(CNN) – Cuando los agentes tácticos SWAT incursionaron en abril en una casa en un tranquilo vecindario de San José, California, encontraron dentro lo que podría describirse mejor como una ferretería improvisada: estantes llenos de cajas de herramientas nuevas, accesorios de baño y carretes de cableado industrial.
Parecía una minitienda de Home Depot. Y en cierto modo lo era.
Gran parte de la variedad de productos, valorados en unos US$ 150.000, habían sido robados de tiendas reales de Home Depot. La fuerza de seguridad interna de la cadena minorista pasó meses investigando los robos, escaneando imágenes de cámaras de seguridad, rastreando matrículas y vigilando sospechosos. Conectaron puntos de la red delictiva presuntamente responsable y compartieron sus hallazgos con la Oficina del sheriff del condado Santa Clara, que ejecutó órdenes de allanamiento y arrestó a los sospechosos.
Así es como les sucede cada vez más a minoristas que intentan combatir el robo y el fraude de las redes de la delincuencia organizada. Una revisión de CNN de registros judiciales y entrevistas con más de dos docenas de miembros de las fuerzas de orden público y de los minoristas muestra que los problemas persistentes con sofisticadas redes de delincuencia organizada han llevado a muchas empresas del sector privado no solo a ayudar a las autoridades policiales, sino a menudo a entregar la mayor parte de la evidencia que conduce a procesos penales.
Cualquiera que haya comprado en tiendas minoristas en los últimos años se ha encontrado con productos cotidianos como detergentes de ropa, medicamentos y artículos de belleza resguardados detrás de puertas metálicas o plexiglás. Los minoristas dicen que esas medidas de seguridad en las tiendas son características de la amenaza constante de la delincuencia minorista organizada, que generalmente involucra a grupos de ladrones de bajo nivel que roban artículos para intermediarios que a su vez venden a clientes desprevenidos que buscan ofertas en plataformas como Amazon o eBay.
Sin embargo, los esfuerzos para contrarrestar este delito han tenido algunos costos. Las inversiones en seguridad pueden traducirse en precios más altos para los consumidores, y los defensores de las libertades civiles argumentan que la tecnología de vigilancia utilizada por los minoristas puede infringir la privacidad de las personas.
Si bien los minoristas se han asociado desde hace mucho tiempo con las autoridades, la industria ha reforzado su papel en los últimos años, dedicando más personal y recursos financieros a evitar el robo. Algunos minoristas están investigando cámaras corporales para los empleados. Otros, incluido Home Depot, han invertido en centros de investigación similares a los de la Policía para examinar datos e identificar a los miembros de los grupos de ladrones.
“Muchas veces los recursos locales y estatales no tienen la capacidad de investigar estos delitos a esa escala”, dijo Sean Browne, gerente sénior de protección de activos de Home Depot. Browne dijo que Home Depot, que casi ha triplicado su equipo de investigación desde 2016, ha comenzado a utilizar lectores de matrículas en los estacionamientos de algunas tiendas. “Intentamos completar las investigaciones y asegurarnos de cortar la cabeza de la serpiente”.
Mientras que las agencias de orden público a veces enfrentan límites jurisdiccionales en sus investigaciones, los minoristas pueden rastrear los casos a través de las fronteras estatales y de condado con herramientas cada vez más sofisticadas (como la inteligencia artificial que identifica patrones) y elegir agencias con las cuales compartir los casos.
“Los propios minoristas realmente están tomando la pelota y corriendo con ella y luego asociándose con las agencias de orden público en todos los niveles”, dijo David Johnston, vicepresidente de protección de activos de la Federación Nacional de Minoristas (NRF, por sus siglas en inglés), un importante grupo de cabildeo de la industria minorista. Las encuestas de NRF a comercios minoristas el año pasado encontraron que más de la mitad informaron de aumentos presupuestarios para combatir la delincuencia minorista organizada.
Faltan datos nacionales precisos sobre la delincuencia organizada en el comercio minorista. El año pasado, NRF incluso se retractó de una afirmación en uno de sus informes relacionada con la escala del delito, lo que llevó a los críticos a acusar a la industria de haber exagerado el tema para lograr objetivos políticos o justificar el cierre de tiendas causado por un desempeño deficiente.
Aún así, la mayoría de los minoristas insisten en que han visto un aumento en el robo organizado. Alrededor del 90% de los profesionales de protección de activos encuestados el año pasado por NRF dijeron que el delito se había vuelto un riesgo mayor en los tres años anteriores.
“Estas inversiones no se harían sin ningún motivo”, dijo Browne, de Home Depot, que agregó seguridad a las tiendas como cerraduras, puertas, cámaras y otras tecnologías para disuadir el robo. “Desafortunadamente, esto crea un ambiente que no es muy amigable para nuestros clientes”, dijo.
