(CNN Español) – En una escueta nota de prensa, el Gobierno de Nicaragua confirmó la salida de siete sacerdotes hacia Roma este miércoles, lo que según organizaciones de defensa de los derechos humanos como el Colectivo Nicaragua Nunca Más, se trata del “destierro” de curas que habían sido detenidos de forma “arbitraria e inconstitucional” por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El Gobierno confirmó la salida de los religiosos en una nota publicada el jueves en el medio oficial El 19, señalando que ya habían llegado a Roma y “han sido recibidos por la Santa Sede”.
La declaración no ofreció más detalles, pero generó las reacciones de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación independientes de Nicaragua, que han denunciado represión y asedio contra religiosos católicos, sobre todo desde 2022.
El Colectivo Nicaragua Nunca Más condenó la acción, catalogándola de “un acto que representa una alarmante violación de la libertad religiosa y de derechos humanos en Nicaragua”, dijo en un comunicado.
La organización asegura que en menos de dos años se han registrado “51 personas religiosas desterradas”, incluyendo a monseñor Rolando Álvarez, y hacen un llamado al respeto pleno de la dignidad. “La fe no debería ser motivo de persecución, y hoy nos unimos en solidaridad con aquellos religiosos nicaragüenses que han sido forzados a abandonar su hogar y su misión”, dice el Colectivo.
La organización señala que la lista es más grande, pero que unos se van al exilio por decisión propia y por sus medios, denunciando asedio y persecución y “otros son desplazados, desterrados por el mismo régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sin otra opción, como el caso de estos sacerdotes”, aseguran.
Los sacerdotes que llegaron a Roma son Víctor Godoy, Jairo Pravia, Silvio Romero, Edgar Sacasa, Harvin Torres, Ulises Vega y Marlon Velázquez, según reporta Vatican News, el portal de información de la Santa Sede. El mismo medio informó que los presbíteros pertenecen a las diócesis de Matagalpa y Estelí, y que estaban detenidos en el Seminario Nuestra Señora de Fátima de Managua.
CNN intentó contactar telefónicamente y a través de correo electrónico a la Cancillería nicaragüense para conocer más detalles de la salida de los religiosos y sus reacciones a las denuncias. Aún no obtuvo respuesta.
Religiosos exiliados en Costa Rica
El sacerdote nicaragüense Harving Padilla vive hace 10 meses en Costa Rica y dice que con el apoyo de la Iglesia católica costarricense desarrolla su vida sacerdotal en una parroquia en el centro de San José, la capital.
Padilla sostiene que los religiosos son víctimas de persecución en Nicaragua, por lo que alrededor de 200, entre curas y monjas de diferentes órdenes, se han visto obligados a salir del país, y que muchos no hacen público su exilio por temor a represalias. “Tuve que salir por el bienestar de la comunidad que yo tenía a mi cargo, porque era tanto el asedio que uno sufría constantemente, que ni la comunidad ni uno vivía en paz”, asegura el sacerdote.
El cura agregó que en Nicaragua no hay libertad religiosa y que es triste ver que las autoridades eclesiásticas del país “entregan a los sacerdotes sin ningún temor, sin ninguna defensa, haciendo pensar que es complicidad más que prudencia”. CNN buscó la reacción de la Arquidiócesis de Managua vía telefónica, pero no respondieron nuestras llamadas.
Padilla dijo a CNN que el Gobierno de Daniel Ortega considera que son “golpistas”, lo que no tiene sentido. “Lo confunde, lo pasa a una retórica de que nosotros somos golpistas, de que nosotros somos permisivos o somos actores, lo que es totalmente falso, porque es un levantamiento del pueblo de tanta injusticia que reciben a diario, porque Nicaragua no es un país libre”, enfatizó el religioso.
A la salida de religiosos de Nicaragua se suma también la de activistas y periodistas.
Entre enero y junio de este año se han registrado 8.978 solicitudes de refugio de nicaragüenses en Costa Rica, según la dirección de Migración de este país. En 2023, la cifra alcanzó 28.469 y en 2022 llegó a 80.028 solicitudes.
*Verónica Calderón y Javier Romero colaboraron con este reporte.