Nota del editor: Jorge Dávila Miguel es Licenciado en Periodismo desde 1973 y ha mantenido una carrera continuada en su profesión hasta la fecha. Ostenta posgrados en Ciencias de la Información Social y Medios de Comunicación Sociales, así como estudios superiores posuniversitarios en Relaciones Internacionales, Economía Política e Historia Latinoamericana. Es de nacionalidad cubana y ha recorrido casi todos los niveles y labores de su profesión, desde reportero hasta corresponsal extranjero en prensa plana y radial, así como productor ejecutivo en medios televisivos. Como columnista, Dávila Miguel ha sido premiado por la Asociación de Periodistas Hispanoamericanos y la Sociedad Interamericana de Prensa. Actualmente Dávila Miguel es columnista del Nuevo Herald, en la cadena McClatchy y analista político y columnista en CNN en Español.
(CNN Español) – Tendremos que esperar hasta el 26 de junio para saber cuál será la condena de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, encontrado culpable recientemente de tres cargos relacionados con el tráfico de drogas. Entre las posibles penas se barajan hasta tres cadenas perpetuas consecutivas, que garantizarían a la justicia de la Corte del Distrito Sur de Nueva York un infinito castigo para el exmandatario.
Esta semana, además, las autoridades incautaron 131 bienes de supuesto origen ilícito que estaban a nombre del expresidente y varios de sus familiares. Y al igual que en Estados Unidos, donde los abogados han prometido apelar al veredicto contrario a Hernández, los apoderados del exmandatario anunciaron que reunirían la documentación necesaria para demostrar que son bienes legítimos.
Aunque no era presidente, el juicio de Hernández recuerda al de Manuel Antonio Noriega, el hombre fuerte de Panamá, juzgado y condenado en EE.UU. también por narcotráfico y lavado de dinero tras la invasión ordenada en diciembre de 1989 por el Gobierno de George H. Bush. La operación, denominada Causa Justa, dejó entre 200 y 300 combatientes panameños y más de 300 civiles muertos, al igual que 23 militares estadounidenses, y cientos de civiles heridos. Tanto Noriega como Hernández fueron conocidos como aliados de Estados Unidos antes de que cayeran en desgracia.
Aquí surgen varias preguntas: ¿fue el de Hernández un caso puntual en el que la justicia estadounidense no tuvo otra manera de actuar? ¿O significa una clara alerta para cualquier presidente sospechoso de delitos después de dejar el cargo? La misma Latinoamérica parece haber allanado el camino para esta última opción, ya que el arma jurídica es empleada para procesar tanto a presidentes que hayan cometido delitos imputables como a mandatarios con una ideología opuesta a la de sus acusadores. Brasil, Argentina, México, Colombia y sobre todo, Perú -con cinco expresidentes procesados- han sido escenarios de este complicado asunto. En ellos, tanto los exmandatarios condenados como los absueltos han enfrentado procesos judiciales manipulados políticamente o justos.
De todas maneras, un proceso judicial en el propio país es sustancialmente diferente a uno conducido en el extranjero, como acaba de demostrarse en el juicio del expresidente Hernández, lo cual indicaría debilidad institucional y, por lo tanto, falta de soberanía. Sabemos lo complejo que es dicho término en las relaciones internacionales. La creciente globalización, áreas de influencia, intereses nacionales y partidarios contrapuestos influyen en su efecto y dependen de quien gobierne el país en el momento.
Habría que ser un especialista en ciencia jurídica para poder evaluar el proceso contra Juan Orlando Hernández y también un adivino para predecir cuáles serán sus consecuencias para Estados Unidos y los países latinoamericanos. Pero me atrevo a dar mi opinión.
Hernández, de aliado a enemigo
Basta hacer una búsqueda en esa memoria colectiva que es internet para comprobar que el exmandatario hondureño era considerado un aliado político de Washington en Tegucigalpa desde que accedió a la primera magistratura hondureña en 2014. En 2009 había tenido lugar el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya, cuando existieron serias dudas sobre la participación de Washington en la asonada militar, aunque el Gobierno del entonces presidente Barack Obama lo negó.
Tras el golpe a Zelaya, y después del breve mandato de Roberto Micheleti, Porfirio Lobo subió a la presidencia, durante la cual su hijo Fabio Lobo estuvo involucrado en el narcotráfico y hoy cumple condena en Estados Unidos. Al igual que Tony Hernández, exdiputado hondureño y hermano del entonces presidente Hernández, quien también fue condenado por narcotráfico y otros delitos relacionados en 2021. La verdad es que en ese caldo del poder es fácil acusar al antiguo aliado de EE.UU. de lo mismo. Aunque la condena por asociación no es potable en las cortes de justicia estadounidenses.
Según refieren reportajes de varios medios que tocaron dicho tema, hubo pocas pruebas documentales en el proceso y el testimonio de los siguientes narcotraficantes condenados en Estados Unidos fue fundamental: Alexander Ardón, Fabio Lobo, Luis Pérez y José Sánchez, “el contador” de Geovany Fuentes, narco también sentenciado en 2022. José Sánchez pidió asilo en Estados Unidos después de declarar contra su exjefe. Y ahora vuelve a declarar contra el expresidente Hernández.
¿Obtendrán reducción de sus condenas los que testimoniaron en contra de Juan Orlando Hernández? Seguramente. Y es imaginable que habrían hecho lo imposible por ver la luz del sol, pero lo imaginable tampoco sería potable en las cortes estadounidenses, así que posiblemente los narcos convictos se aferraron estrictamente a la verdad quizás sin obtener nada a cambio. Algún día se sabrá.
Lo cierto es que el símbolo de la Justicia aparece con los ojos vendados y una balanza suspendida en la mano, implicando su virtuosa imparcialidad. Pero tiene siempre sus ojos vendados.
Tomar, como es ya usual, el testimonio de criminales condenados dándolos como verdaderos a cambio de privilegios en sus penas es una práctica de dudosa moralidad y acierto, aunque en algunas jurisdicciones se aplica en la lucha contra el crimen organizado. No dudo de la culpabilidad del expresidente Juan Orlando Hernández. Es una opinión basada en las informaciones publicadas y en la potabilidad de la culpa por asociación. Pero tampoco estoy seguro de que ese dudoso método incriminatorio testimonial en una corte sea apropiado para determinar la culpabilidad de un acusado. La Justicia debe tener un ojo abierto para ver quienes dicen la verdad o la mentira por intereses personales.