Un delito complejo
El impulso de la industria para combatir la delincuencia minorista organizada se produce en medio de diferentes políticas y prioridades de aplicación de la ley en todo Estados Unidos. Algunos estados se han centrado en abordar ese tipo de robo, y más de una docena han creado grupos de trabajo contra la delincuencia organizada en el comercio minorista, que colaboran con empresas privadas y la Policía.
Los investigadores del fiscal general del estado de Washington, que creó una unidad contra la delincuencia organizada en el comercio minorista el año pasado, dieron crédito específico a las empresas Target y Ulta Beauty por reunir gran parte de la evidencia detrás de dos casos de delitos graves, según declaraciones juradas de causa probable. Ese material incluía informes de prevención de pérdidas, imágenes de seguridad y fotografías.
En el caso que involucra a Ulta Beauty, un investigador de la compañía identificó al acusado y a los cómplices que supuestamente robaron productos en seis condados, según una declaración jurada.
“No podemos presentar los casos sin ellos”, dijo el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, cuando CNN le preguntó sobre el papel de los comercios minoristas. “Todo lo que se ve en esas declaraciones de causa probable es lo que se vería caso tras caso a medida que avanzamos con este trabajo”.
Ferguson dijo que los casos de delincuencia organizada en el comercio minorista son intrínsecamente complejos de investigar y procesar, especialmente para las agencias locales con recursos limitados, por lo que las asociaciones público-privadas son una necesidad.
Eso fue evidente en el caso de Linda Ann Been, una mujer de Oklahoma sentenciada a más de cinco años de prisión a principios de este mes por gestionar una red de robo organizada que, según fiscales federales, robó alrededor de US$ 9 millones de las propiedades de los minoristas.
El caso comenzó en gran medida con un investigador de CVS que notó una tendencia de robos en las tiendas de su empresa en el área de Tulsa, según una declaración jurada estatal. Luego, usó registros para vincular a los ladrones de bajo nivel que robaron físicamente las tiendas con Been y compartió sus hallazgos con un detective local.
Más tarde, la investigación reveló cómo Been había proporcionado a los ladrones listas de artículos para robar en empresas de varios estados. Los artículos se organizaron en un almacén y una boutique de ropa en un suburbio de Tulsa, y Been los vendió a otros vendedores, conocidos como “vallas”, fuera de Oklahoma, quienes a su vez vendieron los productos a clientes a través de sitios web, incluidos eBay y Amazon, según muestran los documentos.
En una breve entrevista con CNN antes de su sentencia, Been cuestionó por qué los “vallas” de alto nivel a quienes vendía productos parecen no haber enfrentado consecuencias. “¿Cómo es que… no le pasó nada a esa gente?”, cuestionó.
En su declaración de culpabilidad de 2022, Been nombró específicamente a uno de esos “vallas” a quienes “enviaba con frecuencia inventario robado” como un hombre llamado Baruch “Butch” Treff.
Treff, en una entrevista con CNN, reconoció haber comprado productos de Been, a quien, según dijo, otros proveedores habían recomendado, pero insistió en que no tenía idea de que ella había comercializado bienes robados.
“Si lo supiera, nunca le habría comprado. No me meto con bienes robados”, dijo Treff. Un abogado de Treff, Yosef Jacobovitch, añadió que su cliente hizo la debida diligencia y se reunió con Been para tratar de asegurarse de que fuera una vendedora legítima. “Ella lo engañó a él y a otros”, dijo Jacobovitch.
Un investigador del gobierno familiarizado con el caso, que no estaba autorizado a hablar públicamente, dijo que uno de los desafíos de tales casos es determinar si los “vallas” de alto nivel compraron a sabiendas bienes robados para revenderlos.
El caso contra la organización de Been involucró a una variedad de autoridades estatales y federales, incluidas Investigaciones de Seguridad Nacional y el Servicio de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés). Sin embargo, durante una conferencia de prensa, un fiscal federal dio crédito a los investigadores de la industria minorista por contribuir y llamó a tales colaboraciones un “multiplicador de fuerza”.
Además de proporcionar pruebas, los minoristas a veces identifican tendencias más amplias de grupos que se desplazan de una ciudad a otra antes de que se aplique la ley, dijo el sargento Patrick Flynn, de la unidad contra la delincuencia organizada del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, que se lanzó el año pasado.
Patrick Walsh, gerente de delincuencia organizada minorista de la cadena de supermercados Kroger, dijo que su compañía ha invertido mucho no solo en su capacidad de investigación, sino también en elementos disuasorios visuales. Por ejemplo, la empresa compró un viejo coche de Policía para circular por los aparcamientos y protegerse de posibles delincuentes.
