(CNN) – Después de la muerte del recluso Jim Kennedy Jr. el año pasado en el centro penitenciario de Limestone en Harvest, Alabama, su cuñada recibió una llamada inusual de la funeraria que preparaba el cuerpo para el entierro.
“¿Se habían dado cuenta de que regresó sin sus órganos?”, recuerda Sara Kennedy que le dijeron. “El hígado, el corazón. Todos sus órganos principales desaparecieron”. “No tenía nada”, dijo el hermano de Kennedy, Marvin.
Otro recluso sufrió un destino similar. Arthur Stapler tenía 85 años cuando murió cinco meses después que Kennedy Jr. en el Centro Médico Bautista Brookwood de Birmingham. Había estado alojado en el Centro Hamilton para Ancianos y Enfermos, que también gestiona el Departamento Correccional de Alabama.
“Es como una película de terror de la que no puedo despertar”, dijo Billy, el hijo de Stapler, que se enteró de la falta de órganos tras contratar a un patólogo privado para que realizara una autopsia al cadáver.
Solo después de ponerse en contacto con la Universidad de Alabama en Birmingham, que figura entre los proveedores que realizan autopsias para el sistema penitenciario, la familia de Stapler recibió lo que les dijeron que eran su cerebro y su corazón en bolsas de plástico para vísceras. Los pulmones y algunos otros órganos internos llegaron en trozos, pero no todos fueron devueltos.
Con más de 26.000 reclusos, las cárceles de Alabama, gravemente superpobladas y con escasez de personal, son el blanco de una demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos que alega que el estado no solo no previene la violencia y los abusos sexuales tras las rejas, sino que no protege a los reclusos de la fuerza excesiva del personal penitenciario ni proporciona condiciones seguras.
Las prisiones masculinas de Alabama tienen también las tasas de muertes más altas del país, con una tasa de homicidios en 2019 más de siete veces superior a la media nacional, según un informe de la organización sin ánimo de lucro Equal Justice Initiative.
Y la pesadilla del encarcelamiento masivo en el estado no parece terminar con la muerte.
El Departamento Correccional del estado y la Universidad de Alabama en Birmingham se enfrentan ahora a las inquietantes acusaciones de las familias de cinco reclusos cuyos órganos fueron extraídos y, al parecer, conservados sin consentimiento, según las demandas presentadas la semana pasada ante el Tribunal de Circuito del condado de Montgomery. Un abogado de las familias alegó que los órganos se conservaron con fines didácticos.
“Es el salvaje, salvaje oeste. No hay gobierno”, dijo Lauren Brinkley-Rubinstein, profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke y experta en normas penitenciarias, sobre las acusaciones relacionadas con la manipulación de los órganos de los reclusos en el sistema penitenciario.
“Es como la prestación de asistencia sanitaria. No hay normas. Cómo debe ser esa atención sanitaria, quién tiene autonomía corporal y quién no, y quién, cuando alguien muere, actúa como pariente más próximo de las personas encarceladas… todas esas cosas están sin definir. No hay estándares ni supervisión”.
El director de la prisión está facultado para dar el consentimiento, según las demandas
El Departamento Correccional de Alabama es el mayor organismo policial del estado, con 28 centros y casi 2.000 funcionarios.
La Facultad de Medicina Heersink de la Universidad de Alabama en Birmingham se autoproclama como uno de los centros médicos académicos más importantes del país en investigación, educación y atención clínica. Alberga uno de los mayores hospitales académicos de Estados Unidos.
En virtud de un acuerdo entre dos instituciones estatales con misiones divergentes, la UAB dijo que realiza autopsias para el departamento de correccionales, que es “responsable de obtener las autorizaciones adecuadas del representante legal apropiado del fallecido”.
“Los formularios de autorización no solo dan permiso para la autopsia, sino que también incluyen específicamente el consentimiento para la extracción de órganos o tejidos para pruebas diagnósticas o de otro tipo, incluida la disposición final”, dijo la UAB en un comunicado, añadiendo que las leyes de privacidad impedían hacer comentarios sobre autopsias concretas.
Se ha desatado un cruce de acusaciones entre la universidad y el departamento penitenciario sobre la cuestión de quién autoriza en última instancia las autopsias.
La UAB también dijo que no hace comentarios “sobre litigios pendientes o amenazados”, pero que cumple con las leyes que rigen las autopsias y está respondiendo a “afirmaciones incorrectas y engañosas” sobre los procedimientos que realiza para el departamento de correccionales.
“La UAB solo realiza autopsias tras obtener el consentimiento o la autorización del funcionario estatal correspondiente”, dice el comunicado.
