(CNN) – Una mujer en Texas demandó a los fiscales y al condado de Starr por más de US$ 1 millón después de que la arrestaran y la acusaran ilegalmente de asesinato por un aborto que se practicó en 2022.
Lizelle González fue arrestada y acusada de asesinato en 2022 en el condado de Starr, Texas, después de usar medicamentos abortivos para abortar a las 19 semanas de embarazo. La joven, que entonces tenía 26 años, pasó dos noches en la cárcel, mientras su nombre, su fotografía policial y su información médica privada eran noticia nacional, según la demanda. Los cargos fueron desestimados días después.
El arresto ocurrió meses antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el fallo de Roe vs. Wade, y en un momento en que los abortos después de las seis semanas de gestación eran ilegales en Texas. Sin embargo, a las personas embarazadas no se les puede procesar penalmente por sus propios abortos según la ley estatal, ni ahora ni en el momento del arresto de González, en 2022.
González ahora demandó a los fiscales, argumentando en su demanda que, de manera intencional, tergiversaron los hechos e ignoraron sus derechos para poder arrestarla y acusarla, cambiando irrevocablemente el curso de su vida.
La denuncia se presentó la semana pasada contra Gocha Allen Ramirez, fiscal de distrito del condado de Starr; Alexandria Lynn Barrera, asistente del fiscal de distrito; y contra el propio condado. CNN se ha comunicado con todos los acusados.
“No tenemos ninguna duda de que el fiscal de distrito del condado de Starr y su oficina eran muy conscientes de que la ley de Texas exime a una mujer que se somete a un aborto, por cualquier medio, de un cargo de asesinato y, sin embargo, decidió presentar una acusación injusta e inconstitucional”, dijeron a CNN las abogadas de González, Cecilia Garza y Verónica S. Martínez, en un comunicado. “Una violación tan flagrante de los derechos civiles básicos de la señora González no puede considerarse como un mero ‘error’”.
Ramírez enfrenta consecuencias profesionales más allá de la demanda.
Una investigación realizada por el Colegio de Abogados del Estado de Texas concluyó en enero que Ramírez había tenido una mala conducta profesional y le impuso una multa de US$1,250, además de colocar su licencia bajo suspensión legal por un año, a partir de este lunes.
Los fiscales de la oficina de Ramírez intentaron “presentar cargos de homicidio criminal contra un individuo por actos claramente no criminales en conformidad con el Código Penal de Texas” y Ramírez “no se abstuvo de presentar un cargo que se sabía que no estaba respaldado por una causa probable”, indican las conclusiones del panel de investigación de un colegio de abogados estatal que Ramírez firmó en reconocimiento.
Según las conclusiones del panel, aunque Ramírez negó haber sido informado sobre los hechos del caso antes de que su oficina lo procesara, los investigadores determinaron que un fiscal en su oficina lo consultó de antemano y permitió que el caso siguiera adelante.
Barrera, que solo había sido admitida para ejercer el derecho en Texas poco más de cinco años antes del incidente, no ha enfrentado ninguna acción disciplinaria pública por su papel en el procesamiento de Herrera, según muestran los registros del colegio de abogados del estado.
La denuncia señala que González se autoindujo un aborto en enero de 2022 utilizando misoprostol, una pastilla que se puede usar sola o con otro medicamento, la mifepristona, para completar un aborto con medicamentos.
Después de que González fuera examinada en el Hospital Memorial del condado de Starr, el personal informó del aborto a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado , en violación de las leyes federales de privacidad, indica el documento. CNN se comunicó con el hospital, que no figura como acusado en esta demanda, para solicitar comentarios.
La demanda alega que Ramírez y Barrera “hicieron tergiversaciones de los hechos y de la ley ante un gran jurado, ignorando imprudente y cruelmente los derechos de la demandante, permitiendo que se iniciara un proceso malicioso contra ella”.
Días después de que González fuera acusada, Ramírez anunció que su oficina retiraría los cargos, y declaró que ella no había cometido ningún acto criminal.
“Al revisar este caso, queda claro que el Departamento del Sheriff del Condado de Starr cumplió con su deber de investigar el incidente que les acercó el hospital que informó el caso. Ignorar el incidente habría sido un incumplimiento de su deber”, escribió en un comunicado de prensa del 10 de abril de 2022.
Sin embargo, la denuncia alega que “basándose en información y creencias”, ni la Oficina del Sheriff del Condado de Starr ni el Departamento de Policía de la Ciudad de Rio Grande realizaron una investigación en el caso, sino que la oficina del fiscal de distrito “inició y realizó su propia investigación basada en informes del personal del hospital”.
CNN se comunicó con la Oficina del Sheriff del Condado de Starr y el Departamento de Policía de la Ciudad de Rio Grande para solicitar comentarios.
Después de que González fuera “involuntariamente y perjudicialmente arrojada a la vista del público”, la atención sólo aumentó con la noticia de que se retiraron los cargos, afirma la denuncia.
Los defensores de las mujeres y sus derechos reproductivos describen el incidente como un intento descarado de restringir el acceso de las mujeres a la atención médica.
“En este caso, el Fiscal de Distrito del Condado de Starr y el Fiscal Auxiliar de Distrito no tenían ningún derecho a presentar una acusación de asesinato en lo que claramente era simplemente otro esfuerzo para ejercer control sobre la decisión profundamente personal de una mujer en materia de planificación familiar y sobre su propia autonomía corporal – y en oposición directa a la gran mayoría de estadounidenses que apoyan el acceso a la píldora abortiva”, dijo a CNN Rachel O’Leary Carmona, directora ejecutiva de Women’s March y Women’s March Network, en un comunicado.
Meses después del arresto de González, Texas implementó una prohibición casi total del aborto, con contadas excepciones para emergencias médicas. La ley estatal protege de responsabilidad penal a las pacientes que se practican un aborto, aunque los profesionales médicos pueden ser procesados por realizar abortos.
“En un mundo de leyes extremistas sobre el aborto en los estados rojos, lo que estamos viendo en Texas son algunos de los casos más indefendibles y radicales en los que funcionarios estatales se esfuerzan por castigar y controlar a las mujeres que necesitan desesperadamente servicios de aborto”, agregó Carmona.