(CNN Español) – El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, rechazó este jueves el informe de la organización no gubernamental Amnistía Internacional que señala que la presidenta Dina Boluarte podría ser considerada “autora mediata” de las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023.
“La ONG en cuestión, que ha presentado un informe, no hace sino ratificar a través de este el sesgo político con el que fue elaborado el informe del año pasado donde se habló de racismo letal”, dijo en referencia a otro reporte de Amnistía Internacional.
“De manera indebida y absolutamente inconsecuente se le pretende atribuir a la señora presidenta de la República una responsabilidad mediata de los lamentables hechos ocurridos en las protestas (…) No aceptamos que se siga instrumentalizando esos hechos con fines políticos”, agregó tras reunirse con autoridades de comunidades de Satipo.
Las declaraciones de Adrianzén son la respuesta del Gobierno de Perú al informe publicado este jueves. El documento indica que, tras analizar la actuación de Boluarte durante las protestas de 2022 y 2023 incluidas varias actas del Consejo de Ministros, se le podrían atribuir responsabilidades penales por las muertes de ese período, pues sabía cómo estaban actuando las fuerzas del orden y no impidió que cometieran excesos. Entonces, según la Defensoría del Pueblo, 67 personas murieron durante las protestas, 49 de ellas en enfrentamientos con fuerzas del orden.
En enero 2023, la Fiscalía de Perú abrió una investigación contra la presidenta por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves en el marco de las manifestaciones que estallaron el 7 de diciembre de 2022 en el país, tras el arresto de Pedro Castillo por la disolución inconstitucional del Congreso ordenada por él, entonces presidente. Boluarte ha pedido perdón por estas muertes públicamente, pero no ha aceptado responsabilidad alguna en las mismas.