El Departamento Correccional de Alabama también declinó hacer comentarios sobre el litigio pendiente, pero dijo que no autoriza ni realiza autopsias. La UAB sostiene que la correccional autoriza las autopsias de los reclusos.
“Una vez que un recluso muere, el cuerpo es transportado al Departamento de Ciencias Forenses de Alabama o (a la Universidad de Alabama en Birmingham) para que se le practique la autopsia, dependiendo de varios factores, entre ellos la región y si la muerte es ilícita, sospechosa o no natural”, dijo el departamento de correccionales en un comunicado.
La abogada de Birmingham Lauren Faraino dijo que las familias a las que representa en las cinco demandas le insistieron en que ninguno de los reclusos era donante de órganos, ni se pidió a sus familias autorización para conservar los órganos. Se estaban preparando al menos otras dos demandas, dijo.
En cambio, dijo la abogada, el propio formulario de autorización de autopsia de la UAB, obtenido por CNN, faculta al director de la prisión a dar su consentimiento “sin limitaciones” para la autopsia, así como para la disposición final de los órganos de un recluso.
Dijo que eso significa que la UAB puede conservar y disponer de los órganos como considere oportuno a menos que se le diga lo contrario.
Según un acuerdo sobre autopsias entre el correccional y el Consejo de Administración de la UAB que data de alrededor de 2005, el director firma como “representante legalmente designado y, por tanto, estoy legalmente facultado para conceder permiso para la realización de una autopsia y la extracción de órganos o tejidos para su posterior estudio de dicho recluso”.
“Por lo tanto, doy mi permiso para la realización de una autopsia que incluya la extracción de órganos o tejidos de dicho recluso para su diagnóstico u otras pruebas, incluida su disposición final”, se lee en el formulario de autorización de autopsia.
Las demandas citan una publicación de 2017 de la División de Autopsias de la UAB que decía que el 23% de los ingresos anuales de la división entre 2006 y 2015 procedían de autopsias del departamento de correccionales.
El departamento de correccionales paga a la UAB US$ 2.200 por autopsia y US$ 100 por prueba toxicológica, según las demandas.
En 2023, las prisiones de Alabama registraron la cifra récord de 325 muertes, según el Alabama Appleseed Center for Law & Justice, un grupo de defensa de la reforma de la justicia penal sin fines de lucro.
El centro jurídico informó de 1.045 muertes en prisiones estatales desde abril de 2019, cuando el DOJ publicó un informe sobre las condiciones de las cárceles, hasta finales del año pasado, citando cifras del Departamento Correccional de Alabama y datos del Centro Appleseed.
“La atroz mala conducta de los demandados no es otra cosa que un grave robo y mutilación”, dicen las demandas. Las instituciones estatales están acusadas de fraude, conspiración, negligencia, donaciones no autorizadas de partes del cuerpo, enriquecimiento injusto, no notificar a los parientes más próximos al retener órganos y otros cargos.
Una ley de Alabama aprobada en 2021 obliga a los médicos forenses a notificar a los familiares si van a retener los órganos de una persona fallecida para determinar su identificación o la causa o forma de su muerte. También necesitan la aprobación de los parientes cercanos para conservar órganos con fines de investigación o de otro tipo.
Un proyecto de ley que ahora se abre paso en la legislatura estatal convertiría la violación de esa ley en un delito grave de clase C por el cual se podría condenar hasta 10 años de prisión.
“Si se están extrayendo órganos para donarlos con fines de educación médica, investigación o cualquier otro fin sin la debida autorización, se trata tanto de un fallo legal como de un fallo moral”, afirmó Brendan Parent, abogado y director del programa de investigación sobre ética y política de trasplantes de la NYU Langone.
“No hay ninguna razón para creer que el director de una prisión tenga derechos de propiedad o titularidad sobre un cuerpo solo porque la persona haya estado encarcelada. Y por tanto, las leyes que existen para proteger el derecho de la familia a representar los deseos de donación, y a representar los deseos de entierro o de velatorio, esas se mantienen”.
En su declaración, la UAB insistió en que “no extrae órganos de cadáveres de reclusos para la investigación”. Su programa de patología está acreditado por el Colegio Estadounidense de Patólogos y cuenta con médicos certificados por la Junta Estadounidense de Patología, dijo la UAB.
“Los muertos no tienen voz. Y eso crea una especie de vacío importante a la hora de sacar a la luz estas historias”, dijo Parent. “Es increíblemente triste pero tiene sentido que no haya suficiente supervisión o atención a esto debido a la vulnerabilidad y la falta de representación de los derechos de estos individuos”.
Un informe de 2019 elaborado por el Departamento de Justicia y la Fiscalía General de Alabama no mencionaba problemas con órganos desaparecidos, pero afirmaba que el departamento correccional del estado no disponía de un sistema fiable de seguimiento de las muertes bajo custodia.
