(CNN Español) – En medio de la crisis poselectoral, Venezuela se alista al inminente debate de una reforma en la materia que el oficialismo anunció, pero que por ahora no ha sido ampliada ni explicada a profundidad. Sin embargo, su finalidad quedó clara.
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“Propongo que nosotros hagamos una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más un extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela”, dijo este martes el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez en una sesión ordinaria.
Lo que sí hizo el legislador, uno de los más importantes voceros del chavismo, fue criticar la labor de observadores internacionales como el Centro Carter y la Misión del Panel de Observadores de las Naciones Unidas, a quienes calificó de “basura”.
Rodríguez respondía así a los cuestionamientos de las organizaciones que visitaron Venezuela el mes pasado y que siguieron de cerca el proceso electoral. Estas dos organizaciones fueron invitadas a presenciar las elecciones presidenciales, como parte de un acuerdo político entre oposición y el gobierno, conocido como el acuerdo de Barbados. Rodríguez fue uno de los firmantes de ese acuerdo representando al Gobierno de Venezuela. A la Unión Europea, que también había sido invitada, se le retiró la invitación solo semanas previas a la votación.
Lo mismo ocurrió con un grupo de expresidentes latinoamericanos que intentaron llegar a Venezuela días antes de las elecciones presidenciales para observar el proceso. Su arribo al país fue impedido cuando el vuelo en el cual viajaban desde Panamá fue retrasado, según denunció el mandatario panameño. “No cualquiera puede entrar a Venezuela”, dijo la vicepresidenta Delcy Rodriguez en ese momento.
En medio de la controversia por los resultados ―anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que dieron como ganador a Nicolás Maduro, pero sin ofrecerlos desglosados por mesa o centro de votación―, estos expertos electorales afirmaron que los datos ofrecidos no cumplen con los estándares internacionales de integridad electoral para considerarse elecciones creíbles.
El presidente de la Asamblea Nacional dijo que los observadores violaron el acuerdo de confidencialidad que habían firmado, por lo que planteó a los diputados (en su mayoría, oficialistas) reformar las leyes electorales que restringirían aún más la participación de organizaciones internacionales dedicadas a observar y reportar comicios.
El Consejo Nacional Electoral repudió la publicación del informe preliminar del panel de expertos de la ONU, tras asegurar que se trató de un informe plagado de “mentiras y contradicciones”. Los rectores dicen que el panel de expertos violó las reglas establecidas por la ONU en cuanto a las competencias de las misiones de observación electoral. “Los paneles de expertos electorales no emiten declaraciones públicas”, dice un comunicado difundido por el Poder Electoral.
¿Cuáles son las leyes vigentes en relación con los observadores?
Desde 2006, el Reglamento de la Ley de Procesos Electorales de Venezuela y las normas del CNE limitan la presencia de misiones de observación. En octubre de ese año, el CNE aprobó normas especiales para regir la observación internacional de la elección presidencial celebrada entonces. Y hasta 2021, Venezuela no recibió misiones formales de observación. Se comenzó a hablar en ese momento de “acompañamiento”, cambiando no sólo la denominación, sino también las actividades que podían realizar los representantes que visitaban el país.
Una misión formal de observación está presente antes, durante y después del proceso. Luego, ofrece un informe con la información recopilada. La Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones de las Naciones Unidas (2005) dice que para que una misión de ese tipo pueda realizar su labor de manera eficaz es necesario que el país “garantice el acceso sin trabas de la misión internacional de observación de elecciones a todas las etapas del proceso electoral”.
El director de Votoscopio ―organización dedicada a la difusión de temas electorales―, Eugenio Martínez, le explicó a CNN las particularidades de esos ejercicios en Venezuela.
“La diferencia básica entre una misión de observación y una misión de acompañamiento, en la normativa del CNE, es que la misión de acompañamiento tiene un despliegue mucho más limitado, tiene restricciones de movilización, tiene restricciones para hacer públicos los informes, etc. En 2021, la presencia de la misión de observación de la Unión Europea y del panel de expertos de las Naciones Unidas fue posible porque firmaron memorándums especiales de entendimiento con el Consejo Nacional Electoral que les permitían realizar actividades de observación electoral”, dijo.
En 2012, el Centro Carter declinó la invitación del Poder Electoral venezolano.
“El propósito del acompañamiento es el de invitar a individuos extranjeros a observar las actividades relativas al día de la votación mediante una presencia política mayormente simbólica, mientras que el propósito de la observación es el de invitar a organizaciones internacionales a evaluar el proceso electoral en su conjunto de manera sistemática”, argumentó entonces.
El artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (2002) establece como competencia exclusiva del CNE acreditar a los observadores nacionales o internacionales en los procesos electorales, referendos y otras consultas nacionales.
Con el paso de los años, la figura en Venezuela pasaría a formalizarse en la ley como veedores, misma que se mantiene vigente.
En octubre de 2020, la Gaceta Electoral de Venezuela publicó una resolución que describe las actividades a las cuales están sujetos los veedores internacionales, que incluyen la prohibición de emitir opiniones sobre asuntos internos de Venezuela y la difusión de resultados parciales o totales. También establece que los veedores deben ser invitados por el Consejo Nacional Electoral y debidamente acreditados, mantener confidencialidad en las conversaciones con las autoridades, ajustarse al plan de veeduría internacional previsto por el Poder Electoral y concluir sus actividades con un informe confidencial.
Como experto electoral, Martínez considera que la venidera propuesta de Rodríguez “puede hacer aún más restrictiva la presencia de veedores”.
“En líneas generales, ya la legislación electoral que hay en Venezuela no permite la presencia de misiones de observación, salvo que se hagan acuerdos específicos que garanticen el despliegue de misiones de observaciones que fue lo que ocurrió en 2021 con la Unión Europea”, recordó.
Tanto el Centro Carter como el Panel de expertos de la ONU llegaron a Venezuela tras la firma de memorándums de entendimiento donde se establecieron actividades, parámetros y alcance de sus funciones.