(CNN Español) – El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó que la fiscal general del país, Consuelo Porras, debe ser sometida a rendición de cuentas “seria y exhaustiva” y que es un obstáculo para la democracia, de acuerdo con una publicación en su cuenta de X.
Arévalo respondió así a las declaraciones dadas por Porras en una conferencia de prensa en la que arremetió contra el mandatario señalándolo de mentiroso y de pasar por encima de la ley.
“No podemos seguir con una institución tan politizada y temerosa de que el Congreso haga su trabajo. El país necesita salir adelante, y ella misma lo ha dicho: es un obstáculo. Hoy depende de #107Votos salir del ciclo oscuro del chantaje y represión para avanzar en la dirección que el pueblo exige: la de la democracia”, escribió Arévalo en X.
Porras aseguró el martes que el Ministerio Público no es responsable de los problemas en Guatemala y que ella representará un obstáculo para quienes atenten contra los derechos de los guatemaltecos.
La fiscal general dijo que, a poco más de cien días de comenzada la nueva gestión presidencial, no han sido resueltos los problemas que aquejan a la sociedad guatemalteca como salud y seguridad, y reclamó respeto institucional.
El conflicto que protagonizan ambas autoridades se remonta a la época en la que Arévalo era candidato presidencial. Porras presentó dos peticiones para que se le retirara la inmunidad a Arévalo, cuando aún no había asumido la presidencia.
El 29 de febrero, ya como presidente, Arévalo acusó a Porras de “incumplimiento de deberes” y pidió que se le retirara la inmunidad para que pudiera ser investigada penalmente.
El lunes Arévalo avanzó en su apuesta al presentar en el Congreso una reforma de ley para que la fiscal general pudiera ser destituida.
Pero el mismo lunes, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala otorgó un amparo a la fiscal general en el que ordena que Arévalo “se abstenga de todo acto que, fuera de todo el marco constitucional y legal, atente contra el mandato de Porras y que evite accione que puedan coartar la autonomía funcional y económica del Ministerio Público”.