Los investigadores federales identificaron al menos 30 muertes que no fueron reveladas al Departamento de Justicia. El informe también halló que el Departamento Correccional de Alabama no mantenía un depósito centralizado de todas las autopsias y no tenía una forma de identificar patrones en las causas de muerte.
“Nos sentimos avergonzados”
Un grupo de estudiantes de medicina de la UAB cuestionó la ética de la retención por parte de la escuela de algunos órganos de reclusos sin consentimiento ya en 2018, un año antes del mordaz informe federal sobre las condiciones generales de las prisiones.
En una carta al comité de ética del hospital de la UAB y a los administradores de la escuela de medicina en julio de 2018, un grupo de estudiantes de medicina escribió para “expresar nuestra preocupación por el proceso de consentimiento para el uso de órganos de personas encarceladas en nuestra educación preclínica”.
“Nuestra preocupación no es con la práctica de la autopsia, sino con el proceso de consentimiento para la retención y el uso de muestras de tejido”, escribieron los estudiantes de medicina en la carta.
“Los guardianes pueden limitar la autopsia a una determinación estricta de la causa de la muerte, sin retener tejidos para investigación o educación. Sin embargo, según la evaluación del director de la División de Autopsias, los directores de las prisiones siempre firman ‘sin limitaciones’ en el formulario que inicia la solicitud de autopsia. Si nuestra interpretación es correcta, ni el paciente ni su familia han dado su consentimiento ni han sido informados directamente de la retención de tejidos para la enseñanza, la educación o la investigación”.
Faraino calificó la carta y otros registros de reuniones con funcionarios de la escuela de “pruebas concretas de que los estudiantes están utilizando algunos de estos órganos para su formación en la facultad de medicina”.
“Todos estamos de acuerdo en que queremos médicos formados y que tengan acceso a estos órganos para perfeccionar su oficio”, dijo Faraino. “Lo que no queremos es que médicos y patólogos se dediquen a extraer cadáveres sin el permiso de la familia”.
Dos de esos estudiantes de medicina de la UAB hablaron con CNN y dijeron que los instructores del laboratorio de patología reconocieron que muchas muestras de enseñanza procedían de reclusos, sobre todo por la patología más dramática de los presos. Los estudiantes pidieron no ser nombrados por temor a repercusiones en sus carreras.
“Es clara y obviamente incorrecto”, dijo un estudiante. “No hay ninguna concepción de la ética médica en la que esto sea permisible”.
Según los estudiantes, un número desproporcionado de muestras de órganos procedían de presos fallecidos. Esas muestras incluían breves biografías que indicaban que la persona había muerto en un centro penitenciario y algunos antecedentes médicos.
“Nos estamos beneficiando de la desigualdad médica”, dijo un estudiante. “Estas personas mueren más enfermas, mueren con menos cuidados y parecen más enfermas, sus cuerpos parecen más enfermos y nosotros aprendemos de ello. ¿Se supone que eso es una victoria para nosotros?”
Los estudiantes dijeron que la comisión de ética de la universidad finalmente desestimó sus preocupaciones.
Una respuesta de septiembre de 2018 de la comisión de ética dijo que los órganos “se utilizan para los propósitos secundarios de enseñar a futuros médicos y, por lo tanto, beneficia a futuros pacientes. Si se desautorizan tales usos, estos especímenes solo se desecharían, sin servir a ningún propósito útil”.
La comisión concluyó que “no hay pruebas de que los presos fallecidos reciban un trato injusto en comparación con los no presos en el procedimiento de autopsia”.
“Resulta difícil apreciar falta de ética en la conservación y usos docentes de los órganos extirpados”, decía la respuesta.
En su declaración, la UAB dijo que las preocupaciones de los estudiantes de medicina estaban “basadas en datos e información inexactos”. Un grupo de expertos en ética médica revisó y aprobó los protocolos de la UAB para las autopsias de personas encarceladas, según la universidad.
La UAB dijo que sus patólogos en “algunos casos” conservan órganos para realizar más pruebas con el fin de determinar con exactitud la causa de la muerte. La UAB dijo que no utiliza órganos de reclusos para enseñar a los estudiantes de medicina.
“Nos sentimos avergonzados”, dijo un estudiante de medicina. “Todos cargamos con ello durante años”.
Otro añadió: “Me ha seguido persiguiendo todos estos años, preguntándome si debí o pude haber hecho más”.
Las familias se preguntan por qué faltaban los órganos de la mayoría de los reclusos y qué hizo la UAB con esos órganos una vez terminado el trabajo.
