(CNN) – Con su dictamen de inmunidad del lunes, la Corte Suprema de EE.UU. concedió el deseo del expresidente Donald Trump de casi garantizar que su proceso penal por intentar anular las elecciones presidenciales de 2020 no irá a juicio antes de las elecciones de 2024 en noviembre.
También concedió a los presidentes en general una “inmunidad absoluta” definitiva frente al enjuiciamiento por actos oficiales básicos y dijo que los presidentes deben presumirse inmunes por una lista mucho más amplia de actos.
En opinión de la mayoría compuesta por los seis jueces conservadores del tribunal, la decisión no sitúa a los presidentes en general, y a Trump en particular, por encima de la ley. Pero los tres liberales disintieron con una advertencia sobre cómo la elevación de un presidente afectará a la democracia estadounidense.
La decisión tiene el resultado a corto plazo de retrasar el juicio de Trump mientras un tribunal de Washington, considera qué actividad criminal de la que se acusa a Trump puede considerarse “no oficial”. También tiene el efecto a largo plazo de colocar al presidente en un sistema de justicia diferente al del resto de los estadounidenses.
Aquí están las líneas clave de un fallo histórico:
¿Qué es esta nueva inmunidad?
El presidente del Corte Suprema de EE.UU., John Roberts, explica en la opinión mayoritaria que incluye inmunidad absoluta para algunas acciones y una presunción de inmunidad para otras.
Llegamos a la conclusión de que, en virtud de nuestra estructura constitucional de poderes separados, la naturaleza del poder presidencial exige que un expresidente goce de cierta inmunidad penal por actos oficiales cometidos durante su mandato. Al menos con respecto al ejercicio por parte del presidente de sus principales poderes constitucionales, esta inmunidad debe ser absoluta. En cuanto al resto de sus actos oficiales, también tiene derecho a la inmunidad. En la fase actual del procedimiento en este caso, sin embargo, no necesitamos y no decidimos si esa inmunidad debe ser absoluta, o en cambio si una presunta inmunidad es suficiente.
¿Por qué necesita un presidente esta inmunidad?
Según el tribunal, para que pueda actuar con valentía como presidente y tomar medidas sin que el temor a un procesamiento posterior nuble su juicio. Esto dijo Roberts:
La posible responsabilidad penal, y el peculiar oprobio público que acompaña a los procedimientos penales, son claramente más propensos a distorsionar la toma de decisiones presidenciales que el posible pago de daños civiles.
La vacilación a la hora de ejecutar los deberes de su cargo sin temor y de forma justa que podría resultar cuando un presidente está tomando decisiones bajo “un manto de potencial enjuiciamiento”, … plantea “riesgos únicos para el funcionamiento eficaz del Gobierno”.
¿Qué dice la Constitución sobre la inmunidad especial de los presidentes?
Nada. Pero eso no es problema, según Roberts.
Es cierto que no existe una “cláusula de inmunidad presidencial” en la Constitución. Pero tampoco existe una “cláusula de separación de poderes”. […] Sin embargo, esa doctrina está indudablemente tallada en el texto de la Constitución por sus tres artículos que separan los Poderes y confieren el Poder Ejecutivo únicamente al presidente.
¿Hasta dónde llega esta inmunidad?
Un presidente goza “al menos de una presunta inmunidad” incluso por actos “dentro del perímetro exterior de su responsabilidad oficial”, según el tribunal. Pero se cuida de añadir que no goza de inmunidad por “actos no oficiales”, y a pesar del amplio alcance de la inmunidad, el tribunal sostiene que los presidentes siguen siendo responsables.
El presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales, y no todo lo que hace el presidente es oficial. El presidente no está por encima de la ley. Pero el Congreso no puede criminalizar la conducta del presidente en el desempeño de las responsabilidades del Poder Ejecutivo según la Constitución.
¿Alguna de las cosas de las que se acusa a Trump en la acusación del fiscal especial Jack Smith queda fuera de este manto de inmunidad?
Durante los alegatos orales en el caso en abril, el abogado de Trump, John Sauer, dijo a la jueza Amy Coney Barrett que varios elementos de la acusación serían de hecho actos “privados” o no oficiales. Estos incluyen, por ejemplo, conseguir un abogado externo para organizar listas de electores falsos.
Barrett, en una opinión concurrente este lunes, dijo que dejaría claro en la decisión qué era oficial y qué no. Pero la mayoría no se pronuncia y quiere que el tribunal de primera instancia examine las acusaciones individualmente. Trump puede entonces apelar lo que decida el tribunal de primera instancia. Esto dice Roberts:
”[…] la etapa actual de los procedimientos en este caso no nos obliga a decidir si esta inmunidad es presunta o absoluta. […] Porque no necesitamos decidir esa cuestión hoy, no la decidimos”.
