(CNN) – Antes de acusar a Donald Trump el año pasado por presunto mal manejo de documentos clasificados, los fiscales federales tuvieron que decidir dónde presentar los cargos: Washington o Florida.
En última instancia, acusaron al expresidente en Florida, una decisión que ha demostrado ser fatídica, subrayada por los enfoques muy diferentes adoptados por los jueces de Washington en comparación con el juez federal que ahora preside el caso penal en Florida.
Estos enfoques se hicieron evidentes la semana pasada, cuando se hicieron públicas las opiniones de dos jueces federales de Washington que indicaban que el caso podría haber sido mucho más rápido y duro para Trump si hubiera permanecido en Washington.
Y durante el fin de semana largo, el juez federal que supervisa el caso de Trump ahora en Florida se vio empujado a un nuevo debate sobre una orden de mordaza para el expresidente, una cuestión que los jueces de Washington ya abordaron.
En las opiniones recientemente desveladas, el juez jefe del Tribunal de Distrito de Washington, James “Jeb” Boasberg, y su predecesora, la jueza Beryl Howell, muestran un profundo escepticismo ante los argumentos de Trump y sus coacusados sobre cuestiones de privilegio abogado-cliente y secreto del jurado investigador sobre las que la juez Aileen Cannon ha pasado meses deliberando en Florida.
Aunque ha pasado casi un año desde que el fiscal especial Jack Smith acusó a Trump de malversar documentos clasificados, el caso sigue estancado ante la reticencia de Cannon a pronunciarse sobre las cuestiones que tiene ante sí y parece improbable que llegue a juicio antes de las elecciones de noviembre.
Ahora se pide a Cannon que responda a una nueva petición de los fiscales para restringir la capacidad de Trump de hacer comentarios sobre las fuerzas del orden y los testigos implicados en el caso de los documentos, porque sigue sugiriendo de forma engañosa que el FBI estaba preparado para usar la fuerza letal contra él durante el allanamiento de Mar-a-Lago en 2022.
Una jueza federal en Washington, Tanya Chutkan, que lleva un caso penal separado contra el expresidente relacionado con las elecciones de 2020, impuso una orden de silencio a Trump hace meses que le impedía hacer comentarios sobre testigos y otras personas en ese caso de una manera que pudiera intimidarlos o perjudicar los procedimientos.
Cannon aún no ha respondido a los fiscales que le imploran que limite el discurso de Trump en una presentación el viernes por la noche.
La investigación se traslada a Miami en las últimas semanas
La mayoría de las pruebas contra Trump en el caso de los documentos se tomó a través de un jurado investigador federal de Washington que continuó escuchando testimonios meses después de que el FBI incautara cientos de documentos clasificados de la residencia de Trump en Mar-a-Lago en agosto de 2022. Pero el Departamento de Justicia trasladó la investigación a un jurado investigador de Miami en sus últimas semanas antes de acusar a Trump ante el tribunal federal del sur de Florida porque gran parte de las acciones presuntamente delictivas de Trump tuvieron lugar en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.
Los fiscales han revelado públicamente poco sobre la decisión de trasladar el caso a Florida, aunque se ha convertido en un tema de discusión en las peleas con los equipos de defensa por el secretismo, especialmente en una reciente audiencia ante Cannon. “Puedo decir que la investigación que estaba en curso ante el jurado investigador de Washington tenía… tenía nexo adecuado para continuar en Washington. No estoy preparado para comentar la fecha en la que se tomó la decisión de presentar cargos en Florida o cuáles fueron las deliberaciones internas al respecto”, dijo el fiscal especial David Harbach a Cannon en una audiencia la semana pasada.
Trump y los abogados de sus coacusados han pasado meses tratando de explotar ese movimiento, con la esperanza de que Cannon pueda pensar de manera diferente a Howell y Boasberg y quiera escudriñar las decisiones de los fiscales.
Ahora se pide a Cannon que vuelva a examinar partes fundamentales del caso sobre las que Howell y Boasberg ya habían dictaminado, incluida la capacidad de los fiscales para conseguir el testimonio en el jurado de Washington del exabogado de Trump, Evan Corcoran. El equipo de Trump está tratando de cortar por completo ese testimonio del caso de los fiscales, un enfoque que podría haber sido más difícil para la defensa si el caso se hubiera quedado en Washington.
El año pasado, Howell ordenó a Corcoran a declarar ante el jurado investigador después de encontrar que sus conversaciones con Trump no estaban protegidas por el privilegio abogado-cliente, ya que estaban en la promoción de un delito. El testimonio de Corcoran terminó informando partes clave de la acusación contra Trump e incluyó relatos detallados de los presuntos esfuerzos de Trump para mantener el material clasificado oculto a las autoridades federales.
Bradley Moss, un abogado con sede en Washington con amplia experiencia en seguridad nacional, dijo que el fallo de Howell proporcionó a Cannon una “hoja de ruta clara” para considerar las cuestiones de privilegio abogado-cliente.
Pero Cannon ni siquiera ha programado una audiencia sobre el tema, que las partes empezaron a discutir en documentos judiciales en febrero.
“Es inexcusable que siga sin pronunciarse sobre el asunto”, dijo Moss.
En comparación con los jueces de Washington, Cannon se ha mostrado más reacia a pronunciarse sobre las cuestiones que se le han planteado, a menudo dando un amplio margen para que las demandas de los acusados se argumenten durante varias rondas en el tribunal y ha entretenido los intentos de alejar el caso de sus cuestiones centrales y llevarlo a argumentos considerados marginales por un amplio espectro de juristas.
