(CNN) – Una investigación de las Naciones Unidas sobre los primeros meses de la guerra en Gaza ha concluido que tanto Israel como Hamas cometieron crímenes de guerra y graves violaciones del derecho internacional, en la primera investigación en profundidad del organismo sobre los ataques del 7 de octubre y el conflicto subsiguiente.
Los condenatorios informes publicados este miércoles, que abarcan lo ocurrido hasta finales de 2023, describen un alarmante panorama en el que ambas partes han hecho caso omiso del derecho internacional en un devastador conflicto que dura ya más de ocho meses, dividiendo profundamente a la opinión pública mundial y disparando las tensiones en Medio Oriente.
Los informes de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas comienzan el 7 de octubre, día en que Hamas y otros grupos armados palestinos lanzaron una oleada de asesinatos y secuestros en el sur de Israel en la que murieron más de 1.200 personas, en su mayoría civiles, y unas 250 fueron tomadas como rehenes.
Entre los crímenes de guerra citados por la comisión ese día figuran dirigir intencionadamente ataques contra civiles, asesinar o matar deliberadamente, torturar, infligir tratos inhumanos o crueles, atentar contra la dignidad personal y tomar rehenes, incluidos niños.
Las masacres de ese día llevaron a Israel a declarar la guerra a Hamas y a lanzar un asalto contra Gaza que ha destruido gran parte del enclave, densamente poblado, y ha causado la muerte de más de 37.000 personas, según las autoridades sanitarias de Gaza.
Según la comisión, en los primeros dos meses y medio del conflicto, Israel cometió crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, definidos estos últimos como ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil. Los presuntos crímenes de guerra de Israel incluyen hambruna, detenciones arbitrarias y la muerte y mutilación de “decenas de miles de niños”.
Tanto Israel como Hamas cometieron actos de violencia sexual y torturas, y atacaron intencionadamente a civiles, según los informes, que ocupan más de 200 páginas.
La comisión afirma que sus conclusiones se basan en entrevistas con víctimas y testigos, miles de pruebas de fuentes públicas verificadas mediante análisis forenses, cientos de presentaciones, imágenes por satélite, informes médicos forenses y cobertura de los medios de comunicación, incluidas varias investigaciones clave de CNN.
CNN se puso en contacto con el Gobierno de Israel y con Hamas para recabar sus comentarios. Israel anunció previamente su negativa a cooperar con la investigación.
Los nuevos informes se suman a las denuncias realizadas por otros importantes organismos internacionales.
La Corte Penal Internacional anunció el mes pasado que buscaba que se solicitaran órdenes de detención contra varios altos dirigentes de Hamas e Israel, entre ellos el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En ese momento, tanto Hamas como Israel denunciaron los cargos: Hamas los describió como un intento de “equiparar a las víctimas con los agresores” y Netanyahu los calificó de “ultraje político”.
Y en febrero, el Ejército israelí negó las acusaciones de expertos de la ONU de violaciones de los derechos humanos de niñas y mujeres palestinas en Gaza y la Ribera Occidental, calificándolas de “despreciables e infundadas”.
Los atentados del 7 de octubre
El informe examinó las acciones de Hamas durante los atentados del 7 de octubre, que describió como “de una escala sin precedentes en la historia moderna (de Israel)… invocando dolorosos traumas de persecuciones pasadas no sólo para los judíos israelíes, sino para el pueblo judío de todo el mundo”.
Según el informe, los militantes de Hamas secuestraron rehenes “sin tener en cuenta la edad ni el sexo”, y algunos de ellos fueron atacados a tiros, asesinados y exhibidos. En particular, se ensañaron con las mujeres, cuyos cadáveres fueron “utilizados como trofeos de victoria por los perpetradores masculinos… (y) expuestos públicamente, ya fuera en las calles del enclave de Gaza o en Internet”, según el informe.
La comisión afirmó haber “documentado pruebas de violencia sexual” llevada a cabo por grupos armados palestinos en varias localidades del sur de Israel el 7 de octubre.
La comisión también había examinado testimonios de violaciones recogidos por periodistas y por la Policia israelí, pero afirmó que no había podido verificarlos de forma independiente por falta de acceso a las víctimas o a los lugares de los crímenes, y porque Israel obstruyó sus investigaciones.
Los autores del informe destacaron el número de víctimas entre los niños israelíes, muchos de los cuales presenciaron los asesinatos de sus padres y hermanos y fueron objeto de secuestro.
Las fuerzas israelíes infligen “daños máximos”
En el posterior ataque de Israel contra Hamas, según la comisión, sus fuerzas trataron de infligir el “máximo daño” sin tomar suficientes precauciones, lo que causó un asombroso número de muertos en Gaza, lesiones devastadoras y la destrucción de infraestructuras civiles.
“El uso deliberado de armamento pesado por parte de las fuerzas de seguridad israelíes con gran capacidad destructiva en zonas densamente pobladas constituye un ataque intencionado y directo contra la población civil, que afecta especialmente a mujeres y niños”, afirmó la comisión.
También hacía referencia a un informe de CNN según el cual casi la mitad de las municiones aire-tierra utilizadas por Israel en Gaza no estaban guiadas, lo que significa que eran menos precisas y suponían una mayor amenaza para la población civil del enclave densamente poblado.
Cuando se le pidieron comentarios, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Nir Dinar, dijo a CNN: “No abordamos el tipo de municiones utilizadas”.
El informe de la ONU citaba otras dos investigaciones de CNN que mostraban que las fuerzas israelíes mataban intencionadamente a civiles que no suponían ninguna amenaza, a menudo a lo largo de rutas de evacuación y en zonas designadas como seguras.
