(CNN Español) – Los familiares de los periodistas del equipo del diario El Comercio que fueron asesinados en la frontera entre Ecuador y Colombia en 2018 rechazaron este viernes la calidad de la información desclasificada sobre el crimen que recibieron el 10 de mayo por disposición de la Corte Constitucional.
Los familiares de Javier Ortega (reportero), Paúl Rivas (fotógrafo) y Efraín Segarra (conductor) ―todos asesinados por un grupo disidente de la guerrilla de las FARC durante una cobertura― aseguraron que la información recibida de parte del Ministerio del Interior está “incompleta, mutilada y posiblemente manipulada”, así como que “resulta irrelevante”.
Agregaron que no obtuvieron las transcripciones completas de al menos tres actas de las reuniones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), donde se trataron temas relacionados al secuestro y posterior asesinato.
“La única acta en relación con la sesión del Cosepe donde se menciona al caso y se habla también de la toma de resoluciones tiene hojas faltantes e intervenciones cortadas, que no permiten determinar quién habla o el contexto de lo que dice”, precisa un comunicado del colectivo de familiares y amigos Nos Faltan Tres, que ha liderado la lucha por verdad y justicia desde que ocurrió este hecho.
CNN se comunicó con la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, que indicó que haría las consultas respectivas para determinar si habrá una respuesta. La semana pasada, tras la entrega de la información, el presidente Daniel Noboa manifestó en su cuenta de X, antes Twitter, que este era un primer paso para la lucha por la justicia.
Los familiares del equipo periodístico consideran que esta entrega, presuntamente mutilada según dicen, demuestra la “intención de ocultar información de forma deliberada” y creen que aún se mantiene un velo de impunidad después de seis años del crimen, sin que las autoridades respondan por los hechos.
“Las actas demuestran los errores en la negociación para rescatar a los periodistas en 2018, por lo que esta información también será enviada a la Fiscalía General del Estado para que avance con las investigaciones de este caso”, aseguraron durante una rueda de prensa en la Unión Nacional de Periodistas.
Exigieron a la Corte Constitucional dar seguimiento a su sentencia de inicios de abril, en la que dispuso la desclasificación de ciertas actas, audios, transcripciones y la lista de asistentes a las sesiones del Cosepe que analizaron la situación del equipo periodístico tras su secuestro.
Profunda indignación
La fundación para la defensa de la libertad de expresión Periodistas sin Cadenas emitió un comunicado en rechazo a la información entregada a las familias de Javier, Efraín y Paúl y expresaron su profunda indignación, al considerar que la información entregada es contradictoria, confusa y que no ayuda a esclarecer los hechos.
“Nos unimos al sentimiento de inconformidad de los familiares y les expresamos nuestra solidaridad por el permanente maltrato que han sufrido y continúan sufriendo durante su búsqueda de verdad y justicia para sus familiares periodistas, asesinados mientras cumplían su trabajo”, enfatizó la organización.
El secuestro de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, el 26 de marzo de 2018, causó conmoción en Ecuador. Los tres desaparecieron tras cruzar un retén militar en el sector de Mataje en la provincia de Esmeraldas, en el norte del país. El homicidio múltiple fue confirmado el 13 de abril de 2018, y la recuperación de los cuerpos se logró en junio de ese mismo año.
La Fiscalía de Colombia dijo en 2021 que dos personas fueron sentenciadas a prisión por el caso, acusadas de cargos de secuestro y homicidio.