(CNN Español) – El 48% de los peruanos considera que el Congreso es la institución con mayor poder en el país, según la última encuesta de AmericaTV-Ipsos difundida en junio. Muy por detrás, en segundo lugar y con un 18%, se encuentra el Poder Judicial y, en tercer lugar con 9%, el Poder Ejecutivo liderado por la presidenta, Dina Boluarte.
Sin embargo, según la misma encuesta, el 85% de los encuestados desaprueba la “gestión” del parlamento. En febrero, el fiscal interino, Juan Carlos Villena, dijo que hasta entonces había recibido 357 carpetas fiscales de investigaciones contra altos funcionarios, entre los que se encontraban varios congresistas.
Los últimos días, las críticas a la gestión del parlamento también provienen de la comunidad internacional. Este miércoles, Human Rights Watch (HRW) señaló que el Congreso “acelera su arremetida contra el sistema democrático” y que “apresura nuevas medidas que socavarían la independencia judicial, restringirían el espacio cívico y debilitarían las investigaciones contra el crimen organizado y violaciones de derechos humanos”. La organización incluso mencionó que la Organización de los Estados Americanos (OEA) debería debatir la situación en Perú durante su asamblea general en este mes.
El 7 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que los últimos años “ha observado y alertado acerca del deterioro de la democracia en Perú. El uso de las facultades de control del Congreso de la República de Perú, en la forma en que han venido siendo ejercidas, tienen el potencial de poner al Estado de Derecho en un riesgo crítico”.
CNN buscó sin éxito a representantes del Congreso para obtener una reacción a las críticas realizadas por los organismos internacionales. Hasta este jueves, ni la institución ni sus directivos tampoco se habían pronunciado públicamente al respecto.
¿Qué leyes ha aprobado el Congreso y por qué son criticadas?
Son varias las normas impulsadas desde el parlamento, entre ellas, algunas que modifican la normativa vinculada al sistema de justicia, los partidos políticos y el sistema electoral.
-Partidos políticos no serán responsables penalmente:
El 10 de mayo, el pleno del Congreso aprobó excluir de responsabilidad penal a los partidos políticos, la misma será individual y no de la agrupación política. La ley, aprobada por el parlamento, que modifica el código penal peruano, no fue observada por el gobierno de Boluarte, y fue promulgada por el Poder Ejecutivo, lleva la firma de la mandataria. El Congreso sostiene que la norma busca “fortalecer” a los partidos como “actores necesarios de la democracia, al margen de la responsabilidad penal en la que puedan incurrir sus integrantes”.
La iniciativa convertida en ley fue aprobada con los votos de varias bancadas, entre las que se encuentra Fuerza Popular, partido de Keiko Fujimori, y Perú Libre, agrupación que llevó a la presidencia al exmandatario Pedro Castillo y a la actual presidenta Dina Boluarte. Ambos partidos son investigados por la fiscalía por presunto lavado de activos, por los aportes económicos que recibieron durante las campañas electorales.
-Desaparición de la Junta Nacional de Justicia y creación de nuevo organismo en su reemplazo:
El 5 de junio, la Comisión de Constitución, liderada por el fujimorismo, aprobó un dictamen que propone la reforma de varios artículos de la Constitución. Así se aprobó la creación de una institución que reemplazará a la Junta Nacional de Justicia, creada a través de un referéndum en 2018 y encargada de nombrar, evaluar, ratificar y sancionar a jueces, fiscales y a los jefes de dos de las tres autoridades electorales. En su reemplazo, se crearía la Escuela Nacional de la Magistratura; sin embargo, esta última no nombrará las autoridades electorales, sino que lo hará el próximo Senado.
El proyecto de ley aún debe ser votado en el pleno del Congreso y ratificado en la siguiente legislatura que comienza el 27 de julio (por tratarse de una reforma constitucional); sin embargo, la CIDH ya lo ha calificado como parte de “acciones que constituyen intromisión de orden político por parte del Congreso de la República en contra de órganos del sistema de justicia y otras instituciones democráticas que luchan contra la corrupción…” y señaló que representaba “interferencias en las funciones de autoridades con mandatos esenciales para la preservación de la democracia”.
Por su lado, HRW dijo que esta reforma de la Constitución “eliminaría instituciones judiciales claves y debilitaría la independencia de las autoridades electorales”.
-Futuro Senado nombrará a autoridades electorales:
Dentro del dictamen aprobado por la comisión de Constitución el 5 de junio, también se aprobó que sea el Senado el que nombre a dos, de las tres autoridades electorales, también podrían ser removidas por falta grave por el mismo Senado. Perú volverá a tener una cámara de senadores luego de que el parlamento aprobara el regreso a la bicameralidad el pasado marzo. El dictamen aprobado aún debe ser votado por el pleno, y también en la siguiente legislatura que comienza el 27 de julio para convertirse en ley, por tratarse de una reforma de la Constitución.
Sobre este tema HRW señaló este miércoles que “la independencia de las autoridades judiciales y la legitimidad de futuras elecciones estarían gravemente amenazadas”.