El asedio a Gaza representa un “castigo colectivo contra la población civil”, según el informe de la ONU, que acusaba a Israel de retener bienes críticos como agua, alimentos, electricidad, combustible y ayuda humanitaria para obtener “beneficios estratégicos y políticos”.
Violencia sexual y retórica incendiaria
El informe detallaba las acusaciones de que las fuerzas israelíes llevaban a cabo actos de violencia sexual tanto en Gaza como en la Ribera Occidental ocupada por Israel, con la intención de hacer patente “la subordinación de un pueblo ocupado”.
Según el informe, las víctimas fueron interrogadas o maltratadas mientras estaban desnudas o parcialmente vestidas, con los ojos vendados y obligadas a arrodillarse o a mantener las manos atadas a la espalda.
Muchas fueron obligadas a desnudarse en público y a caminar mientras eran acosadas sexualmente, con sus familiares obligados a mirar. Aunque tanto hombres como mujeres fueron víctimas de la violencia sexual, los hombres y los niños fueron especialmente perseguidos.
El informe también destacaba la retórica incendiaria empleada por altos cargos israelíes, incluidos el presidente y el primer ministro, que, según la comisión de la ONU, equivalía a incitación y “puede constituir otros delitos internacionales graves”.
Algunos funcionarios israelíes habían hecho llamamientos a “la violencia y el asesinato de palestinos, el borrado de Gaza, la venganza, el castigo colectivo, señalando que no hay civiles inocentes en Gaza, planificando nuevos asentamientos israelíes sobre los escombros de Gaza y pidiendo el traslado de los palestinos de Gaza a terceros Estados”, decía el informe, sin atribuirlo a funcionarios concretos.
Algunas de las declaraciones más extremas del profundamente dividido gabinete israelí han procedido de miembros de extrema derecha como el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.
A menudo son condenadas por otros miembros del gabinete como Benny Gantz, que dimitió el domingo, y el ministro de Defensa Yoav Gallant.
Tensiones entre la ONU e Israel
La comisión, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2021 tras un conflicto de 11 días en el que murieron más de 200 personas tanto en Israel como en Gaza, afirmó que Israel había obstaculizado su acceso tanto a Israel como a los territorios palestinos durante la investigación.
Según la comisión, funcionarios israelíes impidieron a profesionales de la medicina y a otros miembros del personal hablar con los investigadores y no respondieron a ninguna solicitud de información de la ONU.
La comisión también solicitó información al Gobierno Autónomo Palestino, que gobierna la Ribera Occidental. El Gobierno Autónomo Palestino proporcionó “amplios comentarios” e indicó que vería con buenos ojos una visita de la ONU, según la comisión.
Hamas, rival del Gobierno Autónomo Palestino, gobierna el enclave de Gaza y el informe no aclara si los autores también se han puesto en contacto con el grupo militante.
En diciembre, el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, acusó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de ser “moralmente distorsionado” y antisemita. Erdan calificó su investigación de “100% tendenciosa contra Israel” y dijo que Israel no cooperaría.
Las relaciones entre la ONU e Israel, deterioradas desde hace tiempo, han caído a mínimos históricos en los últimos meses, con altos funcionarios de la ONU muy críticos con la conducta bélica de Israel en Gaza.
El Consejo de Seguridad de la ONU —del que Israel no forma parte— intentó durante meses después del 7 de octubre aprobar una resolución que exigiera un alto el fuego inmediato. Estados Unidos, el aliado más cercano de Israel y su principal proveedor de armas, utilizó sistemáticamente su derecho de veto para bloquear tal medida, hasta que finalmente se abstuvo en marzo, permitiendo la aprobación de la resolución, que fue inmediatamente atacada por Israel.
Y el mes pasado, una votación no vinculante en la Asamblea General de la ONU mostró el abrumador apoyo internacional a un Estado palestino independiente, dejando aislados a Estados Unidos y a los aliados de Israel. Israel y Estados Unidos sostienen que un Estado palestino sólo debe establecerse mediante un acuerdo negociado.
Otro punto conflictivo es la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, que desempeña un papel fundamental en la alimentación y el alojamiento de cientos de miles de refugiados palestinos.
Las autoridades israelíes llevan mucho tiempo criticando a la UNRWA, acusándola de desviar ayuda a Hamas y de contar con miembros de Hamas en sus filas. Más de una decena de países suspendieron la financiación a la agencia después de que Israel acusara al menos a 12 empleados de la UNRWA de estar implicados en los ataques terroristas del 7 de octubre. Desde entonces, la mayoría han reanudado la financiación.
En marzo, la agencia acusó a Israel de detener y torturar a algunos de sus empleados, coaccionándoles para que hicieran confesiones falsas sobre los vínculos de la agencia con Hamas.
En los últimos meses, la UNRWA se ha enfrentado a amenazas, acoso y violencia perpetrados por israelíes, y la sede de Jerusalén Este ha sido incendiada mientras el personal se encontraba en su interior.
CNN no puede confirmar las acusaciones de Israel ni de UNRWA.
En su informe de este miércoles, los autores de la comisión instaron a Israel a declarar inmediatamente un alto el fuego, a que Hamas libere a los rehenes, a que Israel ponga fin a sus prácticas de abusos sexuales contra los palestinos y a que permita el acceso a nuevas investigaciones.
“Es imperativo que todos los que han cometido crímenes rindan cuentas”, declaró la presidenta de la comisión, Navi Pillay.
“La única manera de poner fin a los ciclos recurrentes de violencia, incluidas las agresiones y represalias por ambas partes, es garantizar el estricto cumplimiento del derecho internacional”.