(CNN Español) – Tanto la ONU como la Corte Penal Internacional (CPI) están siguiendo muy de cerca la situación de los derechos humanos en Venezuela, de acuerdo con sendos comunicados publicados este lunes.
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU exigió al Gobierno de Nicolás Maduro “detenga inmediatamente la represión que está conmocionando al país desde la elección presidencial del 28 de julio” y que “investigue a fondo la avalancha de graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo” en el país sudamericano.
Las denuncias contra la feroz actuación de las fuerzas de seguridad y organismos paraestatales en Venezuela se han acrecentado desde que el Consejo Nacional Electoral, sin dar los resultados detallados, proclamó como ganador de los comicios a Maduro.
El organismo denuncia que desde entonces en el país “hay un clima de temor generalizado”, caracterizado por detenciones producidas después de las protestas o por expresar opiniones en redes sociales, y dice que ha documentado 23 muertes, la gran mayoría por disparos de armas de fuego, y la detención de 1.260 personas -entre ellas 160 mujeres y más de 100 niños, niñas y adolescentes- que han sido “calificadas de manera indiscriminada como terroristas”, detalló el comunicado.
Pero la semana pasada Maduro anunció que había más de 2.200 detenidos en relación con estas manifestaciones
Para el organismo de la ONU, hay características comunes en estas detenciones que las convierten en arbitrarias, como las “audiencias telemáticas sumarias, llevadas a cabo por los tribunales con competencia en terrorismo de Caracas, aunque los hechos hubieran ocurrido en otro lugar; la imputación de graves cargos penales como terrorismo, conspiración y delitos de odio, sin una base probatoria que lo fundamente o aplicados de forma desproporcionada; la negación de información a familiares o información tardía e incompleta; o los impedimentos para el nombramiento de abogados de confianza de las personas detenidas”.
Tal como informó CNN, entre los detenidos figuran líderes y dirigentes opositores, activistas de derechos humanos y periodistas. Algunas de estas detenciones fueron transmitidas en vivo por las personas que luego resultaron arrestadas
“La Misión continúa su proceso de documentación, análisis, verificación e investigación de las violaciones a los derechos en la República Bolivariana de Venezuela, y exige que la represión desatada desde el 28 de julio se detenga de inmediato”, concluye el comunicado.
El viernes Maduro desestimó el trabajo de la Misión, que tiene un mandato hasta septiembre de 2024 para trabajar en Venezuela. “No conocen nuestro ordenamiento jurídico”, explicó.
CPI monitorea activamente la situación
Por su parte, la CPI informó que monitorea “activamente” la situación en Venezuela.
En un comunicado enviado a periodistas la oficina del Fiscal de la CPI, Karim Khan, dijo que está “siguiendo activamente los acontecimientos actuales y ha recibido múltiples informes de casos de violencia y otras acusaciones tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela”.
La nota destaca que están en contacto con el gobierno de Venezuela, al que han manifestado la importancia de “garantizar que se respete el estado de derecho en el momento actual y enfatizar que todas las personas deben ser protegidas de violaciones que puedan constituir Crímenes del Estatuto de Roma”.