(CNN Español) – El Gobierno de Estados Unidos condenó, el miércoles, la detención de Ligia Hernández, directora del Instituto de la Víctima y exdiputada por el Movimiento Semilla, partido con el que Bernardo Arévalo ganó la presidencia.
“Condenamos enérgicamente el arresto de Ligia Hernández, un ejemplo flagrante de la continua instrumentalización del sistema judicial por parte del Ministerio Público de Guatemala”, escribió en X Bryan Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos.
El Ministerio Público respondió en la misma red social a la publicación de Nichols calificándola como un intento de interferencia en las funciones.
“No solo es antidemocrático sino atenta contra los derechos de las víctimas que denuncian ante el Ministerio Público. Le invitamos a respetar las leyes guatemaltecas y las funciones que la Constitución otorga a cada institución, solo así se fortalece el estado de Derecho y la democracia”, dice el mensaje.
Hernández fue detenida el martes por la supuesta participación en el delito de financiamiento ilícito del partido Semilla, según informó el Ministerio Público. De este caso no se tienen detalles porque está bajo reserva judicial y sólo las partes vinculadas al proceso tienen acceso al expediente y no pueden revelar detalles.
“Por más que quieran criminalizarme yo no les tengo miedo”, dijo Hernández en un mensaje difundido en X en el que calificó de intento “desesperado” de evitar que el gobierno combata la corrupción. La directora del Instituto de la Víctima agregó que enfrentará la justicia para demostrar su inocencia. “O gana el Ministerio Público o gana Guatemala”, agregó.
De acuerdo con Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, tres personas ya fueron condenadas en este caso tras aceptar los cargos.
CNN intenta obtener más información de parte del Ministerio Público y comentarios del Gobierno de Bernardo Arévalo.
El Ministerio Público, dirigido por Consuelo Porras, y el presidente de Guatemala mantienen una fuerte disputa. La Fiscalía ha intentado procesar penalmente a Arévalo por delitos como lavado de dinero y uso de documentos falsos, acusaciones que el mandatario ha rechazado.
Por su parte, Arévalo acusó a Porras de promover un golpe de Estado al intentar evitar en 2023 que asumiera el poder tras ganar las elecciones en segunda vuelta. Ya como mandatario, ha solicitado en mayo, sin éxito, su renuncia en varias ocasiones y pedido al Congreso reformar la ley orgánica del Ministerio Público para destituirla del cargo.