(CNN Español) – La Comisión Permanente del Congreso peruano aprobó este jueves, en una segunda votación, el proyecto de ley que “precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra” en Perú.
El proyecto legislativo, que ya había sido aprobado en primera votación el 6 de junio por el pleno del Congreso, señala que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigor en el país en julio de 2002 y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad en noviembre de 2003. Así, los delitos cometidos antes de la entrada en vigor de aquellos tratados “prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional” y cualquier sanción impuesta, administrativa o judicial, es “nula e inexigible”. Es decir, en Perú no se podrán seguir procesos por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por hechos cometidos antes de 2002.
El parlamento peruano aprobó el proyecto pese a que el martes, es decir dos días antes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) había requerido al Perú que “que a través de sus tres Poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú, a los que se hace referencia en las Sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta u otras iniciativas de ley similares, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de esos casos”.
El expresidente Alberto Fujimori fue sentenciado por los casos Barrios Altos y La Cantuta a 25 años de prisión por su participación como autor mediato de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves. Tras el pronunciamiento del martes de la Corte IDH, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriazén, dijo el miércoles en una conferencia de prensa que el Poder Ejecutivo coordinará una “respuesta conjunta” de los poderes del Estado a la resolución de la Corte que “afecta la soberanía del Perú”.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que agrupa a más de 70 organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos en Perú, señaló que “promueve la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos”, y agregó que rechazan esta ley y que exigen “justicia para todos los crímenes de lesa humanidad”.
El requerimiento de la Corte IDH ya había sido hecho a mediados de junio; aquella vez, se dirigió al parlamento que, en ese momento, tramitaba la aprobación del proyecto de ley de lesa humanidad. Entonces el Congreso dijo que rechaza “cualquier forma de intromisión nacional o extranjera en nuestras decisiones” y agregó que “el Congreso de la República, con total independencia y autonomía, y en las oportunidades que lo crea conveniente, tramitará los proyectos de ley dictaminados por las comisiones correspondientes”.
La norma aprobada en segunda votación este jueves aún debe ser enviada por el Congreso al Poder Ejecutivo para que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte la promulgue u observe. En caso de ser observada, el parlamento podría aprobarla por “insistencia”. Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, fue una de las bancadas en el Congreso que promovió la norma. La congresista Martha Moyano, de la misma agrupación política, dijo en el pleno, antes de la aprobación de la norma, que la misma “no pretende ser una amnistía como maliciosamente se ha insinuado” y que lo único que busca es aclarar que las normas “no se aplican retroactivamente”.