(CNN Español) – El Congreso de Perú rechazó este viernes la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que se pronunció sobre un proyecto de ley que el Parlamento peruano impulsa en materia de delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002.
“Rechazamos cualquier forma de intromisión nacional o extranjera en nuestras decisiones”, señaló a través de un comunicado en su cuenta de X.
La resolución de la CoIDH de este jueves requirió al Congreso de Perú suspender el trámite de la iniciativa que establece que no se podrán seguir procesos por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por hechos cometidos antes de 2002.
El proyecto legislativo pendiente, aprobado en primera votación, precisa que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigor en el país en julio de ese año 2022, y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de Lesa Humanidad en noviembre de 2003. Agrega que los delitos cometidos antes de la entrada en vigencia de aquellos tratados “prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional” y cualquier sanción impuesta, administrativa o judicial, es “nula e inexigible”. La iniciativa aún requiere segunda votación del Pleno del Congreso.
“El Congreso de la República, con total independencia y autonomía, y en las oportunidades que lo crea conveniente, tramitará los proyectos de ley dictaminados por las comisiones correspondientes”, respondió el Parlamento a la Corte.
La CoIDH había solicitado suspender el trámite del proyecto para “garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta”. El expresidente Alberto Fujimori fue sentenciado por estos casos a 25 años de prisión por su participación como autor mediato de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves.
Esta y varias otras normas procesadas por el Parlamento han generado críticas dentro y fuera del país. Las reformas que modifican la normativa vinculada al sistema de justicia, los partidos políticos y el sistema electoral han causado pronunciamientos de otras instituciones y organismos como la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos y Human Rights Watch.