(CNN Español) – El Poder Judicial de Chile ordenó este lunes ampliar la extradición del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, por cinco casos ligados a las acusaciones de graves violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante su Gobierno (1990-2000), entre ellos esterilizaciones forzadas.
La decisión de la Corte Suprema chilena responde a la solicitud del Estado peruano, que había pedido la ampliación del fallo para poder juzgar a Fujimori por casos distintos a los contemplados en la orden inicial, de acuerdo con la televisora estatal TVPerú.
La resolución del alto tribunal chileno señala que hay “presunciones fundadas o indicios razonables” de que en su mandato, específicamente entre 1995 y 2000, Fujimori impulsó una política de planificación familiar que tenía como objetivo aplicar de forma masiva “un sistema de anticoncepción quirúrgica respecto de mujeres de estratos socioeconómicos bajos, de zonas rurales, o urbanomarginales y de pueblos indígenas, a través de la imposición de metas, cuotas de captación de pacientes, incentivos y sanciones a funcionarios de la salud, que se tradujo en prácticas que pasaron por alto el debido consentimiento informado de quienes eran sometidas a dicha técnica invasiva”.
La jueza Andrea Muñoz Sánchez, ministra instructora de la Corte Suprema de Chile, señaló que en los cinco casos se constituye “una clara violación al derecho a la vida e integridad física y psíquica, al derecho a la salud, al derecho a decidir libre e informadamente, con plena autonomía, los métodos de planificación familiar –que es un componente básico de los derechos sexuales y reproductivos– y el derecho a la igualdad y no discriminación, al respeto de la vida privada, todos derechos fundamentales que se encuentran reconocidos en distintos instrumentos internacionales de carácter universal y regional de los que el país requirente y el nuestro son parte”.
El Poder Judicial chileno detalla que un gran número de mujeres perdieron su capacidad reproductiva de forma “permanente y no voluntaria”. Además, señala que muchas de ellas sufrieron lesiones físicas y mentales, que en algunos casos llegaron hasta la muerte.
El entonces presidente Fujimori “diseñó e impuso esta política de planificación familiar, previa eliminación de las trabas legales que impedían aplicar la anticoncepción quirúrgica voluntaria como método de Planificación Familiar”, señala el fallo, y agrega que con el objetivo de aumentar el crecimiento económico y disminuir la pobreza de Perú, “mediante la reducción de la tasa de natalidad, comandó su implementación monitoreando personalmente el cumplimiento de sus instrucciones”.
CNN contactó a Elio Riera, abogado de Fujimori para pedir comentarios sobre la resolución de la Corte de Chile y está en espera de respuesta. Riera le dijo a la emisora de radio RPP que impugnaría la decisión de la Corte Suprema de Chile para intentar revertir y dejar sin efecto la orden de ampliación de extradición, argumentando que la justicia chilena no ha tomado en cuenta el indulto otorgado en 2017.
La ministra Muñoz recalcó que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental que no solo se entiende “como ausencia de enfermedad, sino como un estado de bienestar físico mental y social” y que incluye la protección a la salud sexual y reproductiva, incluida la libertad de decidir procrear, “cuándo y con qué frecuencia”, señala.
La extradición de Fujimori fue solicitada por el Estado peruano a Chile, país donde se estableció en noviembre de 2005 al regresar de Japón, donde había huido. El exmandatario peruano vivió en Santiago bajo arresto domiciliario hasta 2007, cuando la Corte Suprema chilena concedió su extradición por varios casos de violaciones a los derechos humanos.
Fujimori fue extraditado en 2007 y salió en libertad el 6 de diciembre de 2023 tras una sentencia del Tribunal Constitucional de Perú que autorizó que fuera beneficiario de un indulto humanitario otorgado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
El expresidente de Perú cumplía hasta ese momento una condena dictada en 2007 de 25 años de prisión por varios delitos, entre ellos los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, cometidos durante su Gobierno entre 1990 y 2000. Su liberación causó controversia y un mensaje de rechazo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por contradecir las obligaciones internacionales del Estado peruano, así como incumplir las órdenes de la CIDH.
En mayo de este año, el expresidente anunció que le habían detectado un tumor maligno, por lo que sería sometido a tratamiento médico.
Fujimori enfrenta actualmente un proceso por cargos similares en el caso del asesinato de seis personas en 1992, por el que la Fiscalía solicitó una pena de 25 años de prisión. En marzo, difundió un mensaje a través de sus redes sociales en el que sostenía que no es un asesino y que de lo único que es culpable es “de haber vencido al terrorismo”.