(CNN Español) – El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dijo que la gestión de la fiscal general Consuelo Porra “lo que ha hecho es favorecer la impunidad”. Arévalo acudió al Congreso de la República el 6 de mayo para presentar una reforma de ley para que la fiscal Porras, pueda ser destituida.
El objetivo de Arévalo, dijo, es reformar la ley orgánica del Ministerio Público para abrir el camino para que la fiscal general rinda cuentas al pueblo de Guatemala y a sus representantes “y sea removida de su cargo en el marco de la ley”.
“La situación absolutamente anómala en este momento es que es una funcionaria que no rinde cuentas. Es la única funcionaria del Estado para la que no hay un establecimiento de rendición, de un mecanismo de rendición de cuentas”, dijo Arévalo a Carmen Aristegui en CNN en Español.
Arévalo busca destituir a la fiscal porque considera que no cumple con sus funciones y que por el contrario fomenta la impunidad. “El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya”, señaló el mandatario a principios de mayo, quien justificó que su decisión busca evitar que un fiscal abuse impunemente del poder y que el Ministerio Público sea usado como un arma política.
“Es una funcionaria que ha demostrado de manera abierta y fehaciente su compromiso con los actores corruptos del Estado, su funcionamiento a favor de actores de la corrupción, en una gestión que lo que ha hecho es favorecer la impunidad”.
CNN contactó a la fiscal Porras para obtener una declaración al respecto y espera su respuesta. La fiscal y el Ministerio Público han rechazado los señalamientos. El 8 de mayo, en una declaración oficial ante sus funcionarios, la fiscal dijo que las acciones de Arévalo son “espurias, maliciosas y antidemocráticas”, y dijo que denotan “desconocimiento de la ley y ponen de manifiesto sus intereses personales”. Porras dijo que el presidente tiene la “perversa intención de tomar control del Ministerio Público para garantizarse un fiscal afín y complaciente que no continúe con las investigaciones y se convierta en un subalterno”.
El Ministerio Público presentó ante la Corte de Constitucionalidad un recurso de amparo ante las que considera acciones arbitrarias e ilegales del presidente Arévalo. “Estas acciones ilegitimas y arbitrarias denotan una clara intención de alterar la seguridad democrática del país y una grave amenaza para el estado constitucional de Derecho”, se lee en el comunicado de comienzos de mayo.
El MP pide a la Corte de Constitucionalidad, según el comunicado, que ordene al presidente Arévalo que “se abstenga de adoptar medidas políticas, nacionales e internacionales, y medidas financieras o presupuestarias a través de las cuales pretenda tomar el control del Ministerio Público”.
En tanto, Arévalo dijo a Aristeui que “la situación que tenemos es una situación en donde, de hecho, el Ministerio Público, le dio un amparo contra una serie de medidas que no fueron las anunciadas por el Gobierno”.
“Y al revés, el amparo lo que hace es que confirma que la ruta que ha seguido el Gobierno para crear las condiciones que permitan de acuerdo a la ley y remover a la fiscal general de su lugar es la correcta. Y en este sentido, la solicitud de reforma del artículo catorce de la Ley Orgánica del Ministerio Público que hemos enviado al Congreso de la República sigue su curso”.
Arévalo dice que su objetivo es la lucha contra la corrupción
“Nosotros, como Gobierno de la República tenemos un mandato para luchar contra la corrupción y recuperar las instituciones del Estado que están que han sido cooptados durante tanto tiempo para efectivamente lograr que empiecen a cumplir con las funciones”, dijo el presidente en CNN. “Esto que hemos hecho y que la Corte de Constitucionalidad ha dicho que sigue siendo el camino adecuado, responde a ese propósito”.
En enero, Arévalo, recién había asumido el cargo, le dijo a CNN en Español aseguró que en su mandato tiene como objetivo la lucha contra la corrupción.
Arévalo ya ha pedido públicamente a Porras la renuncia en varias ocasiones. “Su permanencia en el cargo es una amenaza contra la democracia”, dijo el mandatario. Sin embargo, Porras ha dicho que no dejará su puesto porque sus acciones solo buscan cumplir la ley.
Porras abrió una investigación por supuestas irregularidades en las elecciones por lo que hubo incertidumbre, hasta el último momento, de que Arévalo asumiera la presidencia. “Su persistencia en el cargo anima a las redes político-criminales a aferrarse a la cooptación de las instituciones”, dijo Arévalo al presentar la iniciativa de ley.
Arévalo además critica a Porras porque considera que las denuncias presentadas por su Gobierno contra exfuncionarios están estancadas. “¿Dónde está la investigación por la compra irregular de las vacunas Sputnik?, ¿dónde están los procesos contra narcotraficantes confesos?”, dijo Arévalo en su mensaje en mayo.
El Gobierno interpuso, a inicios de abril, una denuncia penal contra Amelia Flores, quien fuera ministra de Salud durante la presidencia de Alejandro Giammattei, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y malversación de fondos, y por supuestas irregularidades en la compra de vacunas Sputnik, de fabricación rusa, durante la pandemia de covid-19. Tras la denuncia, CNN solicitó comentarios a la exfuncionaria, pero hasta ahora no ha respondido.
Flores dijo en una entrevista a un medio local, a inicios de abril, que en la adquisición de las vacunas solo siguió las indicaciones de la presidencia, que basó la compra en el decreto aprobado por el Congreso de Guatemala que facultaba la negociación de Estado a Estado o directamente con fabricantes.
Con información de Merlín Delcid.