¿Dice la mayoría al tribunal de primera instancia lo que puede ser oficial o no?
La mayoría da bastantes detalles.
Trump tiene “inmunidad absoluta” por cualquier instrucción o presión que haya ejercido sobre su secretario de Justicia en funciones, por ejemplo. Además, el tribunal no permitirá como prueba ninguna entrevista con personas que trabajaron en la administración (anulando gran parte de las pruebas reunidas por la Comisión Selecta de la Cámara de Representantes que investigó los hechos del 6 de enero de 2021). Y tampoco permitirá que un tribunal considere los motivos de un presidente para llevar a cabo una acción.
Una investigación de este tipo podría exponer incluso los casos más obvios de conducta oficial a un examen judicial por la mera alegación de un propósito impropio, lo que supondría una intromisión en los intereses del Artículo II que la inmunidad trata de proteger.
Es una cuestión abierta para el tribunal inferior decidir si la presión de Trump sobre el entonces vicepresidente Mike Pence para que ignorara los resultados de las elecciones de 2020 implicó una “conducta oficial”, pero el Tribunal Supremo puso esa presión en la categoría de “presuntamente inmune”.
En consecuencia, devolvemos al Tribunal de Distrito para que determine en primera instancia —con el beneficio de la información de la que carecemos- si la conducta de Trump en esta área califica como oficial o no oficial.
La mayoría cree que los tuits de Trump animando a la gente a ir al Capitolio y presionar a Pence están dentro del “perímetro exterior de sus responsabilidades oficiales”, pero no están seguros y esperan que sea un reto para el tribunal inferior resolver estas cuestiones.
¿Por qué no puede un jurado tomar estas decisiones?
Según el Tribunal Supremo, los jurados ni siquiera pueden considerar los actos oficiales en el marco de un proceso.
Permitir que los fiscales pidan o sugieran que los fiscales investiguen actos oficiales por los que el presidente es inmune plantearía, por tanto, un riesgo único de que las deliberaciones de los miembros del jurado se vieran perjudicadas por sus opiniones sobre las políticas y la actuación del presidente durante su mandato. Las herramientas prosaicas en las que el Gobierno haría confiar a los tribunales son una salvaguardia inadecuada contra las preocupaciones constitucionales peculiares implicadas en el enjuiciamiento de un expresidente.
¿Así que el Tribunal Supremo le dio a Trump todo lo que quería?
Ciertamente, acogió la teoría de la inmunidad de Trump y prácticamente garantizó que el juicio no se celebraría antes de las elecciones, aunque la mayoría dice que fueron comedidos, ya que rechazaron su petición de desestimar completamente el caso.
Trump afirma una inmunidad mucho más amplia que la limitada que hemos reconocido. Sostiene que la acusación debe desestimarse porque la Cláusula de Juicio Político exige que el juicio político y la condena del Senado precedan al enjuiciamiento penal de un presidente.
¿Así que existe un sistema de justicia especial para los presidentes?
El presidente es más que una persona, según Roberts.
Como cualquier otra persona, el presidente está sujeto a enjuiciamiento en su capacidad no oficial. Pero, a diferencia de cualquier otra persona, el presidente es una rama del Gobierno, y la Constitución le confiere amplios poderes y obligaciones. Tener en cuenta esa realidad —y garantizar que el presidente pueda ejercer esos poderes enérgicamente, como previeron los Forjadores— no le sitúa por encima de la ley, sino que preserva la estructura básica de la Constitución de la que deriva esa ley.
La mayoría desestima las advertencias sobre un presidente por encima de las leyes como “alarmismo basado en hipótesis extremas”. Es más importante proteger al presidente de persecuciones políticas, dice el tribunal.
Los disidentes pasan por alto la perspectiva más probable de un Poder Ejecutivo que se canibaliza a sí mismo, con cada presidente sucesivo libre para procesar a sus predecesores, pero incapaz de desempeñar sus funciones con audacia y sin miedo por temor a ser el siguiente. […] El debilitamiento de la Presidencia y de nuestro Gobierno que resultaría de tal ciclo de lucha entre facciones es exactamente lo que los Forjadores pretendían evitar.
Roberts toma prestado de los abogados de Trump cuando cita el discurso de despedida de George Washington, en el que advierte sobre las facciones. El problema con esa cita en particular, como descubrí a principios de este año, es que Washington también advirtió sobre elevar a una persona por encima de la ley.
