(CNN) – El próximo presidente de Panamá, cargo por el que ocho candidatos competirán este domingo, tendrá que asumir grandes retos, al ritmo de una ciudadanía que protagonizó protestas masivas en junio de 2022 por el alto costo de la vida, así como en octubre y noviembre de 2023 por un contrato para la extracción de cobre que luego fue declarado inconstitucional.
Este será precisamente uno de los temas pendientes que deberá enfrentar el próximo mandatario. Se trata del proceso de cierre de la mina Cobre Panamá. Unos 7.000 empleos directos dependían del yacimiento, pero en diciembre de 2023 se terminó la relación laboral con 4.000 trabajadores. La empresa asegura que ha invertido en la mina US$ 10.000 millones desde 1997.
Varios grupos ambientales, entre ellos el Centro de Incidencia Ambiental, advierten de contaminación y daños a la naturaleza si no se hace un adecuado proceso de cierre de la mina.
Además, la falta de agua por sequía y el cambio climático son otros de los grandes retos del próximo mandatario.
Un ejemplo de ello es que, por primera vez, el Canal de Panamá tuvo que aplicar medidas como restringir la cantidad diaria de buques que pasan por la vía interoceánica, debido a los bajos niveles de agua en los embalses Alajuela y Gatún. La Autoridad del Canal de Panamá dijo a CNN que esto obliga al estudio de nuevas fuentes hídricas para la operación de la vía y el consumo humano.
A los problemas económicos derivados de la deuda pública del país ―que ronda los US$ 50.000 millones, según el informe de marzo del Ministerio de Economía y Finanzas― se suma la crisis del Programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social, del cual dependen las jubilaciones de unas 300.000 personas hasta principios de año, más los que están por entrar al sistema.
Otras de las grandes preocupaciones, según algunos ciudadanos consultados por CNN, son el desempleo y la informalidad laboral.
Un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de Panamá revela que en agosto de 2023 más de 155.000 personas estaban desempleadas. También, que el 47,4% de los que trabajaron en ese período lo hicieron desde la informalidad.