Los esfuerzos de algunas empresas han resultado contraproducentes. En diciembre, la cadena de farmacias Rite Aid acordó una prohibición de cinco años sobre la tecnología de reconocimiento facial, después de que la Comisión Federal de Comercio descubrió que el uso de la tecnología por parte de la compañía dio lugar a acusaciones falsas de robo contra clientes, especialmente personas de color, que parecían coincidir con las entradas en una lista de vigilancia de la empresa. Un portavoz de Rite Aid dijo que la empresa está mejorando sus prácticas y políticas de seguridad de la información.
La forma en que los minoristas han recopilado pruebas para la Policía con dicha tecnología ha alarmado a defensores de los derechos de privacidad.
“La Policía es una entidad pública. Puede enviarles una solicitud de registros públicos. Puede elegir un alcalde que quiera cambiar el Departamento de Policía. No puedes hacer eso con una corporación gigante. Tienes muy poco control sobre qué tecnología implementan, cómo la implementan y luego qué hacen con esos datos”, dijo Matthew Guariglia, analista sénior de políticas de Electronic Frontier Foundation, un grupo de derechos digitales.
Un pedido para más acción federal
La amenaza de la delincuenica minorista organizada y la presión de la industria ha llevado a algunos funcionarios a pedir al gobierno federal que haga más.
Durante el último año, gran parte de ese impulso se ha centrado en un proyecto de ley federal, la Ley de Lucha contra la Delincuencia Organizada en el Comercio Minorista, que crearía un centro de intercambio de inteligencia en el Departamento de Seguridad Nacional y ampliaría el alcance de la conducta penal aplicable.
La fiscal de distrito del condado San Diego, Summer Stephan, una republicana que se convirtió en independiente y que expresó su apoyo a esos cambios en una audiencia en el Congreso en diciembre, se refirió a la coordinación limitada entre autoridades, minoristas y las leyes que aplican sanciones relativamente leves a los ladrones habituales como “desafíos clave” en la atención del problema.
El proyecto de ley ha recibido críticas. Una coalición de grupos de derechos civiles que incluía a la ACLU y la NAACP argumentó en una carta en marzo que la legislación promueve políticas punitivas que afectarían desproporcionadamente a las comunidades marginadas y exacerbarían la pobreza al introducir más delitos en el sistema federal. “No creemos que esta primera respuesta de aplicación de la ley conduzca a la disuasión del delito”, dijo a CNN Chloé White, abogada de uno de esos grupos.
El proyecto de ley obtuvo el apoyo de un grupo bipartidista de legisladores, pero no ha avanzado.
“Todo está estancado en el Congreso”, dijo la representante Dina Titus, demócrata de Nevada que ayudó a presentar la legislación. En reacción a la forma en que los minoristas privados han aumentado sus esfuerzos de investigación interna, Titus dijo: “es la razón por la que necesitamos hacer algo a nivel federal”.
“No estoy tratando de sofocar a las autoridades locales. Creo que están haciendo lo mejor que pueden con los recursos que tienen”, agregó.
El Congreso ha tomado algunas medidas para ayudar a la industria minorista. Una ley que entró en vigor el año pasado exige que las plataformas en Internet verifiquen y revelen información sobre grandes vendedores externos, como números de cuentas bancarias. En efecto, la ley dificulta la venta impune de productos robados a través de Internet.
Pero fuentes de la industria sostienen que las plataformas online podrían hacer más para controlar la delincuencia minorista organizada en sus sitios.
Específicamente, esos mercados deberían cuestionar de manera más proactiva a los vendedores de grandes volúmenes de productos con descuento y “pedir pruebas de que estos productos han sido adquiridos legalmente”, dijo Khris Hamlin, vicepresidente de protección de activos de la Asociación de Líderes de la Industria Minorista.
Los principales mercados online dicen que han tomado medidas para combatir ese tipo de delitos. Amazon promociona un programa que aplica códigos únicos a ciertos productos que pueden usarse para detectar y rastrear artículos robados. Mike Carson, director sénior de política global de eBay, dijo que eBay tiene salvaguardas que incluyen procesos automatizados que señalan irregularidades entre los artículos a la venta, lo que puede impulsar una investigación posterior.
Browne, de Home Depot, dijo que agradece recibir más ayuda de los mercados online y del gobierno federal.
“Crímenes como las drogas y la trata de personas tienen organizaciones importantes persiguiéndolos y con razón. Los delitos a los comercios minoristas no han recibido la misma atención a lo largo de los años”, dijo. “Se ha expandido más allá del ancho de banda de las fuerzas del orden locales y, a veces, incluso estatales”.
– Nelli Black y Yahya Abou-Ghazala de CNN contribuyeron a este informe.