¿Menciona la Corte la política actual?
Roberts dice que las consideraciones del tribunal son de mayor alcance que lo que está sucediendo en este momento.
Este caso plantea una cuestión de importancia duradera: ¿Cuándo puede ser procesado un expresidente por actos oficiales realizados durante su presidencia? Nuestra Nación nunca antes había necesitado una respuesta. Pero al abordar esa cuestión hoy, a diferencia de los poderes políticos y del público en general, no podemos permitirnos fijarnos exclusivamente, ni siquiera principalmente, en las exigencias del presente. En un caso como este, centrarse en “resultados pasajeros” puede tener profundas consecuencias para la separación de Poderes y para el futuro de nuestra República.
¿Dijo algo sobre Smith?
La mayoría no se pronunció sobre el argumento que se está gestando entre los conservadores de que (el fiscal especial Jack) Smith ni siquiera debería tener trabajo y que su función como fiscal especial es inconstitucional. Pero el juez Clarence Thomas apoyó la idea en una opinión concurrente.
En este caso, se ha discutido mucho sobre la garantía de que un presidente “no está por encima de la ley”. Pero, como explica el Tribunal, la inmunidad judicial del presidente por sus actos oficiales es la ley. […] En esa misma línea, la Constitución también asegura la libertad al separar los Poderes para crear y ocupar cargos. Y hay serias dudas de que el secretario de Justicia haya violado esa estructura al crear una oficina del Fiscal Especial que no ha sido establecida por ley.
¿Qué dijo Barrett sobre los electores suplentes?
Barrett, una persona designada por Trump, escribió su propia concurrencia en la que no estaba de acuerdo con la mayoría en algunos puntos clave. Dijo que podrían haber expresado fácilmente que parte de la conducta de Trump no era oficial.
Separar la conducta privada de la oficial a veces será difícil, pero no siempre. Por ejemplo, el supuesto intento del presidente de organizar listas alternativas de electores. […] En mi opinión, esa conducta es privada y, por lo tanto, no tiene derecho a protección. […] un presidente no tiene autoridad legal —y por lo tanto ninguna capacidad oficial— para influir en la forma en que los estados nombran a sus electores. No veo ningún argumento plausible para prohibir el enjuiciamiento de esa supuesta conducta.
¿Cuál fue el contenido de la contundente disensión?
Escribiendo en nombre de los tres liberales del tribunal, la jueza Sonia Sotomayor criticó a la mayoría por inventar una “inmunidad atextual, ahistórica e injustificable que sitúa al presidente por encima de la ley”. Dijo que el tribunal hace difícil imaginar lo que podría ser una conducta “no oficial” por parte del presidente.
En resumen, la mayoría respalda hoy una visión expansiva de la inmunidad presidencial que nunca fue reconocida por los Fundadores, ningún presidente en ejercicio, el Poder Ejecutivo o incluso los abogados del presidente Trump, hasta ahora. Las interpretaciones establecidas de la Constitución son de poca utilidad para la mayoría en este caso, por lo que las ignora. […] De hecho, la línea divisoria de la mayoría entre conducta “oficial” y “no oficial” reduce la conducta considerada “no oficial” casi a la nulidad.
La mayoría “defiende de boquilla” la idea de que los presidentes no están por encima de la ley, “pero luego procede a situar a los expresidentes fuera del alcance de las leyes penales federales por cualquier abuso de poder oficial”.
¿Hasta dónde dice Sotomayor que pueden llegar ahora los presidentes?
Hasta donde quieran, dice.
El presidente de Estados Unidos es la persona más poderosa del país, y posiblemente del mundo. Cuando utiliza sus poderes oficiales de cualquier manera, según el razonamiento de la mayoría, ahora estará protegido de la persecución penal. ¿Ordenar al Equipo Seal 6 de la Marina asesinar a un rival político? Inmune. ¿Organiza un golpe militar para aferrarse al poder? Inmune. ¿Acepta un soborno a cambio de un indulto? Inmune. Inmune, inmune, inmune.
[…] Incluso si estos escenarios de pesadilla nunca llegan a producirse, y rezo para que nunca lo hagan, el daño ya está hecho. La relación entre el presidente y el pueblo al que sirve ha cambiado irrevocablemente. En todo uso del poder oficial, el presidente es ahora un rey por encima de la ley.
Sotomayor termina así su misiva:
En el futuro, sin embargo, todos los expresidentes gozarán de dicha inmunidad. Si el ocupante de ese cargo hace un uso indebido del poder oficial en beneficio propio, el derecho penal que el resto de nosotros debemos respetar no le proporcionará un respaldo.