(CNN) – El máximo tribunal de las Naciones Unidas dijo este viernes en una opinión consultiva que la ocupación israelí de la Ribera Occidental y de Jerusalén Este es ilegal, en una opinión sin precedentes que pide a Israel que ponga fin a su ocupación de décadas en los territorios reclamados por los palestinos para un futuro Estado.
La opinión consultiva, aunque no es vinculante, representa la primera vez que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) expresa su opinión sobre la legalidad de la presencia de Israel en los territorios que capturó en la guerra de 1967.
Una opinión consultiva no es jurídicamente vinculante, pero implica autoridad moral y puede dar forma al derecho internacional, según la CIJ. La opinión de este viernes provocó la condena de los líderes israelíes y elogios de los funcionarios palestinos.
En su amplio fallo, la CIJ examinó una lista de prácticas israelíes que, según dijo, violaban el derecho internacional, incluida la confiscación de tierras, la construcción de asentamientos israelíes en los territorios y la privación de los recursos naturales y el derecho a la autodeterminación de los palestinos. El tribunal pidió a Israel que pusiera fin a las nuevas actividades de asentamiento, evacuara a los colonos y reparara los daños causados.
“El abuso sostenido por parte de Israel de su posición como potencia ocupante, mediante la anexión y la afirmación de un control permanente sobre el territorio palestino ocupado y la continua frustración del derecho del pueblo palestino a la libre determinación, viola principios fundamentales del derecho internacional y convierte la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado en ilegal”, decía el dictamen.
El juez Nawaf Salam, presidente de la CIJ, con sede en La Haya, Países Bajos, dijo que el tribunal observó que “la confiscación de tierras a gran escala y la degradación del acceso a los recursos naturales despojan a la población local de sus medios básicos de subsistencia, induciendo así su partida”, y dijo que los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental y Jerusalén Este están “en violación del derecho internacional”.
El tribunal también concluyó que la declaración de Jerusalén como capital de Israel ayudó a “afianzar el control de Israel sobre el territorio palestino ocupado”.
Durante la guerra de 1967, Israel capturó la Ribera Occidental, Jerusalén Este, Gaza y los Altos del Golán de manos de los estados árabes vecinos. Poco después comenzó a establecer asentamientos judíos en esos territorios.
Los palestinos quieren la Ribera Occidental y Gaza para un futuro Estado, con Jerusalén Este como su capital. Israel considera a la totalidad de Jerusalén como su “capital eterna”.
En su opinión, el tribunal concluyó que todos los estados y organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, tienen la obligación de “no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal del Estado de Israel en el territorio palestino ocupado”.
El caso es anterior a la actual guerra entre Israel y Hamas y surge de una solicitud de una opinión consultiva en 2022 por parte de la Asamblea General de la ONU. A los 15 jueces del tribunal se les pidió que consideraran “las consecuencias legales que surgen de la continua violación por parte de Israel del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, de su prolongada de ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967”.
También es independiente del procedimiento de la CIJ celebrado en enero por una acusación de Sudáfrica de que Israel estaba cometiendo genocidio en su guerra contra Hamas tras los ataques del 7 de octubre, una afirmación que Israel ha negado con vehemencia.
“Decisión falsa”
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y otros políticos, rechazaron la opinión.
“El pueblo judío no es un conquistador en su propia tierra”, dijo Netanyahu en un comunicado. “Ni en nuestra capital eterna, Jerusalén, ni en la tierra de nuestros antepasados en Judea y Samaria”, en referencia a la ocupada Ribera Occidental.
“Ninguna decisión falsa en La Haya distorsionará esta verdad histórica, del mismo modo que no se puede cuestionar la legalidad de los asentamientos israelíes en todos los territorios de nuestra patria”, dijo el primer ministro.
El ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, también condenó la opinión consultiva de la CIJ, calificándola de “fundamentalmente deformada, unilateral y errónea”.
El ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, un colono, también se pronunció en contra del tribunal. “La respuesta a La Haya: soberanía ahora”, dijo Smotrich en X, un llamado a Israel para anexar la Ribera Occidental.
El Gobierno Autónomo Palestino, por su parte, acogió con satisfacción la opinión, calificándola de “un momento decisivo para Palestina, para la justicia y para el derecho internacional”.
La opinión “no podría ser más oportuna ni más necesaria”, dijo el Gobierno Autónomo Palestino en un comunicado, añadiendo que “es una reivindicación de su firmeza y perseverancia”. El Gobierno Autónomo también instó a todos los estados y a la ONU a no reconocer la legalidad de los asentamientos y a “no hacer nada para ayudar a Israel a mantener esta situación ilegal”.
Implicancias de la opinión de la CIJ
Si bien la CIJ ya ha emitido opiniones consultivas sobre la presencia de Israel en la Ribera Occidental, el anuncio de este viernes va un paso más allá, dijeron algunos expertos.
En 2004, la CIJ emitió una opinión consultiva sobre la barrera de separación israelí en torno a la mayor parte de la Ribera Occidental, instando a Israel a retirarla de las tierras ocupadas. La opinión no vinculante determinó que Israel estaba obligado a devolver las tierras confiscadas o a reparar cualquier destrucción o daño a hogares, negocios y granjas causado por la construcción de la barrera.
“Si la opinión de 2004 sostenía que Israel tenía que desmantelar el muro, o al menos las partes del mismo que invaden la Ribera Occidental, (la opinión del viernes) sostiene que Israel tiene que retirarse lo más rápido posible de los territorios ocupados”, dijo a CNN Eliav Lieblich, un profesor de derecho internacional en la Universidad de Tel Aviv.
“Esa es una diferencia importante: no la legalidad de los acuerdos per se, sino las implicaciones de los acuerdos y toda la práctica que los rodea”, dijo Lieblich.
Si bien las opiniones de la CIJ no son vinculantes, se perciben como “declaraciones muy autorizadas del derecho internacional tal como están”, dijo, añadiendo que pueden tener un impacto en las organizaciones internacionales que llevan esta opinión a los tribunales nacionales, exigiendo, por ejemplo, que los países individuales se abstengan de exportar armas que puedan ser utilizadas en los territorios ocupados.
Esta historia se ha actualizado con desarrollos y contexto adicionales.
Kareem Khadder, Tim Lister y Lauren Izso de CNN contribuyeron a este informe.