(CNN Español) – La propuesta de reforma al Poder Judicial, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso el 5 de febrero pasado, dividió opiniones entre ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes pidieron que, ante lo que consideran una inminente aprobación de dicha propuesta por la amplia mayoría parlamentaria que tendrá el oficialismo en la próxima legislatura en septiembre, su implementación sea gradual.
En la Cámara de Diputados, durante la inauguración de los foros denominados “Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial”, la mayoría de los 11 ministros rechazó este jueves la iniciativa presidencial que, entre otros cambios promueve la elección de ministros de la SCJN y jueces por voto popular, y expresaron su preocupación por el impacto que consideran que ésta tendría en el sistema judicial.
Sobre este polémico punto que plantea la renovación de más de 1.600 personas juzgadoras federales y otros funcionarios del Poder Judicial en funciones a través del voto popular, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo afirmó que, de efectuarse, generaría “un desajuste importante para el funcionamiento e integración de los órganos de impartición de justicia”.
Pardo Rebolledo sugirió una sustitución gradual, escalonada, conforme se van dando las vacantes, a fin de permitir la sinergia entre aquellos que forman parte de la carrera judicial y los emanados de procesos electorales. Actualmente el sistema de elección de jueces está basado en un avance escalonado dentro de la carrera judicial.
La ministra Yazmín Esquivel, propuesta al cargo por López Obrador, apoyó la postura de sus colegas sobre la gradualidad de la reforma al Poder Judicial a fin de dar garantías de idoneidad y excelencia de las personas juzgadoras.
“La elección progresiva (…) permitirá elevar el nivel técnico y de competencia de todos los juzgadores federales que cubran los cargos a partir de ahora para lograr la renovación total y de manera paulatina. Queremos jueces de excelencia y con legitimidad social”, dijo Esquivel.
En contraste, la ministra Lenia Batres asumió esta propuesta impulsada por el presidente López Obrador en todos sus términos.
“La reforma propuesta democratiza al Poder Judicial, lo abre al escrutinio público obligando a sus titulares a responder al interés general, crea el mecanismo de control que le ha faltado para garantizar rendición de cuentas”, dijo Batres durante su intervención.
Otros puntos propuestos a la reforma judicial
La reforma al Poder Judicial impulsada desde el Ejecutivo Federal, y que la próxima presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido apoyar para su eventual aprobación entrada la nueva Legislatura, el 1 de septiembre próximo, también promueve un tribunal de disciplina judicial para evaluar el desempeño de los jueces en lugar del Consejo de la Judicatura Federal, órgano administrativo y disciplinario.
Al punto anterior se suma la propuesta la reducción de 11 a 9 ministros en la Corte Suprema; la reducción del tiempo en el cargo de 15 a 12 años, y la separación del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La consejera Eva Verónica de Gyvés Zárate indicó que se debe poner especial atención en los filtros por medio de los cuales se seleccione a ministros, magistrados y jueces. “Mi propuesta es que la sustitución de personas juzgadoras a nivel federal sea progresiva, es decir, de forma gradual en los distintos estados de la República”, apuntó.
Oposición también pide que la reforma judicial sea gradual
El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este viernes que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación /SCJN) y otros integrantes del Poder Judicial participen en estos foros abiertos sobre la reforma al Poder Judicial, y destacó que el debate es muy importante y “es digno de reconocimiento”.
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, pidió que esta reforma pueda realizarse tras un diálogo verdadero, sin prisa, y enfatizó que hay que aplicarla “poniendo en el centro a las víctimas”.
“La justicia no es solo una cuestión de leyes y tribunales, la justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de Gobierno”, expresó Piña este jueves, durante su intervención en dicho foro.
El coordinador de los legisladores del partido oficialista Morena, Ignacio Mier, adelantó sin embargo que algunos cambios legales son “irreductibles”, incluidos como la separación del Supremo mexicano del Consejo de la Judicatura Federal, la elección de juzgadores por el voto y los cambios al Consejo de la Judicatura.
El coordinador del opositor Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, afirmó que su bancada estaría a favor de la reforma al Poder Judicial, pero sólo si el contenido de la iniciativa se ejecuta de manera gradual.
“Nosotros en lo que habremos de centrar nuestro debate es en no perder con un nuevo modelo la independencia y la autonomía que deben de tener sustancialmente mujeres y hombres que juzguen en este país”, señaló Romero.
El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Moreira, consideró que la iniciativa presentada requiere mucho tiempo en su análisis y discusión, por lo que el final del sexenio no es el mejor momento para el debate de una reforma al Poder Judicial.
Dante Delgado, dirigente nacional del partido Movimiento Ciudadano, se pronunció a favor de que haya cambios dentro del Poder Judicial, pero no para que deje de ser un contrapeso, sino para que “sea el mejor contrapeso”.
“Una reforma que implique el debilitamiento y desmantelamiento del Poder Judicial significaría una irresponsabilidad histórica”, advirtió Delgado.