(CNN Español) – La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, no tendrá que acudir temporalmente a la Asamblea Nacional para responder a los dos procesos de juicio político propuestos en su contra debido a su situación de vulnerabilidad por su embarazo considerado como de “alto riesgo”.
Tal como estaba previsto, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), el más alto organismo de administración de la Asamblea de Ecuador, conformado por siete asambleístas, se reunió la mañana de este viernes para analizar la documentación que remitió la fiscal Salazar, en la que solicitaba respeto a sus derechos para sobrellevar un embarazo en paz en medio de las amenazas a su seguridad por los complejos casos que investiga relacionados al crimen organizado.
En la Asamblea Nacional se gestaban dos intentos de llevar a juicio político a Salazar por parte de legisladores afines al expresidente Rafael Correa por supuestas acciones y omisiones de Salazar en ciertos casos penales.
Políticos afines a Correa tildaron como “show político” la decisión del CAL y la posición de la fiscal. Dos de sus representantes ante el CAL se abstuvieron de votar por la resolución de suspender los procesos de juicio político, que contó con cinco apoyos.
El jueves, a través de un video publicado en sus redes sociales, Salazar informó sobre su embarazo y dijo que durante los últimos cinco años como fiscal ha guardado celo sobre su vida privada, pero que por un tema de “fuerza mayor” decidió revelar su estado de embarazo y exigir respeto a sus derechos.
“He pedido a la Asamblea que se garantice y respete mi derecho constitucional a tener un embarazo en paz y que este llegue a término sin más estrés del que ya significa llevar a cabo mis responsabilidades como fiscal general del Estado, cargo que pienso cumplir hasta el último día, como ha sido mi compromiso desde el principio de manera técnica y sin ninguna distracción política”, agregó Salazar, de 42 años.
La fiscal no pidió a la Asamblea la suspensión de los trámites de juicio político y dijo que no evade ningún llamado de esta función del Estado ni le falta el respeto a su facultad fiscalizadora.
“Esta es una atribución constitucional de la Asamblea en nuestro ordenamiento democrático al cual nunca he rehuido”, precisó Salazar.
El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, informó este jueves que la situación de la fiscal representa un “doble riesgo y una alta vulnerabilidad”; y comunicó que la Procuraduría del Estado envió un informe “afirmativo” a la propuesta de que la Asamblea suspenda los procesos de juicio político en contra de la Fiscal debido a su situación.
La fiscal ha denunciado constantes amenazas contra su vida en los últimos meses y ha indicado que hay un plan en marcha para asesinarla.
Salazar cumplirá seis años de funciones en abril de 2025 ―cuando concluirá el período para el que fue elegida—. Ha insistido en que trabajará hasta el final por el país, pues no le interesa la política ni ser candidata presidencial. Reconoció que Ecuador no será un país seguro para vivir con su familia después de terminar sus funciones.