Pruebas “suficientes” de que Trump ocultó documentos
Howell, en un dictamen previo a la acusación que permitió a los investigadores obtener detalles de las conversaciones que Trump mantuvo con su abogado y que de otro modo habrían estado protegidas por el privilegio, dijo que había “pruebas sólidas” de que Trump “tenía la intención” de ocultar los documentos clasificados. La opinión de Howell, de 84 páginas, del pasado marzo, coincidía con los argumentos de los fiscales sobre el comportamiento obstruccionista potencialmente delictivo de Trump, que ahora es central en el caso penal.
Howell analizó gran parte de la misma conducta de Trump que ceñía los cargos que se presentaron unos tres meses después, y la jueza consideró que los fiscales habían presentado pruebas “suficientes” de un delito para permitir que se violara el privilegio. Se trata de un listón más bajo que el que tendrá que superar un eventual jurado en el caso.
Pero el ejercicio requirió que Howell se enfrentara a algunas de las mismas defensas de Trump que sus abogados están presentando ahora ante Cannon.
Por ejemplo, Howell señaló que incluso si Trump, como expresidente, tenía la autoridad para mantener el material clasificado, estaba obligado por una ley pertinente a “salvaguardar” la información, y en este caso los “documentos clasificados se almacenaron en lugares no autorizados y no seguros”, dijo.
Un argumento similar esgrimido por Trump en su juicio ha atado en corto a Cannon. Aunque en última instancia rechazó la petición de Trump de desestimar el caso alegando que podría haberlos conservado después de la presidencia, lo hizo tras horas de alegaciones orales, una ronda adicional de alegaciones escritas y con un fallo que eludía los fundamentos jurídicos del argumento.
Una “búsqueda especulativa”
El fallo de Boasberg, que acaba de ser desclasificado, rechazó este mes una petición de Trump y sus coacusados para que la jueza de Washington entregara a Cannon varias actas confidenciales de procedimientos del jurado investigador.
El esfuerzo para transferir los registros está siendo encabezado por el ayudante de cámara de Trump y coacusado Walt Nauta, que está tratando de llevar el escrutinio a una interacción de 2022 que su abogado tuvo con los fiscales después de que Nauta dejara de cooperar contra Trump.
El fallo de Boasberg incluyó una advertencia, quizá una pulla implícita a Cannon, sobre la posibilidad de que la confidencialidad del gran jurado se viera perjudicada si sus actas se entregaban a otro tribunal que no conociera a fondo la historia de ese jurado investigador.
Fue un aparente callejón sin salida para el juez de Washington.
“Un tribunal así, aventurándose más allá de su pericia, podría revelar más material del justificado”, escribió Boasberg.
Boasberg, nombrado por Obama, citó abundante jurisprudencia e incluso decisiones anteriores en Washington. También ha enviado una “recomendación” a Cannon sobre cómo gestionar el secreto de otros expedientes del jurado investigador más relevantes para el caso, que el tribunal de Boasberg ha facilitado al tribunal de Florida.
El fallo de Boasberg llamó la atención de los abogados de Nauta por intentar jugar con el sistema con Cannon en Florida en busca de registros judiciales secretos anteriores que creen que podrían ayudarle.
Boasberg lo consideró, mordazmente, una “búsqueda especulativa”.
“Su petición se extiende a asuntos de los que no sabe nada”, escribió Boasberg. “Se imagina que, una vez trasladado a Florida, el tribunal que preside su causa penal examinará los registros expediente por expediente y entrada por entrada, extrayendo cualquier material que considere relevante para su defensa”.
Aún así, el abogado de Nauta continuó argumentando a Cannon la semana pasada que, incluso sin los registros más antiguos de Washington, ella podría reabrir el litigio que Boasberg llevó anteriormente en su tribunal.
Implicaciones de alto riesgo
Cannon, jueza designada por Trump y confirmada para el banquillo a finales de 2020, tiene mucha menos experiencia que el tribunal de Washington en el manejo de casos en los que las implicaciones políticas de alto riesgo se cruzan con los intereses de seguridad nacional.
Por ejemplo, Boasberg trabajó anteriormente como juez principal en otro poderoso tribunal judicial que trabaja casi exclusivamente en el espacio de la seguridad nacional, el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. Este tribunal examina las órdenes de vigilancia relacionadas con asuntos de inteligencia de seguridad nacional, y se ocupa de amplias cuestiones clasificadas desde su base en Washington.
Y Howell, también designado por Obama, es uno de los jueces más experimentados del país en el tipo de disputas sobre el privilegio abogado-cliente que se produjeron durante las investigaciones del jurado investigador de Trump, con más opiniones públicas sobre el tema en investigaciones políticamente cargadas que quizás cualquier otro juez del país.
Cannon, por el contrario, ha presidido solo cuatro juicios penales desde que Trump la nombró jueza en 2020, en un tribunal tan adormecido que no tenía una instalación segura para mirar registros clasificados hasta meses después de que el caso de Trump aterrizara en su expediente en junio pasado. Ella está tomando meses para trabajar a través de cuestiones de registros clasificados en el caso, y ni siquiera ha programado audiencias sobre un importante conjunto de disputas por venir sobre los registros de seguridad nacional que los abogados defensores pueden querer usar en el juicio.
“La mera mayor exposición a este proceso de litigio habla por sí sola de la rapidez y el detalle con que estos dos jueces de Washington manejaron estos asuntos en comparación con la jueza Cannon”, dijo Moss.
– Hannah Rabinowitz de CNN contribuyó con este reportaje.