“Bueno, lo hacemos todo el tiempo”
El 13 de abril de 2023, el recluso Jim Kennedy Jr. murió a los 67 años en una prisión de Alabama, donde cumplía una condena de 300 años por violación, sodomía y secuestro. Un capellán de la prisión notificó la muerte a su familia unos cuatro días después, según la demanda.
El director de la funeraria dijo a los familiares que le faltaban los órganos internos. Solo le quedaban los ojos.
Marvin Kennedy, que tenía poder notarial sobre los asuntos de su hermano, dijo que la familia no había autorizado la retención de los órganos.
“Tomaron las decisiones por ti o te representaron sin tu permiso en diferentes áreas”, dijo Marvin Kennedy sobre los funcionarios de la UAB y de la prisión. “Y eso es lo que realmente duele”.
Sara Kennedy exigió respuestas a la UAB y a los funcionarios de prisiones. “Tenía muchas preguntas”, dijo.
Cuando se puso en contacto telefónico con el departamento de autopsias de la UAB para pedir que le devolvieran los órganos de su cuñado, grabó en secreto la conversación de seis minutos.
“Nunca nos habían hecho esta petición”, le dijo el supervisor en la llamada grabada.
“¿Que nos devuelvan los órganos?”, preguntó ella.
“Sí, nunca”.
“¿Quién entierra a alguien sin sus órganos?”.
“Bueno, nosotros lo hacemos todo el tiempo”.
“No queremos hacerlo… No queremos hacer eso”.
“Ahora, te diré esto … UAB es una institución de enseñanza y cualquier institución de enseñanza que hace autopsias, mantiene sus órganos”.
“Bueno, nosotros no. Nosotros no y Junior no quería que … No acordamos con la prisión que su cuerpo fuera entregado para ningún estudio. Y queremos que nos devuelvan esos órganos”, dijo Sara Kennedy al supervisor.
Stapler murió el 23 de septiembre de 2023. Había estado recluido en el Centro de Ancianos y Enfermos de Hamilton, donde cumplía una condena de 10 años por abusos sexuales a menores. La causa de la muerte figuraba en el informe de la autopsia como insuficiencia cardíaca congestiva.
El patólogo privado contratado por su hijo descubrió que tenía “una cavidad vacía” en lugar de sus órganos.
“No había nada allí”, dijo Billy Stapler.
Stapler también se puso en contacto por teléfono con el supervisor del departamento de autopsias de la UAB y consiguió que le devolvieran algunos de los órganos de su padre.
“Le pregunto dónde está el resto de sus órganos. Y me dice que posiblemente los tiraron”, recuerda Billy Stapler. “Y yo le digo, ¿cómo tiran los órganos? ¿Para qué se los quitaron en primer lugar?”.
Anthony Perez Brackins, de 36 años, que cumplía una condena de 21 años por robo a mano armada, murió en Limestone el 28 de junio de 2023, según su madre, Susie Duncan, y su hermana, Letesha Brackins. La causa de la muerte figura como una sobredosis accidental de drogas.
Después de una autopsia en la UAB, dijeron Duncan y Brackins, una funeraria informó a la familia de que el cuerpo había sido “vaciado” de todos los órganos. Duncan dijo que su hijo fue incinerado sin sus órganos. No era donante de órganos y la UAB no le pidió su consentimiento para conservar los órganos, según Duncan.
Cuando la familia de Brackin se puso en contacto con la UAB para exigir la devolución de sus órganos, un empleado de la UAB dijo a un familiar que “ya era demasiado tarde”, según la demanda.
Kelvin Moore tenía 42 años cuando murió el 21 de julio de 2023 en Limestone. Su familia dijo que cumplía cadena perpetua sin libertad condicional por condenas por intento de asesinato e intento de robo. Un capellán informó a su madre de la muerte tres días después, diciéndole que la causa era una sobredosis de fentanilo, según la demanda.
Cuando su familia recibió el cadáver, el empleado de la funeraria descubrió que la mayoría de sus órganos internos habían desaparecido. Los familiares recogieron más tarde una bolsa roja de vísceras que, según la UAB, contenía sus órganos. Moore fue enterrado con dicha bolsa.
“Lo llamo robo. Yo lo llamo barbarie”, dijo Simone, uno de los hermanos de Moore.
Simone Moore recordó las palabras de su madre de 82 años, Agolia: “Ella me dijo: ‘Ya ni siquiera puedes morir. Incluso en la muerte, la gente te roba y te falta al respeto. Robándote tus órganos. Incluso en la muerte’. “
– Esta historia fue reportada por Isabel Rosales y Chris Youd de CNN en Alabama y escrita por Ray Sánchez desde Nueva York.