(CNN) – Un grupo de fiscales generales republicanos demandó al Gobierno de Biden por una iniciativa federal para ampliar el acceso al censo electoral.
La demanda se refiere a un decreto emitido por el presidente Joe Biden en marzo de 2021 que ordenaba a los directores de todas las agencias federales que presentaran propuestas para que sus respectivas agencias promovieran el registro y la participación de los votantes a través de diversos puntos de contacto con el público. El presidente emitió el decreto cuando las cámaras estatales dirigidas por el Partido Republicano impulsaban leyes de supresión de votantes tras las elecciones de 2020.
El nuevo ataque a un decreto de hace tres años y medio subraya los planes republicanos de hacer escrutinio antes de las elecciones de noviembre a las medidas que los demócratas tomaron para facilitar el voto, en particular después de las últimas elecciones presidenciales, en las que los esfuerzos para facilitar el voto durante la pandemia de covid-19 se convirtieron en un punto crítico.
Los nueve fiscales generales republicanos que presentaron la demanda ante un tribunal federal argumentan que Biden se extralimitó en sus funciones cuando emitió la directiva, que según ellos también viola la Constitución de EE.UU. y “socava los sistemas de registro de votantes establecidos por los Estados”.
“A través del decreto 14019”, argumentan los estados, “el presidente Biden ha intentado convertir la burocracia federal en una organización de registro de votantes y convertir cada interacción entre un burócrata federal y un miembro del público en una campaña de registro de votantes”.
Los estados también afirman que el decreto “estaba motivado por un deseo partidista de aumentar injustamente el voto demócrata”. Argumentan que el decreto y su aplicación les ha causado “perjuicios al bolsillo, perjuicios procesales y perjuicios a los intereses soberanos de los Estados” al pisotear supuestamente su propia “capacidad para regular el registro de votantes”.
La demanda apunta a algunos de los diferentes organismos que han aplicado la directiva, entre ellos el Departamento del Tesoro, que tenía previsto “incluir información sobre el registro y la participación electoral en sus campañas de depósito directo para los estadounidenses que reciben pagos de la Seguridad Social, Asuntos de Veteranos y otras prestaciones federales”, según una hoja informativa de la Casa Blanca de 2021.
Otras iniciativas mencionadas en la demanda incluyen una del Servicio de Vivienda Rural del Departamento de Agricultura, que, según la hoja informativa de 2021, “fomentará el suministro de información no partidista sobre los votantes a través de sus prestatarios y prestamistas garantizados”.
Los estados que pesentaron la demanda son Montana, Kansas, Iowa, Dakota del Sur, Mississippi, Nebraska, Dakota del Norte, Oklahoma y Carolina del Sur.
El caso se asignó al juez de distrito estadounidense Daniel Crabtree, nombrado por el expresidente Barack Obama.
CNN se puso en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios sobre la demanda.
Cuando el decreto se anunció por primera vez, un funcionario del Gobierno de Biden dijo a los periodistas que, entre las agencias federales, “muchas de ellas tienen huellas en todo el país, con oficinas a las que la gente, fuera del contexto de una pandemia, podría entrar y buscar servicios particulares”.
“Queremos asegurarnos de que podemos maximizar el uso de ese tipo de servicio sin cita previa y hacer que sean lugares donde la gente también pueda registrarse para votar, el objetivo es hacer que el registro para votar y el acceso a la votación sea lo más fácil posible”, dijo el funcionario.
La demanda de este martes no es el primer desafío legal al decreto de Biden. Otra demanda presentada por legisladores del estado de Pensilvania fue desestimada por un juez federal a principios de este año. Los demandantes en ese caso pidieron a la Corte Suprema de EE.UU. que reactive su demanda.