(CNN Español) – Amnistía Internacional señaló este jueves que la evidencia “apunta a la posible responsabilidad penal de la presidenta Dina Boluarte” sobre las muertes ocurridas durante las protestas realizadas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, de acuerdo con las conclusiones de un informe que la organización de defensora de derechos humanos presentó en Lima.
El reporte considera que esto se dio luego de que Boluarte asumió el cargo, según orden constitucional, tras la disolución inconstitucional del Congreso ordenada por el entonces presidente Pedro Castillo, hoy en prisión por este asunto. Las protestas ocurrían en el marco de esta crisis social y política.
Según la Defensoría del Pueblo, 67 personas murieron durante las protestas, 49 de ellas en enfrentamientos con fuerzas del orden.
Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional, dijo que por “decisiones y omisiones” durante los tres meses de protestas “Boluarte podría ser considerada como autora mediata por las graves violaciones de derechos cometidos durante las protestas”.
“Los cuatro requisitos para comprobar la autoría mediata que pone la Corte Suprema de Perú habrían sido cumplido en el caso de Dina Boluarte”, indicó Penman, quien agregó que queda en manos de las autoridades investigar estos hechos y determinar responsabilidades penales.
El Palacio de Gobierno de Perú dijo a CNN que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, comunicaría la reacción de la presidenta Boluarte al informe de Amnistía Internacional.
En enero 2023, la Fiscalía de Perú abrió una investigación contra la presidenta por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves en el marco de las manifestaciones que estallaron el 7 de diciembre de 2022 en el país. Boluarte ha pedido perdón por estas muertes públicamente, pero no ha aceptado responsabilidad alguna en las mismas.
La investigación de Amnistía
El informe de Amnistía Internacional, que lleva por título “¿Quién disparó la orden?” y subtitulado “Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protesta en Perú”, describe las decisiones que Boluarte presuntamente tomó o dejó de tomar como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía de Perú.
“(Boluarte) desoyó informes de inteligencia afirmando que las personas manifestantes no tenían vínculos con terroristas ni con criminales y que el número de personas en las calles no ameritaba el despliegue de las Fuerzas Armadas”, dijo la investigadora.
Penman afirmó que las decisiones de la presidenta, los ministros, los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía “tuvieron consecuencias letales”.
Según Amnistía, Boluarte “se reunió varias veces con los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía, lo que le dio múltiples oportunidades para condenar el uso ilegítimo generalizado de la fuerza y ordenar un cambio de táctica en terreno”.
La representante de la organización señaló que tienen pruebas de que la mandataria se reunió con los jefes militares y policíacos, por lo menos, los días 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de diciembre de 2022.
Amnistía Internacional también señala que se obtuvieron actas del Consejo de Ministros y que “durante todos esos meses encontramos que la presidenta de la República asistió, presidió 29 reuniones del Consejo de Ministros, algunas que duraron horas, y no tomó la oportunidad para ordenar cambio de táctica real durante todo ese tiempo”.
El informe citado durante la conferencia de prensa tiene más de 80 páginas. En la 59, la organización menciona que, a través de una solicitud de información, se obtuvo copias de las actas de las reuniones del gabinete presidencial celebradas entre el 12 de diciembre y el 1 de febrero. De las mismas, Amnistía Internacional concluye que Boluarte “en estas sesiones, excepto una, no hizo mención alguna a las muertes que se estaban produciendo” y que “el énfasis abrumador de las actas siguió siendo la protección de la propiedad frente al ‘vandalismo’”.
Señala que la “única excepción al silencio en las reuniones del gabinete en relación a las muertes durante las protestas se produjo el 21 de diciembre, el mismo día en que la presidenta había recibido a representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta reunión del gabinete, la presidenta pidió que la policía y el ejército solo utilizaran fuerza menos letal, con el fin de evitar más muertes”.
La organización señala que esta mención “es, sin duda, de importancia, y si hubiera estado acompañada de otros esfuerzos, como la exigencia de una rendición de cuentas hacia los policías y militares sospechados de la comisión de abusos, además de la prohibición total del uso de munición letal para dispersar las manifestaciones, podría constituir otra indicación contundente de un cambio de estrategia por parte de la presidenta”.
“Boluarte sabía lo que estaba pasando”, dijo Penman, quien señaló que también accedieron a “actas de consumo de munición del Ejército peruano”. Añadió que órdenes verbales determinaron que el día 15 de diciembre del 2022 “se dispararan por lo menos 1.200 balas en un solo día”.
El papel de la Fiscalía
Por su parte, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Ana Piquer, dijo que la investigación está, ante todo, dirigida a la Fiscalía, que resaltó como “pieza fundamental en esta la búsqueda de la justicia” y a la que pidió investigar a “toda la cadena de mando” y no solo a “mandos medios”.
Piquer indicó que esto obedeció a un “plan y de decisiones conscientes y deliberadas que se repitieron”.
“En definitiva, la presidenta Boluarte, sus ministros, los altos mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas, sabían, o por lo menos deberían haber sabido, qué estaba ocurriendo”, añadió.
Para Amnistía, las investigaciones “sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas avanzan lentamente” y los fiscales “parecen haber llevado a cabo investigaciones superficiales hasta el momento”.
Al respecto, Penman respondió a pregunta de CNN que a veces la verdad duele y es incómoda para un país que “no quiere ver profundas heridas que hay, profundo racismo”.
“Quizás no se quiere buscar la verdad porque podría haber habido intencionalidad detrás. Amnistía Internacional no hace acusaciones penales, simplemente colocamos posibles caminos para la investigación”, abundó.
Una fuente de la Fiscalía dijo a CNN que no habría un pronunciamiento de la institución sobre el informe de Amnistía, y que el caso de la presidenta en relación al caso de las protestas sociales “está siendo revisado en su etapa final por el fiscal de la Nación, y que los primeros días de agosto se tendrá una decisión al respecto”.
Familiares de deudos
Familiares de víctimas de los hechos de 2022-2023, cuyos casos se investigan por la Fiscalía como parte del expediente en torno a Boluarte, fueron invitados a participar en la conferencia.
“Yo vi en los videos cómo masacraron a mi hermano, porque una vez que ya le habían disparado, porque a él le disparan por la espalda, mi hermano ni siquiera estaba en la protesta. Este gobierno no puede decir que han ido porque eran vándalos, ya basta de decirnos vándalos, a nadie se la ha probado y mucho menos que son terroristas, porque es fácil saber quiénes fallecieron, ninguno tiene antecedentes”, dijo Yovana Mendoza, hermana de John Henry Mendoza, uno de los muertos durante las protestas.