(CNN Español) – En las últimas semanas, varias organizaciones no gubernamentales en Venezuela han reportado abusos contra la prensa en la cobertura del controvertido proceso electoral, incluyendo acusaciones infundadas de terrorismo contra periodistas. También, numerosos miembros de partidos políticos han sido arrestados, intensificando lo que llaman la represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que —dicen— ha superado otras escaladas represivas de la última década, las cuales ya son objeto de investigación por organismos internacionales por posibles crímenes de lesa humanidad.
Entre las detenciones de alto perfil se encuentran la del exgobernador del estado Mérida y dirigente de Acción Democrática (AD), Williams Dávila Barrios; el exdiputado opositor Américo De Grazia; y María Oropeza, coordinadora del Comando con Venezuela en Portuguesa, quien transmitió en vivo el momento en que las fuerzas de seguridad irrumpieron en su domicilio. Días antes, según un video difundido por su partido en redes sociales, varias personas vestidas de negro se llevaron por la fuerza al dirigente de Voluntad Popular Freddy Superlano.
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Tras la votación y la proclamación del Consejo Nacional Electoral, que declaró a Nicolás Maduro como ganador frente al candidato opositor Edmundo González Urrutia sin divulgar los resultados detallados y desglosados, se desataron numerosas protestas y varios opositores fueron encarcelados bajo lo que se ha denominado informalmente “operación Tun Tun”, que también afecta a la ciudadanía en general.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció el uso ilegal y arbitrario de leyes antiterrorismo contra cuatro periodistas que fueron detenidos mientras cubrían las protestas por los resultados electorales divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Según el sindicato, se les ha impedido acceder a una defensa independiente.
Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Prensa de Venezuela, denuncia que los periodistas han enfrentado detenciones y múltiples obstáculos para el ejercicio de su profesión luego de las elecciones.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha instado a las autoridades venezolanas a retirar los cargos de terrorismo contra los periodistas detenidos tras las elecciones presidenciales.
La asociación civil Espacio Público ha documentado al menos 16 casos de periodistas con pasaportes anulados, además de una serie de afectaciones a la sociedad civil. Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de prensa ofrece más datos al respecto.
CNN solicitó a la Fiscalía General de Venezuela más información sobre estos casos y está a la espera de una respuesta. El fiscal general Tarek William Saab ha afirmado en repetidas ocasiones que a todos los detenidos en el país se les respeta el debido proceso y el derecho a la defensa, sin refutar en detalle las acusaciones en contrario.
El diputado Diosdado Cabello, una de las figuras prominentes del chavismo, respondió a las declaraciones del Gobierno de Estados Unidos, que expresó preocupación por la detención y persecución de periodistas en Venezuela. “No son periodistas, son agentes de la CIA que trabajan para ellos. Son agentes de la CIA, metidos en la conspiración. Estaban preparados”, declaró Cabello, sin presentar evidencia que respalde sus afirmaciones.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas advirtió sobre las detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza en un comunicado publicado este martes.
“El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó el martes su profunda preocupación por el elevado y continuo número de detenciones arbitrarias, así como por el uso desproporcionado de la fuerza que se ha registrado tras las elecciones presidenciales en Venezuela, y el clima de miedo resultante”, describe el texto del organismo.
Con información de Mary Triny Mena y Gonzalo Zegarra. Gráfico de Jhasua Razo.