(CNN Español) – El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó en la red social X este miércoles que a los opositores Luis López, Juan Iriarte, Jeancarlos Rivas e Ismael Gabriel Gonzalez les fue dictada medida privativa de libertad tras ser imputados por los delitos de incitación al odio y asociación para delinquir. Un quinto detenido, Javier Cisneros, fue liberado horas después, según informó el movimiento político Vente Venezuela en sus redes sociales, al tiempo que señaló persecución contra sus integrantes.
Según la versión de Saab, los detenidos podrían haber incurrido en delitos de odio al asegurar que los acusados presuntamente habrían sido parte de una convocatoria del movimiento político Vente Venezuela y actuaron de forma “agresiva” contra un comando militar de la Guardia Nacional Bolivariana en Maiquetía, en el estado La Guaira, en la zona costera del centro del país. El funcionario aseguró que “intentaron ingresar mediante el uso de la fuerza con la intención de crear lesiones a los efectivos del referido componente militar”.
El jefe del Ministerio Público informó además que fueron emitidas órdenes de aprehensión contra otros dos activistas identificados como Johny Rivas y Jhillkys Alcila. CNN se comunicó con el Ministerio Público para conocer más detalles sobre las acusaciones contra Rivas y Alcila sin que hasta este miércoles haya recibido respuesta. Rivas es periodista y trabaja en el equipo de comunicaciones del comando “Con Venezuela” del candidato opositor en el estado La Guaira. Alcila es coordinador de organización por el Movimiento político Vente Venezuela en ese mismo estado.
El abogado Omar Mora Tosta acudió al Palacio de Justicia en un intento por sumarse a la defensa de este grupo de activistas; sin embargo, asegura que no se le permitió juramentarse. Mora Tosta desestima las acusaciones en contra de los activistas, entre los que hay dos periodistas, y asegura que cubrir periodísticamente un evento no es delito.
Saab advirtió que todo acto que implique instigación al odio, asalto a instituciones públicas, quema a personas, intentos de golpes de Estado, insurrección armada, etcétera, será severamente castigado.
El 8 de junio, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, envió un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionaba la visita del candidato opositor Edmundo González a un puesto del comando de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado La Guaira.
Más temprano ese mismo sábado, el abanderado de la oposición se había acercado a un puesto militar a saludar a los efectivos que se encontraban en el lugar mientras realizaba un recorrido por el estado Vargas.
El subsecretario de Estado de EE.UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, había expresado este martes en la red social X su preocupación ante la detención de cinco activistas en 72 horas, denunciada por el candidato presidencial de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, Edmundo González Urrutia.
“Las últimas detenciones y el continuo acoso a miembros de la oposición democrática de Venezuela son hechos muy preocupantes en vísperas de las elecciones presidenciales del 28 de julio”, dijo Nichols, quien también afirmó que los candidatos y activistas deben poder hacer campaña pacíficamente y sin intimidaciones.
No tardó la respuesta del canciller venezolano, Yvan Gil, quien afirmó en redes sociales que el alto funcionario estadounidense, a su juicio, ofende a los venezolanos inmiscuyéndose en asuntos que no le corresponden.
“Parece que la derrota que tienen pintada en la frente sus títeres le causa más angustia que nunca”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Nicolás Maduro. Gil consideró que “los intentos de interferir en el proceso electoral” serán un rotundo fracaso, como a su juicio son también las políticas del Gobierno de Estados Unidos.
En declaraciones este martes, González Urrutia consideró que estas detenciones, registradas a poco más de un mes de las elecciones presidenciales, previstas para el 28 de julio, constituyen la consumación de un nuevo episodio de violación del acuerdo de Barbados y que afectan el normal desarrollo de la campaña, que se realizará oficialmente del 4 al 25 de julio.
El acuerdo de Barbados fue suscrito en octubre por el Gobierno y la oposición para definir garantías y condiciones político-electorales.
Junto a González Urrutia, se pronunció la dirigente del movimiento político Vente Venezuela, María Corina Machado, quien advirtió que “se está criminalizando la ruta electoral, la actividad electoral y la campaña”. Machado afirmó que 37 activistas políticos y sociales fueron detenidos en lo que va de año, de los cuales 20 se corresponden con el comando de campaña opositor. Detalló que hay 14 detenidos (cinco de ellos detenidos en las últimas 72 horas) y seis personas bajo la protección de la embajada de Argentina.
Las elecciones presidenciales venezolanas están previstas para el 28 de julio y en ellas participan 10 candidatos, entre ellos el propio presidente Nicolás Maduro, que aspira a su segunda reelección y su tercer período de gobierno. González Urrutia, el candidato más fuerte de la oposición, cuenta con el respaldo de Machado, tras haber sido inhabilitada por la Contraloría General de la República con una sanción que la dirigente política considera ilegal e inconstitucional.