(CNN Español) – El Gobierno de Ecuador decretó un nuevo estado de excepción en siete provincias y un cantón porque se han agudizado los hechos de violencia perpetrados por el crimen organizado, de acuerdo con una resolución publicada este miércoles.
El nuevo decreto de excepción rige en las provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Sucumbíos, Orellana y el cantón Ponce Enríquez. Sectores donde se han reportado la mayor cantidad de casos de violencia y homicidios en las últimas semanas.
El Gobierno afirma que ha habido un recrudecimiento del conflicto interno armado que fue declarado el 9 de enero en todo el territorio ecuatoriano, después de que un grupo de encapuchados irrumpiera en una transmisión en vivo del canal TC Televisión en Guayaquil.
“La continuación del conflicto armado no internacional configura una situación fáctica, cuyo reconocimiento o conclusión, supone una competencia exclusiva y excluyente de la Presidencia”, indica el decreto presidencial.
A través de un video en sus redes sociales, el presidente Daniel Noboa informó que este decreto marca el inicio de la segunda fase en la lucha contra las bandas criminales.
“No vamos a perder lo que hemos ganado, por eso hoy presentamos un estado de excepción focalizado en las provincias que más necesitan que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tengan libertad de acción. Para ganar en esta segunda etapa de la guerra necesitamos que se permita actuar a los militares, que los delincuentes y terroristas que se amparan y se burlan de las fuerzas del orden y la justicia en su ‘derecho’ a la inviolabilidad del domicilio sepan que lo van a perder”, dijo Noboa.
Con esta medida, Noboa dispone que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no requerirán autorización previa para ingresar a un domicilio e interceptar correspondencia en las provincias y cantón bajo estado de excepción.
El decreto sostiene que debido a la transformación de la dinámica delincuencial de las “empresas criminales” se requiere un régimen jurídico extraordinario para proteger derechos ciudadanos y la estructura del Estado.
Las medidas entrarán en vigor de inmediato y la Corte Constitucional se encargará de realizar el análisis y control constitucional del decreto.
Hace pocos días la Corte echó abajo un decreto anterior de Noboa que disponía el estado de excepción en cinco provincias. La Corte consideró que el mandatario no justificó apropiadamente dicho decreto y llamó la atención a Noboa reiterándole que su facultad de decreto de excepcionalidad requiere responsabilidad y una motivación adecuada.