(CNN) –– La Superintendencia Nacional de Salud de Colombia efectuó la intervención forzosa para administrar la EPS Sanitas, que forma parte de la empresa española Keralty y es la segunda Entidad Prestadora de Salud más grande del país, después de la Nueva EPS.
La superintendencia “ordenó la toma de posesión de los bienes y negocios a nivel nacional” de Sanitas, según un comunicado.
El organismo indicó que tomó la decisión, que se extenderá por un año, luego de “evidenciar el estado de la situación financiera, el incumplimiento del indicador patrimonial y el creciente número de quejas de los usuarios” de la entidad de prestación de servicios de salud. La EPS Sanitas cuenta actualmente con unos 5,7 millones de afiliados, según cifras de la superintendencia.
En Colombia, las EPS son las entidades responsables de la afiliación y atención de los ciudadanos a los servicios generales de salud. Se encargan también del recaudo de los aportes en dinero que hacen los contribuyentes para acceder a los servicios y son financiadas por el gobierno nacional.
El superintendente de Salud, Carlos Leal Angarita, dijo en rueda de prensa que la intervención administrativa de la EPS Sanitas no afecta a los afiliados y en ningún momento se va a detener la prestación de servicios de salud.
Leal agregó que se han removido de sus cargos al representante legal, a la junta directiva y la asamblea de accionistas de la EPS Sanitas. El ministro de Salud de Colombia, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que el gobierno tiene el objetivo de corregir las situaciones que se han estado presentando con la EPS Sanitas de deudas con acreedores y las quejas de reclamos de servicios.
Las autoridades informaron también que designaron como interventor a Duver Vargas, para que adelante la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la EPS Sanitas y lleve a cabo el proceso de intervención.
Según la Superintendencia de Salud, la EPS Sanitas, a diciembre de 2023, tiene deudas que ascienden a más de 2 billones de pesos, unos 525.000 millones de dólares, lo que pone en riesgo no solo la prestación del servicios a sus afiliados sino de todos aquellos usuarios de las redes acreedoras.
Además, se informó que se presentó un incremento de reclamaciones dirigidas a la EPS Sanitas durante el año 2023, con un total de 185.634 y una tasa de incidencia de 321,25 por cada 10.000 afiliados, una “cifra que supera significativamente el promedio nacional”, según el comunicado.
Según la superintendencia, los principales motivos de reclamaciones muestran deficiencias en asignación y oportunidad de citas y consultas, entrega de tecnologías en salud, y en la autorización y atención de otros servicios de salud.
Hasta este miércoles, las oficinas de Keralty en Colombia y en España no se habían pronunciado ante la intervención del Gobierno. CNN intenta contactar al grupo empresarial para conocer su reacción.
Intervención controversial
La intervención administrativa de la EPS Sanitas ocurre mientras se discute en el Congreso de la República el proyecto gubernamental de reforma a la salud y generó críticas. “A las buenas o a las malas parece ser el designio oficial para que la ciudadanía quede sin buenos aseguradores en salud y al final solamente se disponga de estatismo, burocratismo y politiquería. ¿Quién en el sector privado volverá a invertir para prestar servicios de salud?”, escribió en su cuenta en la red social X, antes Twitter, el expresidente Álvaro Uribe.
El presidente Gustavo Petro le respondió al exmandatario en la misma red social: “Ningún estatismo, estimado expresidente Uribe: todas las clínicas, hospitales y consultorios que pagaba Sanitas con dineros públicos seguirán sin intermediario siendo pagadas con dinero públicos, es decir, crecerán”.
Otros, como el exministro de Salud y de Educación, Alejandro Gaviria, catalogaron la medida como una represalia de Petro a la falta de mayorías en el Congreso para sacar adelante la reforma a la salud.
“Estamos ante una medida arbitraria, una retaliación que pone en riesgo la vida de mucha gente”, sostuvo Gaviria en su cuenta en X.
Aunque el Gobierno ha garantizado la continuidad y normalidad en la prestación de los servicios de salud, hay preocupación entre los pacientes y usuarios. Pacientes Colombia, un movimiento que agrupa a unas 198 organizaciones de pacientes en todo el país, manifestó mediante un comunicado que “la calidad en la atención médica tiende a verse comprometida tras la intervención. Los usuarios podrían llegar a experimentar dificultades en la entrega de medicamentos y disminución en la calidad de servicios prestados”.
Este martes, Leal dijo que “esta medida se toma con el ánimo de proteger los intereses y la salud de la población así que este mensaje es de tranquilidad, no se está entrando en un proceso de liquidación de la EPS”.