-Ley para fiscalizar a las ONG:
A inicios de junio, la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, presidida por Alejandro Aguinaga, de la bancada de Fuerza Popular, aprobó modificar la legislación sobre la supervisión y fiscalización a las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país. La misma “introduce la figura de organizaciones o entidades que realicen el activismo político” y “busca que las entidades competentes fiscalicen a las entidades con financiamiento extranjero que podrían estar realizando influencia política en el Perú en menoscabo de su orden interno y defensa nacional”. Sobre el proyecto, que aún debe ser aprobado en el pleno, HRW dijo que “daría enormes poderes al gobierno para controlar a las ONG que reciben fondos del extranjero”.
-Lesa Humanidad:
También a principios de este mes, el pleno del Congreso aprobó en primera votación (falta una segunda y última votación) establecer que no se podrá seguir procesos por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por hechos cometidos antes de 2002. La norma precisa que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigor en el país en julio 2022 y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de Lesa Humanidad en noviembre 2003, así, los delitos cometidos antes de la entrada en vigencia de aquellos tratados “prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional” y cualquier sanción impuesta, administrativa o judicial es “nula e inexigible”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció al respecto este jueves. En una resolución, requirió a Perú que suspenda el trámite del proyecto de ley, para “garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta”. El expresidente Alberto Fujimori fue sentenciado por estos casos a 25 años de prisión por su participación como autor mediato de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves.
La opinión de expertos
Para Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y quien presidió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política en el 2019, que presentó 12 leyes al gobierno del expresidente Martín Vizcarra, y quien a su vez las presentó al parlamento de ese entonces, dijo que las normas aprobadas en el Congreso son una “gravísima contra reforma”. Sostiene que el común denominador de las mismas es “un beneficio inmediato, personal, grupal y en algunos casos, hasta mafioso”. Tuesta dijo que este no es un tema de bancadas o partidos pues las leyes son apoyadas por la derecha pero también, por un grupo de la izquierda.
Tuesta recuerda que la designación de autoridades electorales en Perú, desde 1931, cuando se creó el Jurado Nacional de Elecciones, ha estado “totalmente alejada de la intervención del ejecutivo y del parlamento, ahora va a ser una designación política”. “Estamos en una etapa muy grave, diría, guardando las distancias, obviamente, se respira un aire de la década del 90 del autoritarismo fujimorista” y agrega que no existe “un contrapeso ni político, ni social” a las medidas que el Congreso promueve.
Por su lado, Gonzalo Banda, analista político graduado en la Escuela de Políticas Pública de The London School of Economics, dice que el Congreso que está “deslegitimado” intenta “darle una forma nueva a varias instituciones muy importantes del sistema de representación política, del sistema electoral, de la administración de justicia” y que “poderes del Estado tan débiles no deberían abocarse a reformas tan grandes”.
“Las reformas a las que están apuntando son simplemente reformas de control de la oferta política electoral, control de algunas instituciones, control de las reglas de juego”, es decir, “están tratando de asegurarse que las futuras elecciones puedan estar dentro del margen de maniobra que ellos tienen para evitar lo que ellos creen que ha sucedido en el pasado o para simplemente controlar la elección o lo que venga, y eso es muy peligroso”. Banda cree que se empieza a controlar el poder “a través de un Congreso que comienza a ser omnímodo, es decir, comienza a tener mucho poder” y agrega que “en el fondo se trata de copar instituciones o controlar sus nombramientos, de tal manera que sean los partidos que van a ser elegidos los que tengan el manejo”.
¿Qué dice el gobierno de Dina Boluarte?
El Poder Ejecutivo tiene la potestad de observar algunas de estas leyes, a excepción de aquellas que implican una reforma de la Constitución. En el caso de la ley aprobada por el Congreso y que excluye de responsabilidad penal a los partidos políticos, fue publicada por el gobierno con la firma de la presidenta Boluarte. La mandataria no se ha pronunciado sobre las iniciativas impulsadas desde el parlamento, hace dos meses que Boluarte no habla con la prensa. CNN ha buscado la opinión de la presidencia de la República sobre estos temas. “Boluarte está preocupada por sus propios problemas, pero eso sería exculparla de su responsabilidad mayor, porque es la presidenta de la República” y agrega Tuesta, “¿por qué no lo hace? Porque la presidenta es presidenta, pero no gobierna. Ella es una presidenta, como nunca ha existido que no tienen autonomía y carece de vida propia, vive con un respirador que se lo proporciona el Congreso”, dice el politólogo sobre la mandataria que, según la última encuesta de AmericaTV-Ipsos, cuenta con una aprobación del 6%.
Para Banda, Boluarte es una presidenta “medio decorativa” y “muy propensa a la frivolidad, a los viajes, pero bien poco propensa a pisar la realidad que la rodea”. “La presidenta no ha dicho nada porque simplemente no tiene bancada, no tiene capacidad de sobrevivir ni de negociar con el Congreso, ella ha intentado sobrevivir políticamente sin cuestionar nada”, dice Banda y concluye: “el problema va a ser el Perú que se va a encontrar el próximo presidente”.