de López Obrador presentó “un escrito de amigo de la corte (amicus curiae) ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito” de Estados Unidos describiendo cómo la ley inmigratoria de Texas afectaría a los nacionales mexicanos.
“Esta ley va a generar tensiones entre el Gobierno de Estados Unidos y México, porque nosotros hablamos con Estados Unidos en materia migratoria y de pronto surge un estado fronterizo que nos dice pues nosotros te vamos a regresar a las personas, y oye gobierno federal pues contigo hablo, por qué sale ahora este y, ¿habrá otros estados que quieran hacer lo mismo?”, detalló Celorio Alcántara.
Según explicó el representante legal, “no somos parte en el litigio, pero estamos presentando nuestra opinión”.
¿Quiénes forman parte del litigio?
El consultor jurídico de la Cancillería de México le dijo a Carmen Aristegui que las “organizaciones de la sociedad civil presentaron una demanda contra la ley SB4, demandan a Texas argumentando que la ley es inconstitucional” y el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó “una demanda similar”.
Según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en una declaración que envió a CNN, hay dos litigios relacionados con la ley. El primero, presentado por el condado El Paso, Texas, junto a organizaciones civiles, y el segundo del Gobierno de Estados Unidos contra el estado de Texas, su gobernador, Greg Abbott, y del director del Departamento de Seguridad Pública del estado.
Quinto Circuito y Suprema Corte, ¿qué le toca a cada quién?
A última hora del martes, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, volvió a suspender la ley de inmigración de Texas, horas después de que la Corte Suprema de Justicia despejara el camino para que el estado comenzara a hacer cumplir la medida mientras el tribunal inferior considera el fondo del caso.
En el comienzo de este drama judicial, un juez federal de primera instancia suspendió la aplicación de la ley estatal. Texas apeló ante el Quinto Circuito —de perfil conservador y con frecuencia favorable a las posiciones de ese estado—. La Corte del Quinto Circuito tomó una medida administrativa que le permitía a Texas poner en práctica la ley SB4 mientras revisaba el caso. El Departamento de Justicia apeló ante la Corte Suprema. Y el máximo tribunal primero suspendió dos veces la entrada en vigor de la SB4, pero esta semana, un día después de la segunda suspensión, dijo que Texas podía poner en práctica la ley mientras la Corte del Quinto Circuito decidía sobre la cuestión de fondo. Aunque votó con la mayoría conservadora de la Corte Suprema que le dio el visto bueno a Texas, la jueza Amy Coney Barrett deslizó una crítica al uso de las decisiones administrativas por el tribunal de Nueva Orleans. No está claro si tuvo alguna conexión con esa nota veladamente crítica, pero horas después, la Corte de Apelaciones volvió a suspender la aplicación de la ley. Y hasta ahora no ha hecho pública una decisión.
En el escrito, la Cancillería mexicana destacó que “el tema de estas acciones legales fue la suspensión temporal de la entrada en vigor de la Ley, no el fondo del asunto (el contenido de la Ley, su constitucionalidad e implicaciones)”.
Según el representante legal de la Secretaría, “hemos visto ese sube y baja de suspensiones y seguramente veremos más en las próximas semanas”.